Estos son los cambios claves que propone el POT firmado este miércoles

La alcaldesa Claudia López finalmente se decidió por expedir el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto. 

Así las cosas, la mandataria adoptó el texto que radicó en el Concejo el 10 de septiembre pasado, y mediante una cascada de decretos irá realizando los ajustes a los temas que puedan generar alguna controversia, como lo había anticipado hace dos semanas este diario.

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La primera de esas normas, que sale junto con la del POT, es la de las áreas mínimas de las bodegas de reciclaje, tal como López se comprometió en uno de los cabildos abiertos con los recicladores.

Para llegar a esta decisión, López estuvo analizando durante casi tres semanas con su equipo jurídico las alternativas y los riesgos de cada una. Además, fueron consultados reconocidos expertos juristas. En estos análisis también participó el exalcalde Luis Eduardo Garzón, con quien, precisamente, López presenta hoy su decisión a su gabinete en pleno.

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La opción de expedir el texto original se fundamenta, básicamente, en que es la de menos riesgos jurídicos y porque ya hay jurisprudencia al respecto. La sala de consulta del Consejo de Estado se había pronunciado sobre el tema en 2013 y luego, en 2018, acogió este concepto  el Tribunal istrativo de Cundinamarca.

En dichos pronunciamientos se confirman que el Concejo tiene 90 días para pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo radicado y que una vez transcurrido ese plazo la alcaldía queda facultada para sacarlo por decreto.

De hecho, así lo establece el artículo 12 de la ley 810 de 2003, que indica: “Los concejos municipales y distritales podrán revisar y hacer ajustes a los planes de ordenamiento territoriales ya adoptados por las entidades territoriales y por iniciativa del alcalde (…) Si el Concejo no aprueba en noventa (90) días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde".

Con base en esta norma, el 2 de septiembre de 2013, la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó: “(…) Vencido el término máximo de 90 días calendario sin que el Concejo Distrital se hubiere pronunciado sobre el proyecto, esto es, sin que hubiera decidido aprobarlo o negarlo, el alcalde adquiere la facultad de adoptarlo por decreto”.

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Pero, además, la propuesta de POT de Claudia López cumplió con todos los procesos que exige la ley. Tuvo concertación con las comunidades, luego pasó la revisión de la CAR y obtuvo el concepto del Consejo Territorial de Planeación Distrital y, por último, fue radicado en el Concejo de la ciudad.

Sin embargo, en este último paso el articulado (el proyecto radicado cuenta de 608 artículos) no fue discutido ni siquiera en comisión, a consecuencia de la ola de recusaciones e impedimentos presentados, la mayoría por causa de cuatro tutelas, las cuales, finalmente, fueron negadas por los jueces.

En su decisión, la mandataria bogotana también tuvo en cuenta que los POT en Bogotá se han expedido por decreto. El primero, mediante decreto 619 de 2000, y fue revisado con el decreto 469 de 2003. Y la norma vigente fue adoptada con el decreto 190 de 2004.

Entre las opciones también estuvo sobre la mesa expedir el POT por decreto con los temas concertados con dos de los tres concejales ponentes (Germán García y Pedro Julián López concertaron las modificaciones con la istración, mientras que Nelson Cubides no llegó a un acuerdo) o incluso incorporar asuntos planteados por comunidades y gremios. Pero esta alternativa tenía más riesgos jurídicos ante eventuales demandas, debido a que esas modificaciones no habían sido discutidas en el Concejo de la ciudad.

Igualmente, la idea de volver a presentar el proyecto en 2022 fue descartada por cuanto no es seguro que, en medio de dos procesos electorales y con la expectativa de las elecciones a la alcaldía un año después, sea aprobada la propuesta. Y volverlo a presentar en 2023, el riesgo ya era que pasara lo mismo que con el proyecto de Enrique Peñalosa en 2019, cuando el Concejo decidió hundir las ponencias.

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La mandataria tiene claro que cualquiera de las alternativas que escogiera será demandada. De hecho, la exvicepresidenta del Concejo Carolina Arbeláez, quien hoy integra la lista de Cambio Radical para la Cámara de Representantes, y la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas, alegan errores e inconsistencias; incluso, que los tiempos para discutir el POT no han terminado en el cabildo distrital.

