Las claves del nuevo proyecto del Gobierno para quitarle facultades a la Procuraduría

Aunque fracasó en su primer intento, en la reforma política, por cambiar las facultades de la Procuraduría para que no pueda sacar de su cargo a funcionarios de elección popular, el Gobierno tiene listo un proyecto de acto legislativo, que aún no ha radicado en el Legislativo, para volver a intentar que en el Congreso se apruebe lo que ha sido una de las banderas del presidente Gustavo Petro.

(Lea también: Atención: Nuevo intento del Gobierno para quitarle funciones a la Procuraduría).

Como lo publicó EL TIEMPO, ese proyecto ya pasó por revisión del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC), instancia asesora del Estado en esa materia, el cual le dio su aval, con algunas observaciones.

El argumento de la insistencia del presidente Petro en que el Ministerio Público no puede destituir o inhabilidad a funcionarios electos por voto es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en el pasado lo benefició, pues condenó al Estado colombiano por la destitución que durante la procuraduría de Alejandro Ordóñez lo sacó de su cargo como alcalde de Bogotá.

Ya en Colombia se aprobó una reforma de la Procuraduría, que pasó el examen de la Corte Constitucional, que señala que el órgano de control puede seguir sancionando a funcionarios elegidos por voto, pero la Corte dijo que antes de entrar en vigor, esas sanciones deben ser revisadas por el Consejo de Estado.

(Le puede interesar: Revisión de sanciones de la Procuraduría solo aplica para quienes siguen en el cargo).

Pero en este nuevo proyecto de acto legislativo, redactado por el Ministerio de Justicia, el Gobierno vuelve a intentar quitar de tajo la posibilidad al órgano de control de sacar de su cargo a funcionarios elegidos por voto, como alcaldes, gobernadores, congresistas, diputados y concejales.

El proyecto tiene nueve artículos y dice que se busca ajustar las normas internas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual incluye, para el Gobierno, quitarles a la Procuraduría y a la Contraloría competencias que hoy tienen, reformando los artículos 117, 118, 268, 277, 278 de la Constitución, y derogando el parágrafo primero del artículo 250.

(Más notas: Fallo de Corte IDH no aplica automáticamente: esto dice sentencia de la Constitucional).

En términos generales, el primer eje de este proyecto de reforma constitucional precisa que la Procuraduría y la Contraloría son órganos de carácter istrativo. El segundo eje consiste en la eliminación de la facultad que permite que autoridades como estas dos, que son istrativas y no judiciales, impongan medidas de suspensión, inhabilidad o destitución a servidores públicos de elección popular.

El tercer eje se concentra en el rediseño de las funciones de la Procuraduría. Entre los cambios se precisa que la Procuraduría y la Contraloría no podrán ejercer funciones jurisdiccionales ni tampoco limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular.

Así, por ejemplo, se dice que las funciones del Procurador y sus delegados, de ejercer la vigilancia superior de la conducta de quienes desempeñen funciones públicas, en ningún caso incluyen que puedan “sancionar a los servidores de elección popular con suspensión, destitución o inhabilidad”.

(Lo invitamos: La condena en EE. UU. a antiguo miembro de ‘la Oficina’ por narcotráfico y extorsión).

Frente a la Contraloría, se propone reformar las atribuciones del Contralor General eliminando la posibilidad, hoy vigente, de que la Contraloría, “bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos fiscales, penales o disciplinarios”.

Además, el Ministerio Público perdería la facultad que hoy tiene de intervenir en procesos penales, y se dice que su intervención ante autoridades judiciales, no penales, será “excepcional y en los términos que defina la ley”. En su lugar, el proyecto de acto legislativo propone acentuar las funciones sobre la protección y promoción de derechos humanos.

Otro tema polémico es que el proyecto de acto legislativo propone, para “racionalizar los recursos públicos”, darle facultades extraordinarias al Presidente de la República para trasladar a procuradores judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría a la Rama Judicial, “en calidad de nuevos magistrados, jueces, fiscales y funcionarios judiciales”.

