La tragedia por los indígenas awá desaparecidos a manos de las Farc

Marina Urbano no deja de mirar la puerta de su vivienda. Si su hija Cristina Yamilé cruzara la entrada no vería a la niña awá, de 13 años, que crecía con ella, su padre y sus tres hermanos cuando les fue arrebatada.

Se encontrarían con una mujer, de 33 años, a quien guerrilleros de las Farc se llevaron de su casa, al parecer, para reclutarla en sus filas. Todo ocurrió en cercanías de la frontera con Ecuador.

Aunque a lo largo de los últimos 20 años les han llegado versiones que indican que Cristina no volverá porque habría sido asesinada, la familia no ha tenido nunca confirmación sobre la existencia de un cuerpo enterrado en algún lugar.

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“¿Por qué se la llevaron? Era apenas una niña. Estaba con nosotros y luego no se supo nada”, comenta uno de sus familiares. No da su nombre, como muchos de los awá, por el miedo latente a los grupos armados. Y asegura que no han recibido apoyo del Estado para dar con el paradero de la joven en estas dos décadas. “Seguimos con esperanza de que vuelva”, comenta.

La misma situación les ocurre a familiares y allegados de Efrén Pascal Nastacuás, Herminsul Pascuala y Hernando García, retenidos por guerrilleros entre 2002 y 2006. Todos ellos también son awá que viven en la región de 11 cabildos indígenas de los municipios Ricaurte y Barbacoas.

Los awá, que en su lengua —awapit— significa ‘la gente de la selva’ o los ‘hijos de la montaña’, llevan dos décadas de derramamientos de sangre por la guerra en esta zona del suroeste del país, conformada por 340.000 hectáreas de bosques. Una guerra que no se detiene. Los actores armados han cambiado de nombre y el horror por las desapariciones, los reclutamientos de menores de edad y los asesinatos siguen latentes. 

No importa si ya hoy no están las Farc, luego de los acuerdos en La Habana. Hay disidencias de esta guerrilla que se disputan a sangre y fuego el territorio con paramilitares, el Eln y grupos de narcotraficantes, cuyos pelotones están armados hasta los dientes. El dolor, la espera y la zozobra son las mismas y se volvieron cotidianos. 

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Allí, Marina Urbano no ha dejado de recorrer la zona de donde tuvo que salir huyendo hace 22 años en el resguardo Magüí, del cabildo Vegas, desde que su hija Cristina Yamilé desapareció cuando iba a su escuela a estudiar en las primeras horas de aquel 5 de enero de 2002.

Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en la época de dicha desaparición, Ricaurte —que hoy completa 18.000 awá entre más de 20.000 de habitantes en todo este municipio en el borde entre Colombia y Ecuador—, vivió una cruel tragedia por cuenta de las más de 30 víctimas que perdieron extremidades al pisar minas antipersona.

También por los más de 500 homicidios entre Ricaurte y Tumaco —otro de los municipios nariñenses afectados— y por incontables violaciones de niñas y mujeres, y por el reclutamiento de menores de edad y jóvenes por parte de las Farc y demás grupos armados ilegales.

A su vez, en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) contabilizan más de 150 desaparecidos a manos de las Farc, entre 1990 y 2006, en esta zona del país.

Sin embargo, también señalan que el Ejército habría cometido presuntos abusos y violaciones de derechos humanos en la zona. No obstante, en las Fuerzas Militares han venido negando tales acciones.

Las desapariciones continuaron. Dos años después, en la madrugada del 24 de octubre de 2004, hombres de la entonces guerrilla de las Farc, pertenecientes al ‘Frente 29’, violentaron la entrada de la vivienda de Efrén Pascal, entonces gobernador awá del resguardo Kuambí Yalasbí, en el también cabildo Vegas.

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Ese domingo lo sacaron por la fuerza, a él y a su esposa, para llevarlos a una zona empinada entre las montañas que colindan con su morada, también en tierras de Ricaurte. Unas horas después, la cónyuge de Pascal fue liberada, pero su pareja no corrió igual suerte. 

