Las transferencias a las regiones

La ley que cambia la manera en que se asignan las transferencias del presupuesto nacional a los gobiernos subnacionales que cursa en el Congreso ha generado revuelo. En esencia es una ley que busca mayor autonomía regional y un aumento de los recursos que se asignan al financiamiento de la educación, la salud y los servicios de agua potable y saneamiento básico en las regiones. En principio, comparto el diagnóstico y el propósito de esta ley.

Cómo asignar los recursos del presupuesto nacional sobre el territorio para impulsar el desarrollo del país y la configuración de una sociedad más igualitaria es una pregunta fundamental. Sobre todo, cuando el grueso de los recursos disponibles corresponde a la Nación y lo que reciben en impuestos los gobiernos municipales y departamentales no alcanza para cubrir los gastos más básicos en la mayoría de los casos.

¿Se necesitan más recursos en las regiones para invertir en la provisión de servicios esenciales? Sí. ¿Se necesitan gobiernos subnacionales con mayor autonomía y capacidad? Sí. ¿Es posible desarrollar autonomía y construir capacidad en la ejecución de recursos cuando no se tiene la posibilidad real de istrar un presupuesto, porque el gasto se define y ejecuta centralizadamente? No. ¿Tiene la Nación mayor capacidad que los gobiernos subnacionales para asignar el gasto local y priorizarlo de acuerdo con las necesidades locales? No. Muchas veces, decisiones importantes quedan en manos de técnicos que conocen las inflexibilidades del gasto público, pero están limitados por el sistema mismo para reconocer y dimensionar la necesidad. Para la Nación bogotana, la descentralización se materializa en unas fórmulas de asignación sofisticadas, ciegas al costo de provisión de los servicios, que al cierre de cada año se incumplen sistemáticamente. Hablo, por ejemplo, de las fórmulas con las que se asignan los recursos de la educación, basadas en el cálculo de una asignación por estudiante que es falsa, porque los recursos al final alcanzan solo para cubrir el costo de la nómina local de maestros. Como esa nómina varía en su composición, el gasto por estudiante varía ampliamente sobre el territorio.

El Gobierno Nacional hace lo que puede, pero el sistema de transferencias tiene problemas de diseño. Es cierto que desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal es razonable que las transferencias no aumenten automáticamente cada año, sin tener en cuenta el tamaño del presupuesto nacional. La reforma de 2001 cambió eso y en buena hora. Pero la solución de atar como un porcentaje del presupuesto nacional los recursos de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento también es problemática. Una desaceleración de la economía pone en riesgo el financiamiento de servicios muy básicos.

El problema que intenta resolver el proyecto de ley del Gobierno Nacional es real. Pero también es un problema complejo, imposible de resolver de un brochazo. Por una parte, no hay por dónde estirar los recursos para aumentar drásticamente las transferencias de un momento a otro. Esa magia no existe. Sería necesario acompañar una decisión como esa de cambios en la tributación y en la asignación del gasto, que por ahora no están sobre la mesa. Se vale preguntar si las ciudades más grandes tendrían que sacrificar transferencias en favor de los municipios más pequeños. Se vale también imaginar un mundo en que los gobiernos subnacionales entren en serio en la generación de recursos propios y pensar cómo se los acompaña a levantar las restricciones para hacerlo.

Por otra parte, la mayoría de los gobiernos subnacionales no tienen capacidad para proteger los recursos de las manos rapaces de los políticos corruptos y las organizaciones criminales que controlan sus territorios. Esa ha sido la excusa histórica para centralizarlo todo. Pero eso tampoco ha salido bien. Voto por intentar algo distinto, pero reconociendo la complejidad del reto, las restricciones del punto de partida y los riesgos. Moderando la ambición, para pintar reformas que sean factibles y consulten la realidad.

MARCELA MELÉNDEZ ARJONA

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