Tampoco se descarta que varios gremios que expresaron su desacuerdo y advirtieron riesgos con el texto original también demanden el decreto. Cabe recordar que Camacol Bogotá y Cundinamarca, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), la Cámara de Comercio de Bogotá, Probogotá Región y Fenalco Bogotá señalaron que se generaría "inseguridad jurídica". Incluso, la Andi y el Ministerio de Vivienda sumaron sus voces al reclamo y abogaron por un POT concertado.

Entre algunos de los temas más polémicos en la propuesta de Claudia López, y que no lograron ni siquiera ser concertados con los ponentes, están la no prolongación de corredores viales como la ALO en su tramo norte, de la avenida Boyacá hasta Chía ni la avenida Ciudad de Cali. También se encuentran la división de la ciudad en 33 UPL, los usos mixtos en los barrios, el área mínima de las viviendas, las cargas para desarrollos urbanos y los perfiles viales, entre otros. 

El POT ordena el territorio a través de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y respeta su integridad. La estructura -que se amplía en 30 %, al pasar de 95.000 a 124.000 hectáreas- es garante de los equilibrios ecosistémicos. Prima sobre todo el ordenamiento.

A través de la estructura se concretan la descarbonización de la movilidad, el reverdecimiento del espacio urbano y la territorialización del cuidado. No permite desarrollos en la reserva Thomas van der Hammen y mantiene la prolongación de las vías Suba-Cota y Boyacá; rescata la Media Luna del Sur (que conectará los parques ecológicos de los cerros orientales, el parque Entrenubes, la zona rural de Usme y de Ciudad Bolívar y el río Tunjuelito, que se recupera, y cuyas rondas serán un gran parque al lado de desarrollo urbanístico), restaura 493 hectáreas de la red de parques del río Bogotá, protege 17 humedales, y la ALO solo llegará hasta la calle 80, entre otros objetivos.

El POT plantea 45 manzanas de cuidado, que se parecerán a las que ya operan hoy.

El objetivo, según explicó López, es crear, a través del Sistema Distrital de Cuidado, “una red de equipamientos y servicios sociales para reconocer, reducir y redistribuir la carga de cuidado. Que pase de la pobreza de las mujeres al cuidado institucional para devolverles tiempo”. La planeación debe garantizar que haya servicios para las personas cuidadoras, para los niños, personas con discapacidad y mayores, y promoción de masculinidades cuidadoras.

La propuesta es habilitar suelo para 1’500.000 viviendas. Pero se estima que por efecto del POT se iniciará la construcción de 589.000 viviendas en 13 años, de las cuales más del 56 % será para la población de menores ingresos. El objetivo también es establecer las condiciones de calidad para la vivienda, así: 42 m² será el estándar mínimo de la vivienda VIP y VIS. El 30 % del área habitable total de la vivienda será para cuartos de habitación. Se propone reasentar 9.500 hogares expuestas a riesgos y hay 191,23 hectáreas son susceptibles de ser legalizadas.

Bogotá se organizará alrededor del peatón y privilegiará la movilidad férrea. Esto se traducirá en planear cinco líneas de metro (Bosa-calle 72, Suba y Engativá-calle 72, Soacha-Centro Ampliado, Usme-calle 63, calle 63-200), siete cables aéreos, dos líneas de Regiotram, 32 corredores verdes, 20 corredores de alta capacidad, 416 kilómetros adicionales de bicicarriles y 43 para cicloalamedas, 221 kilómetros de red peatonal mejorada y 171,88 hectáreas de espacios públicos peatonales renaturalizados y reverdecidos.

El POT propone la creación de 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL). La idea es que estas unidades reemplacen a las 105 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) y a las 20 localidades que existen actualmente. Las UPL recogerán las dos figuras y quedarán como organismos político-istrativos. Esa transformación se realizará en dos fases. En una primera fase, en los próximos seis años, se definirá cómo será el tránsito de UPZ a UPL y en una segunda fase, a partir de 2027 -en la próxima istración distrital-, de UPL a localidades.

