Crímenes Lgbtiq+: las contradictorias cifras entre el Estado y las organizaciones sociales

El pasado 22 de mayo, la lideresa social Nawar Jiménez fue víctima de trans feminicidio en Bolívar. Era una mujer que había dedicado su vida a la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+. Caminó junto a No Es Hora De Callar en su sexto retorno simbólico, una marcha en la que participaron más de 500 mujeres víctimas de violencia sexual. 

Yirley Velasco, amiga de Nawar y lideresa social, la recuerda como una mujer fuerte y extrovertida que se apersonó de la lucha por los derechos de las personas trans en Carmen de Bolívar. Hoy, han pasado más de 19 días desde su asesinato y el interrogante sobre la claridad de lo que ocurrió sigue presente. “Para mí todavía está reinando el silencio”.

Y ese silencio que rodea a los hechos criminales que afectan a la comunidad LGBTIQ+ no solo se siente en la impunidad, sino en la incapacidad actual de determinar con certeza la realidad de este fenómeno.

Cifras que no concuerdan, falta de metodología clara para determinar en qué casos se trata realmente de crímenes o ataques de odio y ausencia de procesos estandarizados en las investigaciones son algunos de los problemas que enfrenta el estudio y análisis de los ataques contra la comunidad LGBTIQ+ en Colombia.

Información analizada por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, suministrada por la Dirección de Políticas y Estrategias de la Fiscalía General de la Nación y que reposa en las páginas oficiales de datos abiertos de Colombia, registró entre enero de 2010 y mayo de 2025 un total de 3322 homicidios dolosos contra personas identificadas como de la comunidad diversa. Para 2024, la entidad registró en su base de datos 431 homicidios dolosos.

La cifra es alarmante y por tratarse de los datos oficiales, debería ser la pauta para tener en cuenta a la hora de tomar medidas y acciones para evitar que el flagelo siga creciendo. Sin embargo, expertos y organizaciones sociales especializadas que desde hace varios años le siguen la pista a la vulneración de derechos contra las personas LGBTIQ+, cuestionan no solo el dato, sino su metodología.

Caribe Afirmativo, organismo ciudadano que recopila y expone información sobre la diversidad sexual en el país , registró en su informe ‘Con permiso para despreciar’ un total de 164 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia durante 2024, es decir, 267 casos menos que lo estipulado por la Fiscalía en el mismo período.

Esta brecha, a juicio de expertos, expone una falta de rigor por parte de las dependencias de la Fiscalía al momento de categorizar a las víctimas. Y el desbalance no sólo está presente en los homicidios, sino que también delitos sexuales, actos de discriminación y violencia intrafamiliar.

Cristian De la Rosa, coordinador de procesos comunitarios y seguridad de Caribe Afirmativo, critica los mecanismos metodológicos de las entidades del Estado porque no cuentan con variables claras en sus sistemas de información, pieza clave para registrar las violencias hacia los grupos minoritarios, como la comunidad LGBTIQ+.

"Los fiscales no están realizando una caracterización adecuada de los hechos y eso se debe a los propios problemas que tiene el sistema en cuanto se refiere a investigación", expone De la Rosa.

Esos problemas metodológicos, coincidieron los analistas consultados por este medio, podrían generar una falsa alarma que no corresponde con la realidad de los casos. Por ejemplo, en los datos de la Fiscalía, los hurtos representan el 32 por ciento del total de delitos registrados desde 2010 hasta mayo de 2025 (más de 60.000 casos) hacia la población diversa.

Sin embargo, no se especifica si estos están relacionados directamente con la orientación sexual o identidad de género de la víctima (con un propósito de intimidación) o sólo es un registro no correlacionado.

Incluso, la diferencia se puede ver entre áreas de la propia Fiscalía. Datos recolectados de otra dependencia de la entidad, revelan que en lo corrido del año 2025 se han presentado 39 homicidios en contra de personas de la comunidad, en su mayoría hombres gay y mujeres trans. 

Pero la base del área de Políticas y Estrategia registra una cifra de 156 homicidios dolosos desde enero a corte del mes de mayo, lo que marca una diferencia de 117 delitos entre los datos.

Con picos en los datos que llegan a tener crecimiento en cientos durante los años, el problema parece estar dirigido hacia el cómo y quién clasifica la información. Organizaciones sociales señalan una invisibilización de las violencias hacia las mujeres lesbianas y bisexuales, correlacionando el hecho a la nula categorización específica de los registros, haciendo un llamado al “borramiento” de las orientaciones sexuales en los datos.

“Es difícil recopilar la información, porque al no haber un sistema unificado de esta, cada entidad maneja sus cifras. Esto genera una falencia institucional y estatal, ya que compilar la información es una obligación del Estado que se encuentra ratificada por convenios internacionales”, señala Katrim de la Hoz, subdirectora de Caribe Afirmativo, quien también comenta que el boletín de la organización sobre las violencias LGBTIQ+ de 2023 se llamó ‘Incontables’, debido a las dificultades en el rastreo y de los datos. “No tenemos un sistema unificado, ni confiable, de la información”, añade.

La información de la propia base de datos de la Fiscalía, la cual sólo cuenta con una categoría para clasificar a la población LGBTIQ+ en un marco de sí o no, corresponde a los intervinientes bajo el parámetro de orientación sexual (gay, lesbiana, bisexual, asexual), identidad de género diversa (mujer trans, hombre trans), diferencias en el registro de sexo (masculino, femenino) e identidad de género (hombre, mujer).

