¿Hacia dónde irán los recursos de las multas en Medellín?

Luego de que las autoridades metropolitanas levantaran las medidas restrictivas a la movilidad el pasado 31 de agosto, ciudadanos comenzaron a acudir a las Inspecciones de Policía para tramitar las órdenes de comparendo que les fueron impartidas durante los primeros cinco meses de la crisis sanitaria.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que, tan solo en Medellín, desde el pasado primero de abril hasta el 31 de agosto se habían emitido un total de 108.620 órdenes de comparendo. Una cifra que contiene la suma de infracciones como la violación del pico y cédula, consumo de licor, aglomeraciones y no uso del tapabocas, entre otros.

Aunque, según advierten expertos, todavía es muy pronto para hablar de un monto fijo, el pasado 31 de marzo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, abrió el debate sobre cómo se utilizarían esos recursos y anticipó los planes que tendría el gobierno local.

“Tenemos 3.724 personas multadas. Ese fondo de casi 3.000 millones lo vamos a usar en dotación médica para que los equipos médicos puedan enfrentar este reto. El dinero de los irresponsables se entregará a los héroes”, planteó el mandatario, cuando apenas iniciaba la cuarentena.

Alejandro Jiménez Ospina, abogado especialista en derecho constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, plantea que una de las claves para comprender por qué todavía es muy pronto para hablar de esos recursos está en diferenciar una orden de comparendo de una multa.

Mientras la primera alude a una orden para comparecer ante una autoridad istrativa, para que ella defina si se es acreedor de una sanción, la segunda aparece cuando la sanción ya está en firme, explica.

“Si hiciéramos un ejercicio de presupuesto multiplicando el número de órdenes de comparendo por el valor de una multa sería irresponsable en muchos sentidos. Puede ser que haya ciudadanos que demuestren que no cometieron la conducta o puede ser que haya un error. Además, luego de que la sanción quede en firme viene el proceso de cobro. Cuando se tienen esas carteras tan grandes siempre hay plata que no se logra cobrar”, advierte Jiménez.

Un elemento que se suma a este panorama es la congestión que deberán sortear las Inspecciones de Policía para resolver todos esos trámites, luego de su cierre temporal el 23 de marzo.

Tan solo hasta el pasado martes 25 de agosto, el subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, Camilo López, anunció que todas las inspecciones y el Centro de Resolución de Comparendos reabrirían sus puertas y atenderían a todas las personas que no lograron tramitar sus comparendos de forma virtual.

Esto significa que durante las primeras semanas de septiembre comenzaría a aclararse cuáles de las 108.620 órdenes de comparendo se caen, cuales se quedan en firmes y a cuánto ascenderían las multas a pagar por los infractores.

Por otra parte, después de superada esta etapa, el municipio tendrá que transitar por un borroso camino jurídico, ya que todavía no es claro si en el contexto de la emergencia sanitaria los entes territoriales tendrían la potestad para cambiar el destino de esos recursos, tal como planteó el alcalde a finales de marzo.

El constitucionalista Jiménez recuerda que en el Código de Policía quedó estipulado que el dinero que ingrese a las arcas públicas producto de los comparendos debe ser invertido específicamente en proyectos de cultura ciudadana, pedagogía y prevención.

Para salirse de esos campos, por ejemplo hacia el sector hospitalario, Jiménez propone que una de las puertas que eventualmente podrían usarse es la que abrió el decreto 461 del 22 de marzo de 2020, en donde el Gobierno Nacional autorizó a los entes territoriales hacer ajustes presupuestales en el marco de la emergencia sanitaria, incluyendo las denominadas rentas de destinación específica.

Para conocer bajo qué análisis legal la Alcaldía planea aterrizar la propuesta del alcalde Quintero y conocer cómo avanza ese recaudo este diario remitió un cuestionario a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, esa dependencia no había contestado.

El Código Nacional de Policía plantea en su artículo 180 que el dinero que se recaude por las multas deberá ser transferido a los municipios a una cuenta que haya sido creada para ese fin.

Frente a su uso, la ley establece que los recursos deben ser invertidos en proyectos pedagógicos y de prevención en seguridad.

A finales de julio, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del decreto 461 del 22 de marzo de 2020, en la que se le permite a los gobernantes locales hacer ajustes en su presupuesto en el marco de la pandemia.

Dentro de esa norma, quedó establecido que los municipios podrían usar las denominadas “rentas de destinación específica”, que corresponden a recursos con restricciones.

Para el abogado Jiménez, si se argumenta que el dinero de las multas se encuentra en ese grupo, se podría abrir una puerta para invertirlos libremente.

JACOBO BETANCUR

Para EL TIEMPO