Cuentan en la Unipa que Pascal Nastacuás siempre veló por la defensa de los territorios de sus comunidades ante los grupos armados. Buscaba que todos los suyos fueran escuchados, insistiendo en que la Tierra es sagrada para ellos.

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Efrén, que tendría unos 30 años cuando fue secuestrado, era quien mantenía unida a la población de Kuambí Yalasbí. A él le consultaban desde cómo lograr más animales de campo en las parcelas, cómo sembrar papa, plátano o café, o cómo y dónde serían los encuentros comunitarios para celebraciones y toma de decisiones. Era la voz de los awá. Así que la angustia lo desbordó todo cuando al resguardo llegó la versión de su asesinato.

La comunidad se enardeció y conformó una comisión de indígenas que decidió arriesgarse, tres días después del secuestro, para ir al campamento que tenía el ‘Frente 29’, en aquel 2004, entre Ricaurte y Barbacoas. Hubo mucha insistencia para lograr que les permitieran acceder al sitio, para que no les dispararan a su llegada.

“Lo logramos. Se preguntó dónde estaba. Si estaba vivo o muerto. Cómo lo tenían y si estaba vivo que lo liberaran bien”, dicen hoy en la Unipa.

Sin embargo, la única respuesta que recibieron fueron palabras vanas. “Dijeron que solo el Secretariado podía autorizar decir qué pasó”, expresan. 

Luego, los guerrilleros afirmaron que Pascal habría sido asesinado “por un lamentable error” y que su cuerpo habría quedado abandonado entre las montañas cercanas de Ecuador.

Con el alma deshecha y las manos vacías, los indígenas bajaron al resguardo sin llevar alentadoras noticias. Querían conservar la esperanza de que no fuera cierto. Una esperanza que se avivó, de nuevo, cuando ese mismo 27 de octubre de 2004, el entonces defensor del Pueblo de Nariño, Edgardo Maya Aguirre, desmintió esa afirmación al asegurar que seguía vivo y que se clamaba por su regreso sano y salvo. 

Pese a que ya han transcurrido 18 años desde el plagio de Pascal, los awá de Ricaurte se resisten a creer que no han muerto. Creen que está en algún recóndito paraje y por esa razón no han dejado de buscarlo ni de exigirle al Gobierno Nacional que no desista en esa gestión, aunque sientan que la indiferencia ha sido la respuesta.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha abogado también por su liberación en estas casi dos décadas. La ONU destaca: “El gobernador era un destacado líder de su comunidad que trabajó permanentemente por preservar la cultura tradicional de su etnia y de su lengua”.

También, en el 2006, el líder awá Herminsul Pascuala y el gobernador indígena de Alto Nununaldi, en Barbacoas, Hernando García, desaparecieron. Era el 9 de marzo de ese año cuando una lluvia de disparos cayó sobre la comunidad de la zona rural de Alto Nununaldi por un enfrentamiento que se desató entre del ‘Frente 29’ de las Farc y el Ejército. Desde entonces nadie volvió a ver Pascuala.

Un mes después, el gobernador awá de Alto Nununaldi fue secuestrado. Y tampoco se sabe nada sobre su paradero. También desapareció el exgobernador Manuel Arturo García, del resguardo Pialapi Pueblo Viejo, el 27 de abril de 2006, aunque sobre él sí se confirmó su asesinato.

Cansados, pero sin bajar la guardia, los awá organizaron una minga humanitaria en febrero del 2009 para ir por sus desaparecidos. Los querían vivos. O, al menos, muertos. 

