Colombia vuelve a la Corte IDH, esta vez, por caso de 'chuzadas'

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adelantará en las próximas horas una audiencia de juicio por la vigilancia e inteligencia ilegal realizada a defensores de derechos humanos en Colombia.

Se trata del caso interpuesto por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que ha denunciado ser víctima de prácticas de persecución por más de 30 años. Según la denuncia, sus integrantes han sido foco de actividades de inteligencia ilegal de diferentes organismos del Estado, discursos estigmatizantes y amenazas, entre otros.

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Por esta razón, este 12 y 13 de mayo la Corte IDH realizará una audiencia pública y presencial en San José de Costa Rica, y evaluará las supuestas violaciones a las que ha sido sometida esta organización defensora de derechos humanos.

De acuerdo con el colectivo de abogados, hay impunidad en los procesos por los ataques a integrantes de la organización.

Aunque el Cajar ha sido el representante de otras víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), esta vez llegará como peticionario, representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que destacó el litigio como una oportunidad para enfrentar graves violaciones a los defensores y defensoras en todo el continente.

"Esperamos que la audiencia permita establecer el impacto de las amenazas para la vida de las personas defensoras y consecuentemente, la necesidad de robustecer las políticas públicas que respondan efectivamente y ofrezcan a quienes defienden derechos, la posibilidad de realizar sus labores sin miedo”, dijo Viviana Krsticevic directora ejecutiva de Cejil.

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De acuerdo con Eduardo Villalba Vargas, abogado penalista y vicepresidente de Cajar, durante la audiencia estarán presentando los testimonios y peritos del caso, y que esperan que "después de esta audiencia, la Corte Interamericana se disponga en los próximos meses a fallar el caso de la persecución contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo por parte del Estado colombiano”.

El abogado dijo que “la persecución contra el colectivo de abogados se ha expresado de todas las maneras, incluso hubo un atentado contra una de nuestras compañeras”. Así se refirió Villalba a uno de los testimonios de la abogada Soraya Gutiérrez Argüello, también vicepresidenta del colectivo (cargo que ya había ocupado entre 2004 y 2005).

En diálogo con este diario, la abogada manifestó que ha sido difícil ser objeto de seguimientos y amenazas por ejercer su labor.

“Yo entré en el colectivo de abogados muy joven, cuando apenas llevaba un año de haberme graduado la universidad, en la década de los noventa. Desde esa época, la situación de persecución ha sido permanente: en algunos momentos llegaban amenazas, panfletos que circulaban en las calles contra muchos compañeros del colectivo”, recordó Gutiérrez.

Durante esa época, señaló la abogada, pudieron establecer que había archivos de inteligencia, seguimientos ilegales y anotaciones contra defensores de derechos humanos. “Ya en los 2000, la situación de seguridad empeoró. Yo asumí la presidencia del Colectivo en el 2004-2005, fui la primera mujer que asumió la presidencia de esta organización, entonces como mujer la carga fue bastante fuerte, difícil”, manifestó.

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En 2003, la abogada fue víctima de un atentado. Llegando a su casa, el carro en el que se desplazaba fue interceptado por un vehículo del cual habían descendido varios hombres armados con pistolas y ametralladoras. “Yo pude huir del lugar, pero el carro sufrió unos impactos de bala”, cuenta.

Después se hicieron los análisis por parte del desaparecido Departamento istrativo de Seguridad (DAS), y en días posteriores “hicieron seguimientos a mi hija, que para esa época era una niña de 5 años”, dijo Gutiérrez, y añadió que todas esas situaciones la obligaron a tener que desplazarse por los impactos familiares y emocionales que tuvo. “No solamente me atacaron por mi condición de abogada y defensora, sino también por mis condiciones de madre, y eso ha sido muy duro”, señaló.

Otra de las amenazas que recordó la abogada fue la de mayo de 2005, cuando “la inseguridad incrementó a otro nivel y las formas de persecución fueron diversas” durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Gutiérrez recibió un paquete que había sido dejado por una empresa de correos, el cual fue abierto por de la Policía Nacional ante el temor de que se tratara de un artefacto explosivo.

En el interior del paquete había una muñeca descabezada y descuartizada, quemada en algunas de sus partes, untado todo su cuerpo con esmalte de uñas de color rojo (imitando la sangre) con una cruz dibujada en el tronco. Junto con la muñeca había una nota escrita a mano que decía: "Usted tiene una familia muy linda cuídela no la sacrifique".

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“Mi hija creció muy protegida porque siempre el miedo a que la mataran estuvo ahí. Y eso le ocurrió a otros integrantes del Cajar, que tuvieron que sacar a sus hijos del país para protegerlos”, lamentó Gutiérrez.

