Los contratos de Héctor Carvajal con el Estado: nuevo magistrado estaría impedido para debatir la reforma pensional

El recientemente nombrado magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, además de ser el abogado del presidente Gustavo Petro, ofrecía asesoría jurídica a varias entidades públicas. Como parte de los servicios para los que fue contratado, conceptuó sobre temas del resorte del alto tribunal, como el monopolio rentístico de licores —fallado el pasado 4 de febrero— y proyectos de ley y actos legislativos impulsados por Colpensiones. Precisamente, la Sala Plena en la que ahora tendrá asiento, debatirá la demanda que busca tumbar la reforma pensional, una iniciativa del Gobierno. ¿Tendría que declararse impedido?

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Al menos cuatro contratos con entidades públicas de orden nacional y regional tiene vigentes en la actualidad el magistrado Carvajal Londoño. Estos convenios, todos firmados este año, suman un valor total de 858 millones de pesos.

Datos de la plataforma Secop y del Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) dan cuenta de que a nombre de Carvajal Londoño aparecen convenios con Colpensiones, la Federación Colombiana de Municipios, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Car de Cundinamarca.

Todos, de acuerdo con la información oficial, tienen como objeto prestar sus servicios de asesoría, orientación y apoyo jurídico en esas instituciones. El de mayor valor, por 293 millones de pesos, es el que tiene suscrito con la a Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Según los documentos de ese convenio, el objeto de ese acuerdo es la “prestación de servicios de asesoría jurídica especializada a la Oficina Asesora de Asuntos Legales y Presidencia en materia de Derecho istrativo con énfasis en Gestión Pública en aquellos temas atinentes a la gestión” de esa entidad.

Precisamente, los puntos 6 y 7 de las obligaciones del contratista rezan:

El segundo convenio de mayor valor firmado por el nuevo magistrado de la Corte Constitucional es por 229 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y tiene que ver con temas de bebidas alcohólicas en el departamento.

Su objeto es el de brindar asesoría legal especializada “en Derecho istrativo, en todos los procesos, actuaciones y procedimientos judiciales, istrativos y de cualquier otra índole que estén relacionados con el ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables”. 

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Se firmó el 25 de febrero y terminará el 24 de octubre de este año. De acuerdo con los documentos contractuales, para este convenio se pactaron pagos por 28 millones de pesos desde marzo hasta su finalización.

Con la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, Carvajal Londoño tiene un contrato por 169 millones de pesos cuyo objeto es actuar como representante “judicial y extrajudicial” de la entidad en los procesos en los que se le otorgue poder, especialmente en materia de derecho contencioso istrativo, así como brindar acompañamiento jurídico en los temas asignados a la Dirección. Este contrato, que actualmente está en ejecución, se termina el 23 de diciembre.

Y finalmente está el contrato por 165 millones de pesos con la Federación Colombiana de Municipios, firmado hasta el 29 de diciembre y cuya finalidad es la de apoyar a este gremio “con la gestión jurídica para el fortalecimiento institucional de la función pública asignada”. Este convenio ya está en ejecución con pagos de 15 millones de pesos mensuales.

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El contrato que más ruido ha generado es el de Colpensiones. Según las responsabilidades asignadas al contratista, Carvajal tuvo que asesorar el proyecto de Ley de atención integral a la vejez —la reforma pensional—, impulsada por el fondo público y que hoy está a la espera de pasar el control constitucional. El debate está agendado para el próximo 29 de mayo. 

De acuerdo con el expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, si el hoy magistrado se pronunció sobre esa norma, tendría que declararse impedido para votar o, en su defecto, podría ser recusado.

Frente a la ejecución de otros contratos vigentes —algunos aún en curso—, la ley lo obliga a cederlos.

El exmagistrado constitucionalista advirtió que Carvajal “no podría continuar prestando servicios jurídicos a entidades del Estado”. Con la toga puesta, su única responsabilidad es con la Corte, salvo en el plano académico, donde puede actuar como docente.