En ese mes, el país se estremeció. Aquel 4 de febrero de 2009, las Farc acusaron a 11 indígenas awá —del resguardo Tortugaña Telembí, de Barbacoas, entre ellos a dos mujeres embarazadas— de colaborar con el Ejército. Pero fueron 17 los que terminaron asesinados con cuchillos y machetes, luego de que se los llevaran de sus casas. Solo ocho cuerpos fueron recuperados por la minga, pero nada se supo de los demás ni de Efrén Pascal ni de la hija de Marina Urbano o del gobernador García.

“Como pueblo de la mano de otros pueblos hermanos de Colombia, de Ecuador y de otros países se sumaron todos y por todo, porque era cuestión de dignidad”, indica la Unipa. “Han pasado 20 años, no se ha pensado en hacer una minga, pero eso no significa que ya no los sigamos buscando”, advierten en esta organización. 

Recuerdan que el horror no paraba. El 14 de septiembre de 2011, el ‘Frente 29’ de las Farc se llevó a tres de cuatro niños awá, que vivían en Barbacoas y que iban caminando por la carretera a la vereda Chanul, a su regreso de estudiar en el resguardo. El cuarto adolescente logró escapar y dar aviso a las autoridades, asegurando que escuchó disparos. Los tres niños fueron hallados enterrados en suelo de la vereda San Juan Bautista, en Barbacoas.

Por este caso se dio la primera condena en 2016 y fue contra Serafín Cortés Delgado, perteneciente al ‘Frente 29’ de la columna ‘Mariscal Sucre’. Recibió una condena 33 años y 8 meses de prisión.

Sin embargo, el exguerrillero solo llegó a pagar tres años y medio de cárcel, pues en 2018 fue trasladado a la zona veredal Mesetas que luego se convirtió en Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de esa región.

De acuerdo con la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Sala de Amnistía o Indulto realizó la audiencia de comunicación e imposición del régimen de condicionalidad al compareciente Serafín Cortés Delgado, quien sigue en ese proceso.

Pese al transcurrir del tiempo, la comunidad awá de Ricaurte y Barbacoas se ha fortalecido para sacar adelante un proyecto que les permita hacer retumbar su voz, como lo hacía el gobernador Pascal. Se trata de la Escuela de Comunicación que lleva el nombre del dirigente, una apuesta que busca fortalecer los saberes ancestrales.

Dentro de esta propuesta funciona la emisora ‘La voz de los awá’. Allí, locutores indígenas esperan que llegue el día, no importa si han transcurrido dos décadas, para dar buenas noticias, como la aparición con vida de todos aquellos que fueron arrancados de sus hogares por los violentos. 

El Plan Regional de Búsqueda del Pacífico Nariñense contempla un universo preliminar de 1.478 personas dadas por desaparecidas en todo Nariño hasta la fecha, desde hace 20 años, incluyendo los que se llevaron las Farc: una cifra que aumenta a medida que avanza la investigación humanitaria, teniendo en cuenta la dinámica del conflicto armado en el territorio.

Los municipios de Ricaurte, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mallama, Olaya Herrera, Roberto Payán, Tumaco y Santa Bárbara hacen parte del mencionado plan, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). En la misma entidad informan que en la costa Pacífica de Nariño se concentra el 52,19 por ciento del total de las desapariciones del departamento.

La directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, asegura que esa entidad tiene expectativa en que los desaparecidos sigan vivos, teniendo en cuenta que muchos fueron reclutados por la guerrilla.

“Se busca a miles de jóvenes que durante el conflicto armado no tuvieron el derecho a elegir su proyecto de vida, quizá en edad muy temprana, de 10 o 12 años, y fueron incorporados a grupos armados”, expresa la directiva, pero también recalca que en esa búsqueda se incluyen todos los ciudadano que nunca regresaron.

“No importa si era un líder social, una persona de una comunidad, un excombatiente, un miembro de la Fuerza Pública o un integrante de los grupos armados irregulares. A todos los seguimos buscando”, expresó Monzón.

CAROLINA BOHÓRQUEZ Y MAURICIO DE LA ROSA

CORRESPONSALES DE EL TIEMPO

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