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Procuraduría investiga a la exministra del Deporte por cancelación de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla
El Ministerio Público recuerda que la Alcaldía pagó 2 millones de dólares a Panam Sports por la organización de los juegos y estos dineros siguen embolatados.
La exministra del Deporte, Astrid Rodriguez en entrevista para El Tiempo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo
PeriodistaActualizado:
La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso decisivo en el caso que involucra a la exministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, emitiendo un pliego de cargos por el presunto incumplimiento de obligaciones clave con la Organización Deportiva Panamericana.
Este incumplimiento, según lo expuesto por la entidad investigadora, habría resultado en la rescisión del contrato para albergar los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla.
La Sala Disciplinaria de Instrucción ha indicado que tanto Rodríguez Cortés como el secretario general de la cartera, Luis David Garzón Chaves, fueron incluidos en el expediente disciplinario.
Se alega que ambos habrían permitido el incremento injustificado del patrimonio de a la empresa Panam Sports a costa de la ciudad, sumando una pérdida estimada en 2 millones 250 mil dólares. Estos fondos, pagados por la Alcaldía como parte del acuerdo, no habrían sido honrados debido al impago del Ministerio del Deporte.
La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto:Prensa Alcaldía Barranquilla
La actuación disciplinaria también señala que la exministra podría haber quebrantado principios fundamentales de la función pública, como la eficacia, diligencia y celeridad, al decidir el 27 de diciembre de 2023 no firmar el contrato acordado. "Este contrato comprometía al Ministerio a cumplir con un plan de pagos establecido, el cual no fue llevado a cabo", señala la Procuraduría.
En cuanto al secretario general, se le imputa haber vulnerado el principio de eficacia al supuestamente detener el proceso contractual para modificar la forma de pago a través de un acto istrativo, impactando negativamente la imagen y credibilidad del Estado colombiano.
La Procuraduría argumenta que ambos funcionarios actuaron consciente y voluntariamente, ignorando las advertencias sobre las graves consecuencias de incumplir con el contrato ciudad. Por esta razón, se ha calificado provisionalmente la conducta de Rodríguez Cortés y Garzón Chaves como falta gravísima cometida a título de dolo.
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