La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus por omitir el control y la vigilancia de actividades relacionadas con contratos que había delegado, y que llevaron al pago por $ 7.886.574.000 sin la celebración de acuerdos de voluntades con diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por un paquete integral de neurorrehabilitación.
La decisión es de primera instancia y también cobija a los exsecretarios de Desarrollo de Salud del departamento, Alexis José Gaines Acuña, y Alfredo José Aruachán, por 9 años; mientras que para Edwin de Jesús Preciado por el término de 8 años.
Según la Procuraduría, Lyons Muskus como gobernador no vigiló las facultades delegadas en quienes fungieron como secretarios de Salud, que ocasionaron el millonario pago por la prestación de servicios para terapias de neurodesarrollo a la población de bajos recursos no cubierta por el POS.
En concreto, entre el ente territorial y las IPS Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S.
La entidad dijo que los servidores públicos que fungieron como secretario de Salud durante los años 2014 y 2015, también incurrieron en vicios.
En el caso de Gaines Acuña, dijo la entidad, en 2014 ordenó el pago de servicios de rehabilitación en salud por $1.193.930.000 a favor de las IPS Girasoles y Crecer y Sonreír "sin que existiera previamente negocios jurídicos entre la gobernación y los prestadores del servicio de salud".
Aruachán Narváez, por su parte, se indicó que durante el año 2014 ordenó que se pagara aproximadamente $ 6.064.044.000, en favor de las tres instituciones prestadoras de servicios de salud mencionadas, sin que existiera un proceso contractual.
Así mismo, se estableció la responsabilidad disciplinaria de Preciado Lorduy "quién en el año 2015 ordenó el pago en favor de la IPS Girasoles $ 628.600.000 omitiendo surtir las etapas exigidas por la ley para la realización de acuerdos de voluntades".
La Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 comprobó que los servidores públicos vulneraron el principio de economía y de responsabilidad en el ejercicio de las funciones de contratación y ordenación del gasto al disponer del presupuesto departamental, sin cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad social en salud.
En consecuencia, el organismo de control calificó en forma definitiva la falta de los disciplinados como gravísimas, a título de culpa gravísima y ordenó remitir copias de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación.
Lyons, condenado por corrupción en el caso del cartel de la Toga y en juicio por el 'cartel de la hemofilia', está preso en Estados Unidos.
@JusticiaET
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