Crea una figura nueva en términos de suelo: las Áreas de Grandes Servicios Metropolitanos. Son zonas que, según el POT, “permiten la integración metropolitana, regional e internacional a partir de la prestación de servicios o vinculación de funciones estratégicas y actividades económicas”. En estas áreas entran el borde aeroportuario y el Anillo Logístico de Occidente, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Zona Industrial de Bogotá en Puente Aranda, el Parque industrial San Benito, la Zona Industrial La Factoría, entre otros.

El POT plantea la realización de equipamientos de seguridad, como cárceles, URI, Centros de Traslado por Protección (CTP) y casas de justicia, donde se necesiten. Está previsto construir un ciudadela carcelaria en la zona de la cárcel La Picota. Allí se trasladarán El Buen Pastor, La Modelo y se construirá una nueva Cárcel Distrital. También se contemplan cuatro URI adicionales, dos centros de justicia restaurativa para jóvenes, dos CTP y siete casas de justicia. La idea de estas últimas es que funcionen como en el caso de Ciudad Bolívar, donde todos los servicios están en un mismo sitio.

El POT prevé una Estructura Integradora de Patrimonios que funciona como una ‘capa’ que mapea y genera norma de protección para el patrimonio cultural material, inmaterial y natural. “Estamos reconociendo sectores donde existen economías con oficios tradicionales y artesanales que les dan carácter a los territorios. Este POT los localiza y genera normas para protegerlos”, explica la secretaria de Planeación, Mercedes Jaramillo. Por ejemplo, aunque la zona esté en renovación urbana, los usos y las tradiciones se deben mantener.

Estos son seis puntos que dividen opiniones del plan de ordenamiento territorial radicado en el Concejo de Bogotá. Expertos, académicos y gremios analizan los puntos más polémicos.

La reforma del Estatuto de Bogotá establece que las UPL (unidad de planeamiento local) las definirá el POT, tanto en área como en competencias; eso es una ley acaballándose en un POT (la propuesta las aumenta de 20 a 33). Pero ¿qué podrán hacer las UPL si el plan ya reglamentó todo? Tampoco se puede hablar de una división con base en el número de población, porque las dinámicas sociodemográficas en la ciudad son altamente heterogéneas. Hay localidades con una tasa de crecimiento poblacional positiva, pero otras son negativas.

Además, así como hay localidades muy grandes, como Kennedy y Suba, que se deben dividir, también hay muy pequeñas, como La Candelaria, con una identidad muy clara. Incorporarles otras es perder unos valores socioculturales muy arraigados. En la división de la ciudad no hay que mirar solo el número de habitantes, sino los valores sociodemográficos y antropológicos, y eso es un tema complejo. Lo de las UPL merece una reforma más profunda.

Sociedad de Mejoras y Ornato

El problema no son las cargas para los desarrollos urbanos ni el área mínima de las viviendas –aunque lo sería en el caso de las VIS con subsidio, porque el monto es el mismo aun si el área se reduce– sino la densidad.

Cuando a un constructor le dicen que debe dejar espacio público por cada persona adicional, y el espacio que se genera es menos de 1 m² por persona, como propone el POT, lo que se crea es un problema urbano. Si antes, por ejemplo, en un lote se podían construir 10 apartamentos y ahora se pueden hacer 20, es mejor para el constructor porque va a ganar más, pero no para la ciudad. No importa cuánta carga se impongan, el tema es que hay sitios, como los aledaños a los corredores de TransMilenio, en los que si no se resuelven el espacio público y los servicios (salud, educación y transporte), la carga termina siendo terrible, porque se tendrían más personas viviendo en una zona, pero menos espacio público, menos servicios y menos equipamientos.

Urbanista y docente universitario

El POT establece dos clasificaciones para los barrios: residenciales netos, y ahí quedan apenas 11 de los 1.922 que existen en la ciudad, y residencial con tratamiento de proximidad. Este es el caso de La Esmeralda.

El tratamiento de proximidad significa que dentro del barrio se puede establecer cualquier negocio, pero no necesitamos más comercio, ya en la periferia (en las calles 44, 53, 50 y 60) tenemos zonas comerciales y de servicios. Aunque lo consideran un bosque urbano, porque está rodeado de naturaleza, y su arquitectura, de casas con antejardín, es parte de la historia de la ciudad, no lo tratan de preservar.

