Además de Doña Juana, preocupa el manejo de seis rellenos sanitarios

Contraloría aseguró que urge una revisión de la política del manejo de residuos sólidos en el país.

04.05.2020 21:58 Actualizado: 05.05.2020 10:54

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Hace una semana, el relleno sanitario Doña Juana, ubicado en el sur de Bogotá, tuvo un deslizamiento de entre 80.000 y 100.000 toneladas de residuos sólidos, lo que encendió las alertas sobre el manejo de este depósito de basuras.

Al evaluar la situación, la Contraloría General advirtió ayer que el operador de este relleno –al que cada día llegan cerca de 6.800 toneladas de residuos sólidos, y que según este organismo es el más grande de Colombia y uno de los más grandes del mundo– no cumplió con su deber de reportar la inestabilidad geotécnica que sufría y que concluyó en el deslizamiento.

Aunque fuentes del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR), operador del relleno, le dijeron a EL TIEMPO que ellos sí reportaron a su interventor que estaban sufriendo una disminución de lixiviados, que es el líquido que sale de la basura, la Contraloría asegura que la información no se conoció a tiempo.

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Esa fue la razón por la cual les pidió ayer a CGR, a la Anla, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) que precisen con urgencia cuál es la condición de estabilidad de este vertedero, cuyo plan de contingencia, según el organismo de control, presenta debilidades.

Por ejemplo, dice la entidad, en auditorías pasadas se encontró que no está clara cuál es la vida útil del relleno, pues si bien la Anla creía que iba hasta el 2022 –cuando se superara su tope–, en el 2018 se emitió una resolución sobre la actualización tarifaria que prolongó esa operación hasta el 2028, y dejó el cierre y la clausura hasta el 2037.

En las investigaciones pasadas del organismo de control, además, se evidenció que CGR habría incumplido con las obligaciones de su licencia ambiental, los planes en el manejo de lixiviados y gases, los parámetros de vertimientos y controles de misiones atmosféricas.

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Incluso, desde una investigación del 2017, la Contraloría asegura que evidenció que el relleno tenía problemas de inestabilidad en la masa de residuos que había sido dispuesta de forma definitiva.

Aunque el caso de Doña Juana encendió las alertas, no es el único que preocupa a la Contraloría General, que desde hace tres años viene advirtiendo que hay varios rellenos en el país cuya vida útil y capacidad se está viendo colapsada, además de presuntos malos manejos ambientales y istrativos.

Es por ello que el organismo advirtió que “se requieren cambios estructurales en la política nacional de manejo de residuos sólidos”, con el fin de atender los daños ambientales por el manejo de las basuras.

EL TIEMPO conoció un informe en el que esta institución les hace seguimiento a rellenos como El Guabal (Valle del Cauca), Palanga (Santa Marta), El Carrasco (Bucaramanga), Rediba (Barrancabermeja), Magic Garden (San Andrés Islas) y Pradera (Medellín), en los que encontró problemas.

En el caso del Valle, la Contraloría detectó debilidades como que no tenían canales para el manejo de aguas lluvias, o que el operador hizo cambios sobre las lagunas de almacenamiento de lixiviados sin haber presentado estudios previos. Además, se encontró que se habían realizado excavaciones y extracción de tierras en un área en la que no se tenía licencia.

También se había dispuesto material de residuo cerca de la quebrada El Espinal, que no estaba bien perfilada, lo que pudo ocasionar riesgo de derrumbe.

Relleno sanitario Parque Ambiental La Pradera (Antioquia): Desde 2003, el relleno sanitario La Pradera es el lugar donde se depositan los residuos sólidos de la capital antioqueña y el área metropolitana del Valle de Aburrá. El relleno sanitario está ubicado en el municipio de Donmatías, en Antioquia, y es el relleno sanitario más grande del departamento. Foto:Diana Sánchez / Archivo EL TIEMPO

En Santa Marta, la Contraloría evidenció, por ejemplo, que no había un proceso de humectación eficiente sobre el material particulado. También, que había deficiencias en el perfilamiento de los taludes y que el sistema de drenaje de aguas lluvias tenía deficiencias.

De otro lado, el vertedero, según el informe del organismo, no hace una clasificación de residuos aprovechables y no aprovechables.

En San Andrés, además de problemas similares a los de Santa Marta, se encontró que hay escurrimientos laterales de lixiviados, incluso algunos que se mezclan con aguas lluvias y podrían llegar al mar.

Y en Bucaramanga, la Contraloría asegura que se encontraron en ese vertedero inundaciones que afectan la quebrada El Carrasco, y el taponamiento de su cauce con talud del relleno. Asimismo, preocupa la estabilidad de uno de los diques de contención del vertedero.

