Alcaldesa se la jugaría por un POT vía decreto

Razones de “necesidad” para la ciudad y de conveniencia política habrían llevado a la alcaldesa Claudia López a tomar la decisión de expedir en las próximas horas el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto.

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La iniciativa, que no fue discutida en el Concejo durante los 90 días reglamentarios a raíz de una estrategia para obstaculizar el debate a través de impedimentos, recusaciones y tutelas –durante ese lapso sumaron 133 recursos– que hicieron inviable su discusión, quedó en manos de la mandataria, quien ahora adoptaría el POT original con ajustes que se harían, posteriormente, también por la vía de más decretos.

Fuentes cercanas a la istración Distrital revelaron que López ha venido –desde el día siguiente que se vencieron los términos en el cabildo distrital– adelantando una serie de consultas con reconocidos juristas, quienes le habrían asegurado que puede decretar el Plan de Ordenamiento y “expedir decretos posteriores de desarrollo” para subsanar los errores posibles que contenga la norma.

Por ejemplo, vía decreto intentará apaciguar el inconformismo de los recicladores, que han expresado su malestar porque el POT original les exige que sus estaciones de clasificación y aprovechamiento y bodegas de reciclaje tengan mínimo 500 m² y estén localizadas en áreas industriales y no dentro de zonas residenciales. De hecho, la propia alcaldesa, luego de un cabildo abierto, se comprometió con este sector a “quitar” el mínimo de área. “El reciclaje seguirá siendo una actividad protegida y digna de la ciudad de Bogotá”, dijo.

En la misma dirección se intentará no dejar dudas en cuanto a la redistribución de las zonas de proximidad y residenciales, las cuales, además, no tendrán actividades económicas de alto impacto (establecimientos nocturnos), como se llegó a especular y que generó una fuerte reacción de la mandataria.

Aunque se habló en su momento de que la alcaldesa podría adoptar el texto conciliado con dos de los tres ponentes (Germán García y Pedro Julián López), esto en la práctica no es posible. Con el tercer ponente, Nelson Cubides, que se llegó a considerar tenía la ponencia más cercana a la Alcaldía, no hubo finalmente a una conciliación.

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Si bien la alcaldesa está facultada por las leyes 388 de 1997 y 810 de 2003 para expedir el decreto ante la inexistencia de un pronunciamiento del cabildo distrital –tras cumplirse el pasado 8 de diciembre el plazo de 90 días–, la opción de acoger el texto acordado entre los ponentes no está en esas normas y tampoco hay jurisprudencia, con lo que es inminente el riesgo de que prosperen eventuales demandas, como lo han anticipado algunos sectores políticos y expertos.

Lo que sí resultaría viable, y esto es objeto aún de consultas –hoy sostienen una nueva reunión con un reconocido exmagistrado–, es atender las recomendaciones que salieron de los cabildos abiertos realizados el 12 y el 19 de octubre pasados.

Esto en virtud de que la ley 1757 de 2015, en el capítulo sobre el cabildo abierto, abriría la puerta para ello, como ya lo había planteado este diario. El artículo 28 de dicha norma indica que “si las respuestas dadas por los funcionarios incluyen compromisos decisorios, estos serán obligatorios y las autoridades deberán proceder a su ejecución, previo cumplimiento de las normas constitucionales y legales”.

Entre las razones políticas que ha analizado la mandataria y su equipo está que la comisión del plan quedaría en 2022 en cabeza de Colombia Humana, partido de oposición con el que López ha sostenido fuertes enfrentamientos, entre ellos por los señalamientos de que algunos de sus habrían apoyado a la primera línea en las protestas durante el paro nacional y de estar detrás de las primeras recusaciones en el trámite del POT.

En tal caso, la propuesta del plan de ordenamiento podría tener mayor resistencia si se volviera a presentar en 2022, como lo propusieron algunos concejales ante la inminente posibilidad de que el Concejo no iba a pronunciarse, lo que dejaba la vía abierta para que la norma saliera por decreto. De hecho, del petrismo en el Concejo estuvieron apoyando la opción de hundir las ponencias.

