Ni viable ni conveniente

Como han coincidido expresidentes, juristas y arquitectos del histórico documento, la alusión que este hace a un gran acuerdo nacional de ninguna manera puede interpretarse como una carta blanca para efectuar un proceso de este calado. Así lo planteó el hoy senador Humberto de la Calle, quien lideró el equipo negociador gubernamental en La Habana: “No hay ninguna posibilidad de una interpretación que consista en que a través de mecanismos de declaraciones unilaterales se pueda echar al tarro de la basura la Constitución e inventarse una constituyente totalmente espuria”.
En este sentido, hay que ser enfáticos en que la única vía para reformar la carta política es a través de los tres caminos que esta misma plantea en su artículo 374. “La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo”. A su vez, el artículo 376 establece que tal asamblea solo podrá ser convocada “mediante ley aprobada por mayoría de los de una y otra Cámara” para que “el pueblo en votación popular decida si la convoca”. Luego concluye: “Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral”.

Si la intención de este gobierno es reformar la Constitución, este es el único camino posible y esto debe quedar muy claro. Es una ruta que requiere unanimidad y consensos que hoy brillan por su ausencia. Cabe aquí la comparación de lo que ocurre hoy en el país y lo que pasaba en 1990, año en que tomó vuelo la iniciativa ciudadana que terminó en la Asamblea Constituyente del año siguiente. Estudiantes, diferentes movimientos sociales y partidos políticos tradicionales, además de guerrillas recién desmovilizadas, coincidieron en que una reforma de la carta política era lo que el país necesitaba.

Hoy la realidad es muy diferente. La idea del Presidente no solo carece del apoyo de la mayoría de fuerzas políticas, valga aquí mencionar el acertado rechazo de los exmandatarios Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, sino que fue puesta en la palestra por un gobierno cuya aceptación en varias encuestas se mueve entre el 30 y el 40 por ciento. No existen ni un consenso ni un clamor popular para dar semejante paso. Aquí hay que añadir que recientes afirmaciones de figuras del Pacto Histórico en las que sugieren una intención de buscar una reelección de Gustavo Petro siembran dudas sobre cuál es, en últimas, el objetivo que se persigue al buscar una constituyente.

Es lamentable que sea justamente uno de los hitos recientes de la sociedad colombiana, el acuerdo de paz, el que termine como carne de cañón. Lo que procede es que el Gobierno revise qué ajustes debe hacer para que no sigan aumentando los retrasos en su implementación. Aquí hay una óptima hoja de ruta para los cambios que la sociedad necesita, inspirados muchos por la Constitución de 1991, que –como han coincidido tantas voces– lo que hace falta es cumplirla, no acabarla. Lo demás es distraer al país de los problemas fundamentales, que se solucionan gobernando.