Es una renovación silenciosa en la que podemos pasar de predominantemente residencial a predominantemente comercial. Y, además, se está abriendo la puerta para que, con el tiempo, La Esmeralda sea impactada por la renovación del CAN. Lo que pedimos es que nos ayuden a conservarlo tal y como está, que las áreas de comercio, de bienes y servicios estén en la periferia.

Presidenta de la JAC de La Esmeralda.

En el POT se establecen unas normas que no se pueden cumplir. Nos exigen que las bodegas de reciclaje tengan mínimo 500 m² y estén en áreas industriales y no dentro de zonas residenciales. Es difícil conseguir una bodega con esas especificaciones, y si la hay, los costos son muy altos. Hoy se cumple con la normatividad actual, pero con los parámetros del nuevo POT se desplazarían casi el 80 o 90 % de las bodegas. Estamos reciclando entre el 15 y el 18 % de la basura que produce la ciudad, y eso ya no va al relleno Doña Juana, pero si salen las bodegas, se enterrará más basura en el relleno y serán muchos los recicladores desempleados.

Pedimos que se concilie y que en ese diálogo se incluyan a las JAC, ambientalistas y gremios. En la Alcaldía nos han escuchado (les ofreció reducir el área de las bodegas y crear un fondo de compensación y un plazo de dos años), pero faltan infraestructura y más apoyo para que se pueda reciclar más y mitigar más el impacto del relleno.

Líder de la asociación de recicladores M y M Universal.

Es preocupante y grave para el desarrollo de Bogotá que se elimine de tajo la continuación de las reservas viales para la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y la avenida Ciudad de Cali. Es impensable que el tráfico de la ALO, en su tramo norte, vaya por Devisab (concesión vial departamental), pues esta carretera no tiene la capacidad de la ALO, con una cesión de 100 metros, que puede ser una vía de 10 carriles y aceras de 15 metros.

Los desafíos de la ALO Norte son los impactos ambientales, a causa de su paso por los humedales Tibabuyes y La Conejera, el bosque Las Mercedes y la afectación a la reserva Van der Hammen y a la zona rural de Suba. En Bogotá hay ejemplos de que es posible la convivencia de la infraestructura y el medioambiente. En proyectos como la autopista Norte, los diseños prevén la elevación mediante un par de viaductos, en su transcurrir por los humedales de Torca y Guaymaral. Y el trazado de la línea 2 del Metro, que pasa sobre el humedal de Tibabuyes.

Presidente de la CCI

El modelo de ciudad planteado, si bien se expone con un objetivo loable de lograr la ciudad de los 30 minutos, tiene serias dificultades para concretarse, puesto que disminuir el suelo urbano y el suelo de expansión dificulta el desarrollo para responder a las necesidades para más de un millón de hogares, que es el reto que se ha identificado en línea con las perspectivas de crecimiento poblacional del Dane.

Según la propuesta de la istración, la ciudad estará en capacidad para atender las necesidades de solo 589.000, lo que deja corta a la ciudad en temas de vivienda, espacio público, transporte, nuevas vías. Adicional a esto, las metas de vivienda se soportan principalmente en el tratamiento de renovación urbana, un mecanismo que en Bogotá no ha logrado ser efectivo. Aunque en los últimos 11 años se han aprobado 17 planes parciales en este tratamiento, solo se han logrado iniciar obras en tres de ellos, sumando en más de una década un poco más de 1.200 unidades de vivienda, lo que genera incertidumbre que en los próximos doce años se logren las 347.000 que se plantean en este tratamiento.

La preocupación respecto a la norma urbana radica en que el incremento desproporcionado de las cargas urbanísticas y la intervención en el mercado inmobiliario (limitación de áreas de vivienda, la imposibilidad de hacer viviendas de una sola habitación y la obligación de destinar un porcentaje del área construida para uso comerciales) terminan por afectar el cierre financiero de los proyectos. Eso se representa dificultades para la generación de vivienda social; es decir, para las familias que más necesitan una solución, y con ello para la generación de espacio público y equipamientos urbanos, así como la generación de empleo y los recursos que tanto requiere la ciudad para las obras de desarrollo.

Gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24

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