La historia detrás del juicio a excongresista por quitarle sueldo a asesora

Desde marzo de 2016 y por ocho meses, una de las integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces representante a la Cámara por el departamento de Putumayo Argenis Velásquez Ramírez entregó en un sobre sellado la mitad de su sueldo al esposo de esta, Edwin Chávez Jojoa.

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Fueron 3’200.000 pesos mensuales, para un total de 25’600.000 pesos.

Lo hizo bajo la exigencia que le hiciera el entonces esposo de Velásquez. Y cuando se negó a seguir haciéndolo, fue declarada insubsistente en enero de 2017.

Por este caso de posible concusión, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina, acusó a Velásquez.

La mujer no es ajena de los estrados judiciales, pues en 2019 fue acusada por supuestamente acordar un millonario pago a los integrantes del ‘cartel de la toga’ para direccionar otro proceso en su contra.

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“Se infiere como altamente probable que la aforada Argenis Velásquez, prevalida de su posición social y política en la sociedad, en coparticipación de su esposo Edwin Harbey Chávez, y por su conducto procedió a formular exigencias indebidas de dinero a Nohora Mercedes Rojas Benavides, miembro de su UTL, a la que vinculó bajo ese ilícito condicionamiento, luego de lo cual la declaró insubsistente cuando no consiguió más percibir gran parte de su asignación mensual como asesora grado V”, dice el documento de 240 páginas en poder de EL TIEMPO.

El 5 de julio de 2017, una denuncia anónima alertó sobre la situación. La víctima en este caso fue Nohora Rojas Benavides, quien era asesora grado V en la UTL, y quien además ratificó de viva voz lo ocurrido ante las autoridades judiciales.

“Me pidieron un valor determinado de mi sueldo hasta que no quise más. Lo hacía a través de su esposo. Él me decía: ‘Me trajo los documentos’. Y yo le entregaba en sobre sellado en diferentes sitios de la ciudad”, declaró.

Nohora Mercedes Rojas Benavides dijo que conoció a Velásquez hacia 2014 por intermedio de un político de Villa Garzón, en Mocoa, y a Chávez cuando esta se inscribió al Congreso.

La acusación de 240 páginas conocida por EL TIEMPO consignó con el propio testimonio de Rojas cómo ella veía en Argenis Velásquez un liderazgo para las mujeres del departamento que la llevó a acompañarla en campaña.

De hecho, una vez elegida, Velásquez se ofreció a conseguirle trabajo en Bogotá, usando su poder e influencia política, sin exigencia alguna a cambio. Ya en la capital, primero la pareja le ofreció un cargo en el Departamento de la Prosperidad Social, infructuosamente.

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Y luego, con la salida de una persona, entró a la UTL. Trabajó desde marzo de 2016 hasta febrero de 2017 como asesora en temas de mujeres, niños y jóvenes.

“Me dijo que ella veía pues en mí la persona adecuada por mi experiencia, por mi preparación académica y por mi visión social”, declaró. De acuerdo con la mujer, la exigencia económica la hizo Velásquez a través de su esposo.

“Edwin Chávez me llamó, nos reunimos, entonces me dijo que ya el cargo estaba listo, pero que había una condición. Le dije que cuál sería la condición y me dijo que yo desempeñaría ese cargo, pero que me nombrarían siempre y cuando yo, mensualmente, le entregue un valor económico a través de él a ella”, declaró.

La mujer dijo que la exigencia la sorprendió, pero que accedió porque “no tenía otra alternativa (…). Yo no tenía otras posibilidades en Bogotá”.

El dinero lo entregaba entre el 26 y el 30 de cada mes hasta que se negó a hacerlo, lo que motivó una cita con Velásquez en la que la entonces congresista le habría manifestado que se había enterado de la situación y que ya no querían tenerla. El trato varió y luego Velásquez habría intercedido para ubicarla en la Unidad de Víctimas, sin retribución alguna.

Para la Sala de Instrucción, no hay duda alguna de que Chávez “era un intermediario de la aforada, quien estaba detrás de las exigencias dinerarias indebidas” y que la relación entre ambos, al menos para 2017, estaba vigente.

Velásquez dijo en su indagatoria que le dio trabajo a Nohora por recomendación de Chávez y porque luego la mujer misma se le habría acercado para pedirle trabajo. Chávez dijo en el proceso que si le habló a Velásquez de Nohora, fue por petición de ella. Según la Sala de Instrucción, los testimonios no son creíbles y, además, contradictorios.