Sobre esta iniciativa, el concepto del CSPC destaca que los artículos sobre las facultades de la Procuraduría y la Contraloría revisten gran importancia para el articulado, pero como tienen una limitada incidencia en materia político-criminal, los comentarios del Consejo se limitan a la propuesta de la eliminación de la intervención de la Procuraduría en los procesos penales.

Para el CSPC, esa función de la Procuraduría se justificaba en el marco de la Ley 600 de 2000 (antiguo sistema penal) en el que la investigación y el juzgamiento se encontraba en una sola parte: el juez. Por eso, dice, “las funciones de la Procuraduría de intervención dentro de los procesos penales hacen sentido, en tanto ayudan a generar un balance entre las partes”.

(Más notas: El jefe de Hezbolá con nexos en Colombia que entró a la temida lista Clinton).

Pero ya en el actual sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), en el cual el juez cumple un rol de imparcialidad y de juzgamiento y existe un ente investigador y acusador diferente al juzgador (papel que ejerce la Fiscalía), esa función, dice el concepto, “deja de necesitarse y, de hecho, puede tornarse en inconveniente”.

De otro lado, se señala que la intervención de la Procuraduría puede generar un desbalance: “Si bien el Ministerio Público actúa en calidad de interviniente, las atribuciones de las cuales es titular son de algún modo una herramienta que le permiten coadyuvar a alguna de las partes que se encuentran en controversia”.

EL TIEMPO estableció que el proyecto de reforma constitucional que planteó el Gobierno fue votado negativamente por la Procuraduría en el seno del Consejo de Política Criminal.

La entidad dijo que la propuesta no está acompañada de elementos fácticos que respalden empíricamente los ajustes que pretende y que podría ser “considerada como una sustitución de la carta política”.

(Más notas: 'Esto es una conducta aislada probablemente por un comandante descriteriado': Giraldo).

Lo anterior, al estimar que la propuesta de reforma de los artículos 117, 118, 277 y 278 iría en contravía del mandado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que distribuyó el poder público en tres ramas y en órganos autónomos: “Estos últimos tienen como finalidad desarrollar funciones concretas que no fueron asignadas a aquellas con el propósito de evitar desequilibrios”.

Además, el Ministerio Público cuestionó que la reforma propuesta elimina la competencia disciplinaria frente a 15.000 funcionarios directivos del Estado, aproximadamente, “pues excluye de su control a los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los concejales y los ediles de todo el país”.

Y sobre la propuesta de suprimir las funciones de intervención de la Procuraduría en los procesos penales, la entidad dijo que esto “genera que se quite un control de la Rama Judicial en detrimento del principio de legalidad, la protección del interés general y la garantía de los derechos fundamentales de las partes”.

La iniciativa revelada por EL TIEMPO no es la primera del gobierno de Gustavo Petro que busca hacer modificaciones de las facultades de la Procuraduría. Cabe recordar que la reforma política propuesta el año pasado buscaba adicionar una disposición a la Constitución en el sentido de que las limitaciones de los derechos políticos solo las podía dictar un juez penal.

Tras conocerse este proyecto y el concepto del Consejo de Política Criminal, Juan Felipe Lemos, copresidente del Partido de ‘la U’, le dijo a este diario que el Gobierno, “en vez de estar presentando proyectos de ley que buscan debilitar la institucionalidad, debería concentrarse en cómo buscar soluciones responsables a los grandes problemas que enfrenta la nación”.

(Más notas: ¿Francisco Barbosa es testigo en el caso de Laura Sarabia? Esto respondió el Fiscal).

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa dijo que el Consejo no tiene entre sus funciones “conceptuar sobre esas reformas constitucionales que tienen como principio suprimir competencias de un órgano istrativo. Ya que, como su nombre indica, es una entidad que existe para establecer políticas públicas en materia penitenciaria y contra la criminalidad, no para quitarle funciones a la Procuraduría”.

Y el representante del Pacto Histórico Heráclito Landínez apoyó la iniciativa: “La Procuraduría no puede, por ser un órgano de carácter istrativo, cercenar el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos”.

En días pasados, el representante Pedro Suárez Vacca radicó igualmente un proyecto de acto legislativo que busca modificar tres artículos de la Constitución para ajustar las funciones del Ministerio Público.

Redacción Justicia, con información de Política

En X: @JusticiaET