Los líos en este relleno llevaron a que se ordenara su clausura en el 2019 y en enero de este año se anunciara que se crearía una nueva entidad para que operara el depósito de basuras.

En el relleno de Barrancabermeja se han hecho graves advertencias, como la de su cercanía a manantiales y fuentes hídricas para el consumo humano, las cuales estarían siendo contaminadas por los malos manejos de los residuos sólidos.

A las advertencias del organismo fiscal sobre los presuntos incumplimientos de la licencia ambiental se suman las denuncias de ambientalistas y concejales del municipio que han pedido la clausura de Rediba, afirmando que este depósito pone en riesgo la salud de la comunidad y al medioambiente.

En Bucaramanga, el relleno sanitario El Carrasco se encuentra localizado en la zona suroccidental de la ciudad. Durante años ha presentado una serie de problemáticas ambientales que lo han tenido en la mira de los gobiernos locales y departamentales. Foto:Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Otro dato que preocupa, dice el informe de la Contraloría, es que en auditorías de los últimos años se encontró que de 98 rellenos sanitarios, solo el 25 por ciento entregó información (en todo caso incompleta) sobre sus planes para el cierre, clausura y posclausura.

En todos estos casos, como en el de Doña Juana, según le explicó a EL TIEMPO la contralora delegada para el Medioambiente, Walfa Téllez, lo que está haciendo el organismo de control es evidenciar hallazgos de forma preventiva –con las nuevas facultades que se le dio a la Contraloría con la reforma del control fiscal– para evitar afectaciones.

Téllez asegura que preocupa que hay varios rellenos que no tienen una licencia ambiental, otros han ido postergando su vida útil con emergencias sanitarias, pero sin planes adecuados de manejo, situación que se hace más grave debido a la emergencia y los retos que plantea el nuevo coronavirus respecto al manejo de residuos de riesgo biológico.

‘Cambios se le reportaron al interventor’: operador de Doña Juana

Fuentes de CGR, el operador del relleno Doña Juana, le dijeron a EL TIEMPO que la Contraloría aún no les ha hecho llegar ningún requerimiento formal.

También afirman que desconocen a qué tipo de ocultamiento de información geotécnica se refiere el organismo de control, ya que, aseguran las fuentes de CGR, ellos han cumplido con entregarle de forma automática los datos que tienen a la interventoría.

Según las fuentes, en los días previos al deslizamiento hubo una disminución importante en la cantidad de lixiviados, lo que prendió las alarmas y esa información se compartió con la interventoría. “Cuando estábamos tratando de averiguar la causa, se produjo el deslizamiento”, aseguró.

Cuando estábamos tratando de averiguar la causa, se produjo el deslizamiento

De otro lado, Luz Amanda Camacho, directora de la Uaesp, le dijo a EL TIEMPO que nunca se ha tenido certeza sobre la estabilidad del relleno, de los terrenos, de cómo se está manejando ni de cuáles son los planes de contingencia.

Afirma que la Uaesp está desarrollando una serie de acciones para supervisar el relleno, algo que cree que en el pasado no se hizo de forma adecuada. Así, asegura que la emergencia que hoy vive el vertedero se debe a “las pésimas decisiones operativas que se han tomado”.

Sobre el tiempo de vida útil que le queda al relleno, asegura que hace un par de meses el llenado iba en un 64 % y que por la época de la cuarentena ha disminuido el ingreso de residuos. “Eso está bien por el impacto ambiental, pero con lo que está pasando esta semana, todo el trabajo es perdido porque no se nota esa disminución”, dijo.

La emergencia que hoy vive el vertedero se debe a las pésimas decisiones operativas que se han tomado

Camacho asegura que las fallas en la operatividad del relleno son evidentes y por eso la Anla lo ha multado, la Superservicios lo ha sancionado, la Contraloría ha emitido conceptos negativos en su contra y la Personería les ha hecho audiencias.

También dijo que, en el futuro, el plan de la alcaldesa Claudia López es ir disminuyendo progresivamente el enterramiento de residuos y hacer proyectos complementarios como el aprovechamiento de residuos para generar gas, energía, compostaje, entre otros.

Decreto amplió licencias por covid-19

En medio de la pandemia, con un decreto se permitió que, si los residuos con riesgo biológico exceden la capacidad de los operadores de los rellenos, las autoridades ambientales puedan autorizar a otros sectores que manejan residuos peligrosos (cementeras o cárnicos) para cumplir esa función.

Les preocupa a las autoridades que se desconoce la vida útil de todos los rellenos, y la capacidad que tendrían esos gestores alternativos.

MILENA SARRALDE DUQUE

Subeditora de Justicia

En Twitter: @MSarralde

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