Los ajustes de la propuesta de reforma a la justicia de la Corte Suprema y la Fiscalía: buscan que autores de delitos contra menores puedan allanarse o preacordar

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía presentaron a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, los ajustes que realizaron a la propuesta para echar andar la reforma a la justicia, la cual se espera que sea presentado, próximamente, ante la comisión que lleva a cabo la discusión de la iniciativa.

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La propuesta de la Corte Suprema se centra en eliminar o modificar reformas posteriores a la Ley 906 de 2004 (sistema acusatorio adversarial) que, según el proyecto, han impedido aplicar, en determinados casos, beneficios de rebaja de pena para quienes acepten cargos o lleguen a un acuerdo.

Así las cosas, lo que se busca es que un mínimo número de casos se tramiten por la vía ordinaria y que la mayoría de los procesos terminen a través de allanamientos y preacuerdos, incluso con la finalidad de buscar condenas anticipadas a cambio de rebajas de penas, en casos de delitos graves contra menores como el abuso sexual y homicidios.

Fuentes de alto tribunal indicaron a EL TIEMPO que la serie de normas posteriores a la Ley 906 de 2004 han impactado de forma directa al colapso del sistema judicial, al quitarle aplicabilidad al sistema negociado de la justicia procesal penal.

Lo anterior ha congestionado los despachos de fiscalía y despachos judiciales para atender ese gran número de casos, y otra de las consecuencias que los procesos se están resolviendo posterior a los 7 años de haber ocurrido el delito, y no necesariamente con fallos condenatorios.

Todos esos antecedentes llevaron a que la Sala Plena del alto tribunal armara, en articulación con la Fiscalía, una reforma que busque resaltar los orígenes de la Ley 906.

Esta iniciativa tiene puntos claves, que según las fuentes del alto tribunal, no buscan impunidad ni el levantamiento de la prohibición de subrogado ni sustitutos penales para las personas que comentan delitos contra la vida, la integridad personas, libertad individual o delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Si no que, por el contrario, el proyecto mel conversatorio Justicia y Paz: 19 años de aprendizaje, organizado por la Corte y la Fiscalía General de la Nación.

Este proyecto permite, entre otras, que los delitos de homicidios culposos, lesiones personales culposas, y delitos contra el patrimonio económico (con excepción de extorsión y hurto calificado), puedan a través de la figura de indemnización o reparación integral, dar por terminado el proceso, siempre y cuando no concurran las circunstancias de agravación o haber cometido la conducta bajo los efectos de la droga o alcohol.

Una primera propuesta que llegó la Comisión, la Corte proponía derogar el numeral séptimo del artículo 199 del Código de la Infancia y Adolescencia de 2016, que establece que “no procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado” por los delitos homicidio, lesiones personales, secuestro o delitos contra la libertad, integridad o formación sexual de los niños, niñas y adolescentes.

Pero con la introducción de unos ajustes, la  propuesta busca permitir que los actores de delitos que tengan como víctimas a niños, niñas y adolescentes, puedan allanarse o preacordar, pero no teniendo una rebaja igual, sino que será “una rebaja de la mitad de la mitad”, todo esto para invitar que la persona, por falta de una justicia efectiva, continúe en el entorno del menor, ante la falta de una condena.

De acuerdo con las fuentes de la Corte, este proyecto ya está concertado con la Fiscalía luego de sostener varias rondas de debates.

Una vez que el proyecto surta su debido trámite ante la comisión de la reforma a la justicia, se buscará la presentación ante el Congreso.

Pero hay que tener en cuanta que al tratarse de una iniciativa, la misma puede tener modificaciones y ajustes en su discusión en la comisión.

Durante el conversatorio Justicia y Paz: 19 años de aprendizaje, organizado por la Corte y la Fiscalía General de la Nación, la fiscal general, Luz Adriana Camargo se refirió al proyecto y señaló que lo han trabajado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro. 

“Esta propuesta está dirigida a una preocupación en la que coincidimos con la Corte, y es una serie de trabas que se han presentado con el tiempo para aplicar mecanismos prémiales”, dijo la funcionaria, quien resaltó  que el proyecto es “pequeño” y “moderado”, el cual contiene 12 artículos.

Frente a la postura de la ministra de Justicia de que se iba a eliminar la intervención de los jueces en la aprobación de los preacuerdos y principios de oportunidad, la fiscal Camargo afirmó que los procesos de preacuerdos, allanamientos y principios de oportunidad deben tener un control judicial.

“Sería muy peligroso que la Fiscalía tuviera la potestad de aplicar un principio de oportunidad sin ningún control. Es importante que estos controles se den, los jueces controlan las garantías y es importante que eso se mantenga. Eso se lo hicimos saber a la ministra”, dijo Camargo.

Mientras que el presidente de la Corte Suprema manifestó esa idea de la ministra “no están contenidos en el proyecto”.

“Frente a los preacuerdos y principios de oportunidad nos mantenemos es que se mantenga la figura del juez de control de garantías y del juez de conocimiento. De manera que la Corte defiende que siempre los principios de oportunidad que por iniciativa de la Fiscalía quieran consolidarse deben tener el control del juez de control de garantías”, dijo el magistrado Chaverra. 

Por otro lado, el presidente de la Corte habló referente a cómo se beneficiaría la justicia en tiempos con ese proyecto. “Podemos hablar de unos costos en tiempo; el tiempo en ahorro desde el punto de vista procesal es significativo”.

“Si se permite una vía negociada o de allanamiento, esa oportunidad puede darse desde el momento en el que a la persona se le formula imputación, es decir, que desde la ocurrencia del hecho hasta el momento en el que la Fiscalía adelantó los actos de investigación, puede pasar un tiempo corto contado en meses, o casi que de inmediato, y hay oportunidad de la persona se allane; un proceso que no va a demorar más de 6 o 7 meses”, dijo el magistrado Chaverra.

Redacción Justicia:

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