Distrito entrega a Aguas de Bogotá las basuras mixtas en Doña Juana

Un nuevo capítulo se escribió ayer en la polémica entre el operador del relleno sanitario Doña Juana y el Distrito. La Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), que tiene a cargo la istración del servicio de aseo en Bogotá, decidió entregar a la empresa Aguas de Bogotá S. A. el manejo y la disposición de los llamados residuos mixtos.

La entidad puso en marcha la contratación de ese servicio hace unos días en medio del debate con el operador CGR (Centro de Gerenciamiento de Residuos) por los escombros de construcción y demoliciones y basuras que los bogotanos han botado en vías y canales –llamados también puntos críticos– y que han terminado acumulándose en el relleno.

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Anoche, la Uaesp y Aguas de Bogotá –filial de la Empresa de Acueducto de Bogotá que en la istración del alcalde Gustavo Petro fue cuestionada por la recolección de basuras en la ciudad– firmaron un convenio marco por 5 años. Bajo esa figura se protocolizó anoche un contrato interistrativo por 6 meses y un valor de $1.723 millones. Aguas de Bogotá realiza actualmente la limpieza de humedales y quebradas y la recuperación de canales.

Según la Uaesp, el objeto de este contrato es “autorizar el descargue, separación, traslado de material de rechazo y acopio de los residuos de construcción y demolición que están mezclados y provienen de los puntos críticos o clandestinos en la ciudad y que se encuentran en el patio de mixtos dentro del área que conforma el relleno o en el predio que defina la Uaesp”. Se estima que unas 180.000 toneladas se encuentran aún sin disponer adecuadamente en el botadero.

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El manejo de estos residuos, según la Uaesp, no forma parte de la concesión entregada hace 10 años a CGR para la disposición de los residuos sólidos ordinarios. Es decir, de las cerca de 6.500 toneladas diarias de basura que producen los bogotanos en sus casas y las empresas y fábricas en la ciudad.

Con la decisión de la directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, de contratar con Aguas de Bogotá el manejo de los residuos mixtos aumenta la tensión entre este y el Distrito. En efecto, EL TIEMPO pudo establecer que en la tarde de ayer, directivos de CGR, quienes ya conocían la decisión del Distrito de contratar con un tercero el manejo de las basuras mixtas, estuvieron reunidos con un grupo de abogados analizando las acciones jurídicas que adelantarán.

El último hecho en esta tirante relación ocurrió el viernes pasado, entre la 1 y las 2 de la tarde, cuando Camacho llegó al botadero, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, acompañada por un piquete de policías y no le fue permitido el ingreso en un principio, con el argumento de que, según dijo la directora de la entidad, había orden de no dejarla ingresar. Aunque finalmente pudo pasar el retén que hay en la entrada, se encontró con unas camionetas atravesadas.

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Camacho cuenta que llegó a Doña Juana acompañada de policías porque en horas de la mañana el operador CGR había impedido mover una retroexcavadora del operador del biogás que, por solicitud suya, iba a levantar viajes de escombros y basura que habían sido botados sobre la carretera de al patio de residuos mixtos. La idea de esa orden era despejar la vía para que el nuevo operador ingresara y pudiera realizar su trabajo.

La funcionaria, quien en marzo pasado fue destituida en primera instancia por la Procuraduría, por un procedimiento ocurrido en 2013 en Corporinoquia, le dijo a este diario que el manejo de los residuos mixtos no hace parte de la concesión con CGR ni se paga con la tarifa de aseo.

Señaló que en las istraciones anteriores ese servicio fue pagado a través de actas que, en su opinión, no tienen sustento legal y que por eso sostiene una controversia con CGR a raíz de una cuenta por cerca de $ 4.000 millones por el manejo de los mixtos en diciembre y enero pasados. De hecho, dijo que al final de 2019, al operador la ciudad le había pagado 21.000 millones.

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La funcionaria también afirma que CGR no ha demostrado ser un operador eficiente y que contra él hay varios procesos y reclamaciones motivadas en los informes de la interventoría, además de sanciones de la Anla y alertas de la Contraloría, la Procuraduría y la Personería. De hecho, enfrenta 26 procesos por incumplimiento en la operación del relleno.

Todo esto se suma al deslizamiento de unas 100.000 toneladas de basura que se presentó el 29 de abril en una antigua zona de disposición. Bajo su operación, además, ocurrió el alud de 2015.

EL TIEMPO ó por teléfono al representante legal de CGR, Mauricio Bernal, quien no negó lo ocurrido el viernes ni las diferencias que sostienen con la Uaesp, pero dijo que sus asesores no le permiten referirse al tema. Sin embargo, minutos después le hizo llegar a este diario un video en el que, entre otras afirmaciones, dice que “es falso que no exista un respaldo contractual para la actividad de los mixtos; el respaldo contractual existe desde el año 2014, cuando se firmó (...) un acta de acuerdo donde se establece que nosotros tenemos que ejecutar actividades con los mixtos, cómo se va a pagar y en qué consiste la actividad”.

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Bernal reitera que Luz Amanda Camacho les prohibió continuar ejecutando esa actividad y la señala de estar ocasionando una emergencia ambiental en el relleno sanitario. 

"La solución de evitar este problema de los mixtos está en manos de la directora Camacho, y es que nos permita continuar la actividad y nos pague la misma actividad con base en los recursos que posee la Uaesp...", asegura Bernal.

Este parece ser apenas un nuevo capítulo en las controversias que sostiene CGR con la Uaesp, entidad que ha señalado al operador estar incumpliendo el laudo arbitral que en 2018 lo obligó a realizar inversiones por $ 150.000 millones en celdas para la disposición final de residuos sólidos y en el tratamiento de lixiviados.

Entregar parte del esquema de aseo a un público no ha resultado bien en el pasado. En el 2012, Gustavo Petro le asignó a Aguas de Bogotá, filial de la Empresa Acueducto, las labores de aseo y se desató una crisis sanitaria el 18 de diciembre, en su primer día de operaciones. El asunto no se quedó en la imagen de Bogotá llena de basura, sino que casi le cuesta la destitución a Petro.

En el 2014, la Procuraduría lo señaló de haber tomado la decisión de asignar esa prestación del servicio a la entidad pública sin que tuviera “ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”, de haber actuado sin que hubiera “viabilidad financiera” y del escándalo de las volquetas.

Al final, Petro logró terminar su alcaldía, pero el Distrito tuvo que contratar nuevamente a los operadores privados a los que pretendió reemplazar. En el 2015, en un balance, la Superservicios dijo que el modelo público “no ha sido rentable y la prestación del servicio (recolección de basuras) acumula pérdidas”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

Con información de Ana Puentes

Redacción Bogotá