Lo anterior, señalado según lo expuesto en el conjunto de datos, está contemplado como la “marcación genérica de la calidad de la víctima ‘población Lgbti’”. 

Beldys Hernández, abogada de Colombia Diversa, señala que una de las falencias en el proceso radica en el desconocimiento por parte de los funcionarios que categorizan los casos. “No han acabado de comprender qué es una persona trans, qué es una persona sexualmente diversa y entonces van señalando un poco arbitrariamente de acuerdo a lo que ellos concluyen”.

Además, Hernández enfatiza la importancia de datos claros y correctamente clasificados para proteger los derechos de la población sexualmente diversa. “Insistimos —desde Colombia Diversa— en la necesidad de datos diferenciados, no para contar muertos, sino para prevenir la violencia y salvar vidas”.

Yirley, que también es representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, organización que trabaja con sobrevivientes de violencia sexual de la masacre del Salado señala que “el miedo es a seguir siendo víctimas de todos los tipos de violencia, pero sobre todo al abandono estatal. Estas chicas no tienen ninguna garantía”.

Agrega que ha enfrentado estigmatizaciones permanentes por su trabajo y su relación con la comunidad, aún cuando no tiene una identidad diversa. Para ella, los funcionarios públicos han sido los primeros en ponerles etiquetas.

Cuando sucede un hecho de violencia, la responsabilidad inicial de la categorización corresponde a las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, de la mano con equipos de la Policía Judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

En el caso de los homicidios, se realiza un proceso con el cuerpo para un primer informe de los hechos ocurridos antes de llegar a Medicina Legal. En ese momento, se lleva a cabo una caracterización para investigar si la víctima era parte de la población LGBTIQ+ y si es un crimen de odio.

Los expertos indican que para categorizar los hechos, se realizan entrevistas a los allegados de la víctima, comprendiendo a estos como familiares con consanguinidad o familias sociales. “Puede ser que el hecho violento no se encuentre motivado por la orientación sexual e identidad de género”, dice uno de los expertos.

Sin embargo, De la Rosa, de Caribe Afirmativo, señala que para los fiscales el hecho de comprobar el elemento subjetivo que establece, por ejemplo, el delito de feminicidio (que la violencia se realizó en razón de la identidad de género), les cuesta y deciden irse más por un homicidio agravado por cualquier causal. 

Además, De la Hoz aclara que, desde Caribe Afirmativo, la recolección de datos se construye a través del cruce de información de diversas entidades; no obstante, la tarea es compleja en la medida de que la propia información de las unidades gubernamentales cuenta con falencias al momento de categorizar los casos.

Fuentes cercanas al proceso de la Fiscalía, sintetizan la gestión: “En una primera etapa preliminar del proceso, durante la fase de indagación y antes de formalizar la imputación, es decir, antes de atribuir responsabilidad penal a una persona individualizada, ya debe haber claridad sobre la orientación sexual y la identidad de género de la víctima. Saberlo es relevante. Sin embargo, no en todos los casos de violencia que investiga la Fiscalía este aspecto resulta central, ya que no siempre guarda relación directa con el curso de la investigación”, mencionan.

Aún así, el Estado aún contempla una deuda al no poner en práctica el sistema unificado de registro de violencia y discriminación, a cargo del Ministerio de la Igualdad y establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, dicha unidad istrativa, creada en el gobierno Petro, no ha implementado la medida. La consecuencia radica en que cada institución tiene su propia forma de sistematizar los datos.

Pero para las víctimas y sus allegados, el problema también debe pasar por la educación, tal como lo consideró Tito Buelvas, persona no binaria y quien era uno de los amigos más cercanos de Nawar: “Hemos hecho demasiada pedagogía en temas de expresiones e identidades de género diversas en este territorio, pero nunca nos ha servido porque la problemática más grande radica en los funcionarios públicos. Estos son cambiados cada tres o cada seis meses. Entonces nos toca iniciar un trabajo nuevo, una apuesta nueva que nos permita seguir trabajando y que la gente siga aceptando”.

Todos los recuerdos de la infancia de Sydney Páez están salpicados de escenas de violencia y de dolor. Reconoció su orientación sexual muy jóven. Sin embargo, ese entendimiento sobre quién es la expuso a un entorno cruel, donde amar a alguien de su mismo sexo era motivo de burlas y golpes.

En su niñez, Sydney no encontró las herramientas para entender su identidad de género. Hoy en día, tras reconocerse y aceptarse como mujer, las violencias se han expandido. No puede caminar por las calles de Bogotá sin recibir insultos por su ropa y su maquillaje. El miedo hace parte de su diario vivir.  

“Tengo miedo todo el tiempo. Me da miedo vivir mi vida en el trabajo. Me da miedo ponerme demasiado femenina un día y que me griten o me golpeen. Me da miedo pensar que la expectativa de vida son 34 años, que me quedan 10 y que yo no sé si voy a llegar”, afirma con voz temblorosa.

Aunque cree en la posibilidad de que haya un cambio, no niega la dificultad de que este exista en un país como Colombia, pues para ella, todo nace de la educación a las infancias. “Es un bucle infinito de gente ignorante que no quiere educación, que se encarga todos los días de que los niños no la tengan. Los derechos humanos no se debaten, mi vida no es un debate. Quiero vivir una vida larga y feliz, tengo sueños que quiero cumplir”, asegura.