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Cinco empresas de seguridad privada con sede en Barranquilla pierden licencias tras graves hallazgos

La Supervigilancia detectó armas sin control, vínculos sospechosos y graves omisiones istrativas.

Empresas de seguridad privada pierden licencia. Foto: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

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Leidys Rivero Martínez

SUBEDITORA10.06.2025 07:00 Actualizado: 10.06.2025 07:17

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En una actuación para el sector de la seguridad privada en el país, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión inmediata de las licencias de operación de cinco empresas con sedes principales en Barranquilla y actividad en toda la Región Caribe.

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La drástica medida es el resultado de una intervención que busca contener riesgos graves para el orden público, luego de que se identificaran irregularidades de alto impacto en el manejo de armas, la selección de personal operativo y el control istrativo de las firmas.

Las empresas intervenidas son:

Maximus Seguridad Privada Ltda.
Seguridad Privada Lost Prevention Ltda.
Atenas Seguridad Privada Ltda.
Blink Seguridad Privada Ltda.
Ol Security Group Ltda.

Todas acumulan una operación considerable en la región, con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores y 483 armas de fuego —entre pistolas, revólveres y escopetas— desplegadas en Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Hallazgos alarmantes

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Foto:EL TIEMPO

Según la Superintendencia, los operativos de control, realizados en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, permitieron identificar hechos preliminares que comprometen la transparencia y legalidad del sector.

Entre las principales irregularidades destacan:

Fallos en la trazabilidad y custodia de armas: se identificaron deficiencias en los sistemas de control que podrían haber facilitado la utilización de armamento por parte de estructuras criminales.
Vínculos de socios con el crimen organizado: en al menos una de las empresas, hay indicios de que sus socios tendrían relaciones con grupos delincuenciales, actualmente investigadas por las autoridades.
Personal con antecedentes penales: la investigación halló omisiones en los procesos de selección de personal, evidenciadas en la contratación de trabajadores con investigaciones activas por delitos de alto impacto.
Irregularidades istrativas: las empresas presentan deudas acumuladas desde 2013 con el Fondo de Vigilancia, además de no haber presentado estados financieros correspondientes al año 2019, incumpliendo normas básicas de transparencia contable.

Custodia del armamento y acompañamiento institucional

En la denuncia se asegura que varias empresas obtuvieron licencia en 24 horas. — Seguridad privada. Foto:EL TIEMPO

Como parte del proceso de intervención, la Superintendencia solicitó al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) la custodia provisional de las armas involucradas. La Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo la dirección del general Edwin Urrego, dispuso los espacios físicos adecuados para garantizar la seguridad y trazabilidad del armamento durante la suspensión.

Además, por instrucciones del procurador general de la Nación, Juan Gregorio Eljach Pacheco, el procedimiento contó con el acompañamiento permanente de la Procuraduría, que actuó como garante del debido proceso y del respeto a las garantías procesales.

"Estas acciones buscan proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurar que el sector de la vigilancia privada no sea instrumentalizado por el crimen organizado", indicó la superintendente Yenniffer Parra Moscoso.

Una estrategia interinstitucional

La intervención hace parte de una estrategia interinstitucional que busca fortalecer el control sobre el comercio y uso de armas en el país y cerrar los espacios que han permitido la infiltración del crimen organizado en el sector de la vigilancia privada.

El compromiso del Gobierno es absoluto en garantizar que los servicios de vigilancia privada se presten dentro de los marcos de la legalidad y la transparencia

Yenniffer Parra MoscosoSuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

"No podemos permitir que empresas que manejan personal armado y funciones sensibles para la seguridad ciudadana sean capturadas por intereses criminales o actúen con opacidad financiera."

Un llamado al sector

Yenniffer Parra Moscoso, superintendente de de Vigilancia y Seguridad Privada. Foto:Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La intervención envía un mensaje claro a todas las empresas de seguridad privada del país. Las autoridades insisten en que los controles se intensificarán y que cualquier firma que incurra en prácticas irregulares será objeto de sanciones ejemplares.

Por su parte, voceros del sector han pedido que se respete el debido proceso y se garantice la continuidad de los empleos legítimos, mientras se depuran las responsabilidades de las empresas investigadas.

En palabras de la Superintendencia: “El Estado no permitirá que el negocio de la seguridad sea terreno fértil para la ilegalidad ni para el fortalecimiento de las estructuras criminales.”