El conflicto armado y los cultivos de coca aumentan la deforestación

Un estudio dirigido por la Universidad de Queensland, en Australia, y publicado ayer en la revista Conservation Biology, señala que el aumento en la intensidad del conflicto armado colombiano y la proximidad a los cultivos de coca se relacionan con una mayor deforestación.

Tumaco, en Nariño; Orito, en Putumayo, y Catatumbo, en Norte de Santander, así como las montañas de la Macarena, la Sierra Nevada de Santa Marta y San Lucas, todas áreas de alta biodiversidad e importancia para la conservación, fueron los puntos más afectados.

Lo que hicieron los investigadores fue analizar los patrones de deforestación entre 2000 y 2015, con 17 variables aterrizadas al contexto local. Se incluyeron factores biofísicos (como la pendiente y la elevación) y factores antropogénicos (como la densidad poblacional, la minería, la explotación petrolera y la red de carreteras), también el conflicto armado y los cultivos de uso ilícito.

El objetivo era responder a tres preguntas: ¿Cómo los conflictos armados y los cultivos de coca están asociados con la deforestación? ¿Cuál es la importancia de estos dos factores en un modelo de deforestación que tiene múltiples causas? ¿Y cuál es la distribución espacial de esta deforestación inducida por el conflicto armado y los cultivos de coca?

“La proximidad a las concesiones mineras y a los pozos petroleros se asoció positivamente con la deforestación. Este patrón también se ha identificado en países como Ecuador, Brasil y República Democrática del Congo. Es probable que el desarrollo de estas industrias aumente la presión de deforestación, por lo que será crucial la planificación proactiva para evitar consecuencias catastróficas para las áreas con elevado valor de conservación”, señala la investigación.

Los expertos vieron esa misma relación con la proximidad a áreas ya deforestadas, carreteras, ríos navegables y cultivos de coca. “La deforestación también fue mayor en los lugares más cercanos a las plantaciones de coca (...), a mayor intensidad del conflicto armado, mayor es la deforestación”, se lee.

Si bien son muchos los factores que inciden en el aumento de este fenómeno en Colombia, los parques naturales y los territorios indígenas y de comunidades negras están asociados con una menor pérdida de cobertura boscosa.

Para el autor principal, el colombiano Pablo Negret, es fundamental establecer control gubernamental en las zonas antes ocupadas por las Farc en este período de transición. “Las acciones de conservación deben tomarse en paralelo con proyectos sociales y la sustitución de cultivos ilícitos. Una manera potencial de hacerlo es trabajando con las comunidades en las reservas indígenas y las tierras colectivas afrocolombianas para determinar los objetivos de conservación que tengan en cuenta el contexto y las oportunidades de desarrollo económico en estas regiones”, asegura.

Aunque la profesora Martine Maron, de la Universidad de Queensland, insiste en que la relación entre conflicto y deforestación está lejos de ser simple, la paz y la sostenibilidad ambiental deben ir de la mano. “Al comprender los complejos factores que amenazan los lugares salvajes en un país megadiverso como Colombia, podemos encontrar soluciones efectivas para abordar los desafíos sociales y ambientales en el planeta”.

En el estudio participaron Wildlife Conservation Society (WCS), The Nature Conservancy (TNC), el Instituto Alexander von Humboldt y WWF.

En el 2017, otro estudio, esta vez concentrado en la cuenca amazónica, concluyó que la deforestación y la coca tienen un origen común: el desarrollo de planes de infraestructura a través de la construcción de carreteras y proyectos de desarrollo. “La coca no es el causante de la deforestación sino una consecuencia de la infraestructura”, dijo Dolors Armenteras, coautora e investigadora de la Universidad Nacional.

Cuando hicieron una modelación del paisaje (en 3’525.806 kilómetros cuadrados del bioma) para medir la influencia de estos proyectos sobre la distribución actual del cultivo de coca en Colombia, Perú y Bolivia, los puntos coincidieron en un 90 por ciento.

Recientemente, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) le entregó a Colombia el número de hectáreas (ha) cultivadas con coca. Si bien durante 2018 se redujeron en 2.000 ha, llegando a 169.000 en todo el país, preocupa que el 47 por ciento se concentre en zonas de manejo especial; es decir, parques nacionales naturales (siendo Sierra de la Macarena, Paramillo y Nukak los más críticos), resguardos indígenas, tierras de comunidades afro y zonas de reserva forestal.

“La coca sigue siendo una amenaza para la diversidad cultural y biológica de Colombia; no solamente por la presencia de coca en el territorio, sino por las implicaciones sociales, culturales y ambientales que esto conlleva”, advierte el informe.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

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