Por primera vez, una magistrada de la Corte Constitucional se posesiona ante la Sala Plena y no ante el Presidente

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, tomó el juramento de Lina Marcela Escobar como nueva magistrada. Por primera vez, la ceremonia se oficializó ante la Sala Plena del alto tribunal y no ante el presidente de la República, Gustavo Petro, quien, en lo que desde diferentes sectores tomaron como 'un buen gesto', estuvo presente como invitado.

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"Hoy nos congregamos en este recinto solemne, como es nuestra Sala Plena, para ser testigos de un momento cargado de significado constitucional. Este acto trasciende el mero protocolo del juramento; es una reafirmación visible de nuestra fe en el orden constitucional y en la independencia de la justicia como baluarte de la dignidad, la libertad y de la República erigida, tras un largo proceso histórico que comenzó hace 215 años, en un Estado Social y Democrático de Derecho", dijo en la instalación el magistrado Ibáñez.

Al acto asistieron, además del presidente Petro, los magistrados del alto tribunal, a excepción de Héctor Carvajal, quien pidió al Senado una prórroga de 15 días para posesionarse. EL TIEMPO conoció que está cediendo los procesos en los que actuaba como apoderado, un requisito imprescindible para poder ponerse la toga.

También acompañaron la posesión los dignatarios de las altas cortes, el expresidente César Gaviria, el procurador Gregorio Eljach, algunos del congreso y la familia de la magistrada.

Para el presidente de la corporación, la decisión de la magistrada de posesionarse en la Sala Plena "reviste un especial simbolismo". 

"Este sencillo pero profundo acto constituye en sí mismo una expresión de independencia y autonomía, una señal de la separación funcional de los órganos del poder público y de la augusta majestad de la istración de justicia", sentenció.

Escobar llega en reemplazo de la exmagistrada Diana Fajardo, quien cumplió su periodo de ocho años. Fue elegida el pasado 4 de junio por el Senado de la República, donde arrasó con 82 votos y le ganó la puja a Lisneider Hinestroza, una académica cuya candidatura estuvo impulsada por el magistrado Gerson Chaverra, y a Myriam Martínez, exdirectora de la Agencia Nacional de Tierras en el gobierno de Iván Duque.

Escobar es doctora en Derecho de la Universidad del País Vasco, tiene una maestría en Derecho Público del Externado y otra en Derecho Constitucional y Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid.

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Pasó por las tres ramas del poder público, experiencia que resaltó en su discurso ante la plenaria y que terminó convenciendo a los congresistas que la eligieron. 

“Considero tener la formación académica y la experiencia profesional para velar tanto por la supremacía como por la supralegalidad de la Constitución, y hacerlo de manera ponderada, independiente y contextualizada con la realidad del país”, dijo ante la plenaria.

En el Ejecutivo trabajó en la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. También fue asesora de la Aeronáutica Civil, del Ministerio de Educación y contratista de la Registraduría.

En el Congreso ofreció asesoría legal en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales. Y en la Rama Judicial fue conjuez y magistrada auxiliar de la Sección Quinta —la encargada de los temas electorales—, en el despacho de la magistrada Rocío Araújo.

Luego de su elección, en su primera declaración a medios, pidió respeto por la institucionalidad y la separación de poderes. Sin mencionar el tema por el que luego tendría que declararse impedida o ser recusada, en la primera plana del contexto nacional estaba el anuncio del llamado 'decretazo' de la consulta popular, que terminó firmándose el pasado miércoles 11 de junio, pese al concepto negativo del Senado.

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Durante la ceremonia, volvió a insistir en este mensaje: "La guarda de la Constitución y, en especial, de la separación de poderes, la transparencia de la actividad judicial y la probidad del juez serán siempre los elementos de tranquilidad para la institucionalidad, en el sentido de que las decisiones que tomemos en esta corporación van a estar alejadas de cualquier sesgo político", dijo.

La magistrada eligió este camino, amparándose en la sentencia C-134 de 2023, que abrió la puerta para que los togados electos que así lo decidieran pudieran tomar juramento ante sus pares y no ante el Presidente.