Para la abogada, los integrantes de Cajar asumieron un compromiso de vida: “poner nuestra profesión de abogados y abogados al servicio de las víctimas, de su derecho a la verdad y a la justicia, y hoy que estamos como víctimas, pues también esperamos que esta sentencia (de la Corte IDH) pueda tener unas consecuencias en Colombia”, comentó, e insistió en la necesidad de que la sociedad colombiana entienda que el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos es “fundamental, importante y contribuye realmente a fortalecer la democracia en el país”.

Además, señaló que la sentencia de la Corte permitirá que, de alguna forma, se puedan sanar las situaciones que como colectivo enfrentaron.

Igualmente, el abogado Villalba dijo que la defensa de los derechos humanos es

necesaria en una democracia. “El ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos no puede ser objeto de persecución por parte del Estado colombiano”, enfatizó.

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El vicepresidente de Cajar agregó que la sentencia podría favorecer no solo a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, sino que además sería aplicable en muchos otros países de Latinoamérica y el Caribe.

Por último, la abogada Gutiérrez manifestó su deseo de que la decisión de la Corte pueda poner en el debate público todo lo relacionado con las formas como opera la inteligencia tanto en Colombia como en otros países del mundo.

“Eso tendrá que influir en que tengamos unas organismos de seguridad que respeten el Estado Social de Derecho, que defiendan la democracia, que eliminen esas doctrinas en donde ven un 'enemigo interno' donde no existe y en donde se entienda que la labor que hacemos nosotros precisamente es supervisar, vigilar, controlar, fiscalizar los agentes del Estado para que cumplan con su obligación de respetar la Constitución y la ley”, concluyó la también vicepresidenta de Cajar, Soraya Gutiérrez.

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Por su parte, el Estado colombiano aseguró que su política sobre este tema se ha encaminado al “respaldo, interlocución y colaboración con los defensores de derechos humanos”, cita el informe final de la CIDH. 

También señaló que entre las medidas adoptadas para brindar las garantías jurídicas requeridas para que los defensores puedan ejercer su actividad con libertad y seguridad, se encuentran las siguientes:

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En ese sentido, en el informe de la CIDH, la Comisión recordó un caso de amenazas contra integrantes del colectivo: el 26 de julio de 2001 la Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar con el objeto de establecer posibles responsabilidades disciplinarias de funcionarios públicos (bien sea del DAS, la Policía Nacional, el Ejército Nacional o del CTI) por amenazas contra los abogados Reinaldo Villalba y Alirio Uribe.

El 22 de marzo de 2002, la Procuraduría ordenó el archivo de la investigación señalando que “si los mismos amenazados no informan quienes son los autores de las amenazas, o de quienes presume su autoría, a qué se deben las mismas, la impunidad ya no corre a cargo de la Entidad Estatal”.

Tiempo después, la entidad impuso sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos a Jorge Aurelio Noguera Cotes, José Miguel Narváez Martínez, Carlos Arzayuz Guerrero, Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León, quienes ocuparon cargos de dirección e inteligencia en el desaparecido DAS.

En 2011, el mismo año que el DAS fue desintegrado, el Estado colombiano adoptó una ley de Inteligencia y contrainteligencia. Además, aseguró que la Procuraduría, en cumplimiento de su función preventiva, seguirá vigilando el proceso de custodia, consulta y depuración de los archivos de inteligencia del Departamento istrativo de Seguridad.

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La Comisión también reconoció que el Estado ha adoptado medidas de protección a favor de los integrantes del Cajar. Al respecto, "la CIDH observa que en el marco del trámite de las medidas cautelares, Colombia informó sobre el esquema de protección a favor de diversos del Cajar, incluyendo el otorgamiento de vehículos blindados, escoltas, medios de comunicación, entre otros", indicó en el informe.

En relación con el caso del colectivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe de fondo presentado en 2020 señaló que: "(...) el contexto específico sobre el Cajar se enmarca dentro del contexto general de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, tal como se estableció en la sección anterior. A ello se suma que muchos de los hechos alegados fueron denunciados ante las instancias judiciales. Tal como se indicará posteriormente, tales denuncias no han sido investigadas con la debida diligencia".

Y añadió que "el Estado incumplió su deber de respeto al hacerse parte mediante acciones concretas de sus autoridades del riesgo enfrentado por el Cajar, así como al mostrarse tolerante y aquiescente respecto de los hechos en su contra".

En ese sentido, la CIDH recordó que la Corte Interamericana ha destacado entre las acciones que deben adoptar los Estados para garantizar las actividades de defensa de los derechos humanos la obligación de "facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas (…); abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad".

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La Comisión consideró, igualmente, que los Estados están obligados a desarrollar acciones positivas que se traduzcan en la supresión de ambientes hostiles o peligrosos frente a las labores de defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, “los Estados tienen el deber de generar las condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares de tal manera que las personas puedan ejercer libremente sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos”.

VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

En Twitter: @JusticiaET