“La versión suministrada por Nohora Mercedes Rojas Benavides es clara y ostensiblemente contraria a cada una de las ofrecidas por lo esposos, pues indicó que no conocía al señor Edwin Chávez, que se lo presentó Argenis Velásquez cuando estaba haciendo la inscripción de su candidatura en Mocoa (Putumayo) y que fue ella quien, conocedora de su trayectoria, le ofreció trabajo, primero en el DPS, para lo cual viajó a Bogotá, pero como eso no se cristalizó, la vinculó a su UTL en reemplazo de Lucy Rubiela Viveros Calderón, de quien está acreditado la congresista le pidió la renuncia. Opciones laborales que se las comunicaron a través de Edwin Chávez. De suerte que la indagada y su exesposo intentan mostrar, desde luego contrario a la realidad probatoria, que fue por la injerencia de este, quien supuestamente conocía de muchos años a Nohora Rojas Benavides, que procedió a nombrarla como asesora”, dijo la Corte.

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“Se demostró sin dubitación que a Argenis Velásquez Ramírez le asistía de manera exclusiva la facultad legal de hacer el nombramiento a Rojas Benavides como miembro de su UTL, lo cual hacía parte del compromiso que adquirió con esta cuando le colaboró en su campaña política para acceder, como en efecto lo logró, a su curul en la Cámara de Representantes, luego el compromiso lo adquirió la congresista, no su esposo Edwin Chávez, quien desde luego la evidencia muestra que se concertó con esta para realizar las exigencias dinerarias indebidas a Rojas Benavides”, dijo la Corte.

Para la Sala de Instrucción sí se comprobó que “la designación que la acusada le hizo a su víctima Rojas Benavides fue el más alto grado de asesor, luego de mayor ingreso salarial, lo que la hacía pasible de las exigencias dinerarias, que en efecto se demostró le efectuaron”.

Para el alto tribunal, Rojas Benavides no está mintiendo y, además, no se aprecia móvil alguno de su parte para hacer una falsa denuncia. De hecho, en el proceso rindió testimonio otra integrante de la UTL que le aseguró a la Corte en 2018 que se enteró de lo sucedido y que narró que a la oficina “sí llegaron muchos pasquines diciendo que ella o el hermano hacían exigencias de dinero” y que, al parecer, otros integrantes de la UTL vivieron la misma situación que Rojas.

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Y aunque esta testigo luego se rectificó ante la Corte, diciendo que todo se trataba de una retaliación en contra de la congresista, para la Sala de Instrucción el cambio de versión no es creíble.

De otro lado, la Sala valoró el rol que tenía el esposo de Velásquez para acreditar el testimonio de Rojas, la víctima de este caso.

“Se encuentra la irrefutable presencia constante de Edwin Chávez en la oficina de la congresista, su injerencia directa en los asuntos de esta, al punto de que los de la UTL lo consideraban como su jefe, con una ascendencia directa sobre ellos. Luego, entonces, Edwin Chávez se advierte absolutamente involucrado en los asuntos de la parlamentaria, más allá de ser simplemente su cónyuge, escenario este debidamente comprobado en el que entonces muy difícilmente o con muy poca probabilidad podría estar ajena Argenis Velásquez Ramírez”, dijo la Sala.

El alto tribunal enfatizó en que la entonces congresista y su esposo actuaron juntos, que Velásquez ejercía una superioridad jerárquica y que “Nohora Rojas estaba bajo su influjo de poder desviado de los postulados que guían el ejercicio de la función pública”.

“Las razones evasivas y contradictoras que expuso la congresista como motivos de desvinculación de Rojas Benavides, no hacen otra cosa que indicar que su interés es ocultar el verdadero motivo por el cual declaró la insubsistencia de su nombramiento, haciendo mucho más razonable la versión de la víctima”, enfatizó la Corte.

“Se demostró la actuación indebida de la funcionaria, misma que estuvo precedida por un interés oscuro y ajeno por completo a sus deberes poniendo en tela de juicio la integridad, transparencia y moralidad que debe gobernar el ejercicio de su función por aprovecharse de su cargo favoreciendo sus intereses personales y menoscabando de esta manera el bien jurídico de la istración pública”, precisó la Sala de Instrucción.

Con esos argumentos, la Corte desvirtuó la postura de la Procuraduría, que había pedido la preclusión del caso al advertir que el testimonio citado, en su criterio, es incongruente.

Argenis Velásquez aseguró en indagatoria rendida el 19 de abril de 2021 que todo lo dicho en este expediente es falso, reprochó que la denuncia que originó el caso fuera anónima y explicó que el motivo por el cual se desvinculaban las personas que integraban su UTL era por la necesidad de darles la oportunidad a todas las personas que le colaboraron en su aspiración al Congreso.

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Argenis Velásquez, quien en este momento no es congresista, seguirá libre (la Corte no le dictó medida de aseguramiento) y enfrentará juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

ALEJANDRA BONILLA MORA

Redactora de Justicia

En Twitter: @AlejaBonilla