El plan para llegar a las 44 millones de hectáreas de tierra actualizadas en este 2024, el 55 % de la meta del Gobierno

La información catastral del país es clave para avanzar en la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas fértiles para los campesinos en medio de la reforma agraria que quiere sacar adelante el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el reto es grande pues el territorio está desactualizado catastralmente y el propósito es tener al día el 70 por ciento del país el 2026. 

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Esta falta de información sumado a que algunas tierras no son productivas, están reclamadas en restitución o se encuentran en zonas de desastre son algunas de las razones del retraso que lleva la reforma. Según los últimos datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), van compradas de manera voluntaria alrededor de 130.000 hectáreas, lo que solo representa el 8,7 por ciento de la meta.

Ante esta situación, la exministra de Agricultura Cecilia López alertó hace unas semanas sobre la importancia que tiene que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) avance en la actualización de predios.

De las 10,9 millones de hectáreas que se encontraban actualizadas cuando empezó el gobierno, lo que representa el 9,6 por ciento del área geográfica del país, se pasó en el 2023 a 14 millones de hectáreas, lo que supone un aumento al 12,40 por ciento.

Quedaron actualizados municipios de Cundinamarca o Boyacá en los que no se había entrado hace décadas, como Gachancipá, Socotá o Betéitiva, y territorios de departamentos del norte del país como Córdoba, Sucre, Bolívar o César priorizados para la compra de tierras de la reforma.

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Para este año, su director Gustavo Marulanda cuenta que trabajan a toda marcha para completar la actualización de otras 30 millones de hectáreas para un total de 44 millones, es decir, el 55 por ciento de la meta de 80 millones. 

“Estamos trabajando para triplicar las cifras. En estos momentos, adelantamos el proceso de actualización de 57 millones de hectáreas, pero finalizaremos el año con 30 y las restantes 27 las entregaremos en el 2025. Nos estamos centrando en dos focos: los núcleos de la reforma agraria y las zonas estratégicas en partes de la Amazonía y Orinoquía donde hay que hacer mucha conservación del territorio”, señaló. 

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En total, en el Plan Nacional de Desarrollo se trazó la meta de llegar al 70 por ciento de la actualización catastral con enfoque multipropósito de cara al 2026, lo que implica actualizar de manera física, jurídica y económica 80 millones de hectáreas repartidas en 660 municipios del país.

Sin embargo, Marulanda no se atreve a proyectar cuántas hectáreas adicionales entrarían en operación y se actualizarían en 2025 y 2026 debido a que dependen del presupuesto que les vayan asignando. Si bien en este 2024 les concedieron alrededor de un billón de pesos, la cuota de recursos de inversión informada para 2025 financiarían los municipios en operación a la fecha, sin certeza de cuántos recursos tendrán definitivamente para los próximos años. “Dependemos de las asignaciones presupuestales año a año. Para el 2025, solicitamos 1,8 billones de pesos”, sostuvo.

Adicional a ello, son claves los recursos internacionales que han ido llegando al catastro multipropósito a través de diferentes actores. Destacan algunos organismos como la Agencia sa del Desarrollo, el gobierno alemán y el coreano. Con este último, están cerrando una ayuda de 7 millones de dólares para crear un centro de capacitación que permita generar competencias entre la población de los territorios.

Un efecto inmediato de la actualización catastral del Igac está siendo la puesta al día de las bases de liquidación de los impuestos de las istraciones locales a través del predial.

El problema es que como muchos lugares llevaban décadas sin actualizar ha habido casos en los que el impuesto se ha disparado de un año a otro, incluso con incrementos de hasta 1.000 por ciento por la ausencia de medidas de mitigación del impacto tributario. Esta situación ha ocurrido en algunos municipios de Cundinamarca como Fusagasugá, Facatativá, Villeta o Soacha, o del Meta como Villavicencio, donde incluso se han presentado protestas en los últimos meses.

Para mitigar el golpe, en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca ponerle límites al aumento que puede tener el predial cuando se actualiza el valor catastral de los predios. Según el documento que fue aprobado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el impuesto predial no podrá subir más de 30 por ciento en los predios urbanos y rurales cuyo avalúo sea menor o igual a 135 salarios mínimos, lo que para este año es de 175,5 millones de pesos. 

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“Uno de los temas que estaba teniendo presión ciudadana es que subía mucho el predial, algo que se busca mitigar con este proyecto. Además, la actualización también servirá para tener protección jurídica y saber quiénes son los propietarios de la tierra, al igual que distribuir las ayudas o hacer una mejor gestión del riesgo”, explicó Marulanda.

En total, según la entidad, el recaudo del predial llegó el año pasado a 11 billones de pesos; sin embargo, el 70 por ciento está concentrado en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y en otras apenas se cobra el impuesto.

“Con alrededor de 2,5 millones de predios, la capital recauda casi el 40 por ciento del predial del país. Si se mejorara la eficiencia, las finanzas locales podrían tener hasta 3 billones de pesos más”, señala el director del Igac.

Adicional a ello, el recaudo del predial es de solo el 0,8 por ciento del PIB cuando en países de la Ocde es superior al 1,2 o 1,3 por ciento.

Porque es una muestra del compromiso del gobierno por cumplir el Acuerdo de Paz y nos han asignado los recursos que el catastro requiere para poder avanzar. Si bien en los últimos 10 años el Igac recibió alrededor 1,2 billones de pesos en total, unos 100.000 millones de pesos por año, ahora nos dieron un billón de pesos de golpe. Por tanto, la voluntad política está reflejada en el presupuesto. Adicional a ello, hemos venido fortaleciendo las capacidades de la entidad y trabajando en el componente social para que los ciudadanos también participen.

La tecnología, la ciencia de datos y la inteligencia artificial son claves a la hora de ayudar con el conteo del territorio. Hay que potenciar estos insumos para hacer más rápido el catastro sin perder los niveles de calidad y de precisión que requieren este tipo de trabajos. Además, es muy importante trabajar de la mano de las comunidades. Se trata de una combinación adecuada entre métodos directos, con la visita a predios puntuales, e indirectos con todo este tipo de tecnologías, además colaborativos y declarativos. Si bien hay zonas donde es bastante complejo hacer el barrido predio a predio, se encuentran imágenes satelitales, de aviones y otros instrumentos que rápidamente nos permiten encontrar con precisión lo que ocurre en el territorio.

El catastro está sujeto a temas de seguridad y de orden público, que a veces no nos permiten entrar en el territorio. Igualmente, se nos complica la operación por las condiciones climáticas, sobre todo, en las zonas rurales más apartadas, que estamos solventando con métodos indirectos. También, por ejemplo, en el Amazonas tenemos que firmar un decreto para tener consultas previas con la comunidad indígena, o hay que resaltar que en muchas zonas no conseguimos el equipo técnico necesario para hacer la tarea.