Y aunque la opción de volver a presentar el proyecto en 2022 estuvo sobre la mesa, fue descartada, no solo porque la promulgación debe comenzar de cero (primero con la concertación con comunidades y luego con la CAR, para después esperar el concepto del Consejo Territorial de Planeación y volver al Concejo), proceso que tomaría al menos ocho meses y se adelantaría en medio de las campañas a Cámara y Senado y a la Presidencia. Pero para ese momento ya estaría la expectativa de la contienda para la alcaldía en 2023 y el proyecto podría tener mayor oposición. Cabe recordar que a finales de 2019, luego de la campaña a la Alcaldía, el entonces Concejo le hundió la propuesta de POT a Enrique Peñalosa.

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Pero más allá de las razones que argumenta la mandataria, el concejal Germán García no duda de que “el gobierno (distrital) lo va a sacar por decreto”, pero expresa su preocupación porque en el texto original “solo hay errores”. Asegura que “lo más sensato sería que decretaran el pliego unificado, o pueden hacer un mix de situaciones, es decir, un poquito de esto y un poquito de lo otro. Lo que no sé es qué bueno sea jurídicamente. La ley ni lo permite ni lo prohíbe”.

El también ponente Pedro Julián López dice que lo cierto es que “el balón quedó en la cancha de la alcaldesa y es a voluntad de ella, ahí no va a haber pero que valga”. Dice que lo ideal habría sido que el proyecto hubiera cumplido su trámite, al menos en comisión, y cuenta que con la istración “se habló de todos los temas, en algunos se avanzó y en otros no, y había inamovibles”.

La concejala de Alianza Verde Lucía Bastidas, contradictora de varios temas del proyecto, considera que este POT por decreto “expulsará bogotanos a la sabana y está lejos de ser la visión de una ciudad de 30 minutos. Esto se debe a que solo generarán algo menos de 600.000 viviendas, cuando la necesidad, según el Dane, es de 1’067.000 para los próximos 12 años”.

Una opinión similar tiene Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos y quien había vaticinado que el proyecto se iba a sacar por decreto. El docente universitario piensa que aunque esta opción es legal, “no estará exenta de demandas frente al articulado. Ese escenario crea incertidumbre y desconfianza frente a la norma urbana que regirá el uso del suelo por los próximos 12 años”.

El urbanista y académico Mario Noriega piensa que la decisión de adoptar el POT por decreto muestra que la “alcaldesa no escucha” y que “nadie se atrevió a explicarle que es un documento elemental e insuficiente para manejar una ciudad de 7 millones de habitantes”. Asegura también que “ninguna de las buenas intenciones sociales se concreta en el articulado” y advierte “daños irreparables” para la ciudad.

En todo caso, con la experiencia vivida en este 2021 en el cabildo distrital con los impedimentos –la mayoría por cuenta de cuatro tutelas, todas negadas por los jueces– y recusaciones, la mandataria apoyará que el próximo año se cambie el reglamento del Concejo, a fin de evitar que a través de esos recursos se terminen torpedeando de nuevo proyectos claves para la ciudad. Este también fue el caso del presupuesto de 2022, que el viernes fue expedido por decreto.

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Los temas en los que los ponentes no llegaron a ningún acuerdo y que, según ellos, estarían en el decreto siguen siendo la no prolongación de la ALO en su tramo norte, la Ciudad de Cali y la Boyacá hasta Chía. Igual pasa con la creación de 33 UPL (unidades de planificación local) y los perfiles viales (el proyecto original establece mínimo 3 carriles en las vías nuevas y en las que sean intervenidas). Sin embargo, hay incertidumbre sobre lo que pasará con las cargas para desarrollos urbanísticos, sobre los que se había concertado que su aplicación sería de manera gradual y luego del séptimo año entrarían en rigor. Respecto al área mínima de las viviendas se habría conciliado que los 36 m² sean solo para las VIS y no para todos los tipos. En este aspecto, la alcaldesa había indicado que en las zonas de renovación iba a mantener los 42 m² en VIS.

Entre los grandes temas propuestos por la Alcaldía y que no tienen observaciones de los ponentes está la no extensión de la ciudad hacia los bordes; aumentar la densidad dentro de la misma, es decir, construir en las zonas de renovación, y la protección y ampliación de la estructura ecológica principal.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

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EDITOR DE BOGOTÁ

REDACCIÓN EL TIEMPO