Por la posible desatención de las alertas tempranas de la Defensoría de Pueblo, sobre una eventual masacre en el municipio de Samaniego, Nariño, como ocurrió el pasado 15 de agosto cuando fueron asesinados 8 jóvenes, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios por establecer.
El órgano de control busca establecer si hubo omisiones en las actuaciones desplegadas por las autoridades, a fin de prevenir el riesgo advertido en las alertas tempranas 032 de 2019 y 018 de 2020 emitidas por la Defensoría, para evitar que la población civil fuera víctima de represalias por parte de Grupos Armados Ilegales.
En las alertas se advertía el posible peligro en el municipio de Samaniego desde el año 2019 por cuenta del Eln, que se incrementó luego de la pandemia de covid-19, ante el riesgo de enfrentamiento con otros grupos armados ilegales por el control territorial en esa parte del departamento de Nariño.
Entre las pruebas ordenadas la Procuraduría ofició a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, al Ministerio de Defensa, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, para que informen las acciones implementadas desde sus competencias para monitorear los factores de riesgo señalados por la Defensoría.
Asimismo, a la Gobernación de Nariño, la alcaldía de Samaniego y la personería municipal, el Ministerio Público les pidió informar las gestiones adelantadas con las diferentes entidades del orden nacional, regional y municipal para promover la protección de la población civil.
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