COP1 de Escazú: Latinoamérica anota un triunfo con Colombia como observador

La primera Conferencia de las Partes (COP1) de Escazú no puede calificarse de otro manera que no sea como un éxito regional. Los Estados que hacen parte del primer tratado internacional sobre los derechos humanos de defensores ambientales de América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, se reunieron en Santiago de Chile, del 20 al 22 de abril, para discutir las reglas de procedimiento de las próximas COP y del Comité de Apoyo en la Implementación y Cumplimiento que fueron aprobadas y empezarán a regir desde ahora para las próximas reuniones y funcionamiento mismo del organismo.

Según lo definido, dicho Comité de Apoyo, por ejemplo, estará conformado por independientes expertos en temas ambientales que podrán conocer de los casos de incumplimiento del Acuerdo en cada país, y a los cuales el público podrá llevarles pruebas, además de que tendrá la posibilidad de tomar medidas de protección para defensores ambientales que consideren corran algún tipo de riesgo. Un detalle no menor cuando Latinoamérica fue en 2020 una de las regiones más violentas del mundo para ser líder ambiental, de acuerdo a las cifras de la ONG Global Witness.

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Básicamente, lo que hicieron los 12 países que ya ratificaron el Acuerdo, con el acompañamiento activo de organizaciones de la sociedad civil, otros Estados firmantes que aún no ratifican y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU que actuó como Secretaría de esta primera cumbre, fue aprobar cómo se va a trabajar y revisar el cumplimiento por parte de los Estados del Acuerdo de Escazú, que como su mismo nombre lo dice, busca mejorar “el a la Información, la Participación Pública y el a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.

En total, más de 780 delegados de países, organismos internacionales y regionales, istas y representantes de la sociedad civil participaron en el encuentro. En las oficinas de la Cepal, donde se realizó la cumbre de forma presencial, participaron los países ratificantes y también los firmantes. Representantes de Brasil, Colombia y Chile, por nombrar algunos de los 12 otros Estados que faltan por ratificar y empezar a aplicar en sus territorios el Acuerdo, comparecieron como observadores. Allí, Uruguay fue escogido como presidente de la COP1, con su representante Marcelo Cousillas a la cabeza; y se definió que la COP 2 sería nuevamente en Chile dentro de dos años, pero que antes, en 2023, habría una COP extraordinaria en Argentina, donde se realizarán las elecciones de los del recién aprobado Comité de Cumplimiento.

En medio de las negociaciones, una propuesta que no había sido vista ni revisada en los dos años previos a la COP1 fue puesta en la mesa por los representantes de Bolivia, causando revuelo en medio de los presentes, pues buscaban, entre otras cosas, excluir a los representantes del público de la Mesa Directiva para que estuviera conformada exclusivamente por actores gubernamentales. Escazú, como acuerdo, se debe en gran medida al apoyo y la participación de la ciudadanía que ha sido muy activa en su desarrollo, ratificación e implementación en la región. Por eso la idea fue desechada y rechazada, sobre todo por los representantes civiles que han logrado en Escazú algo que no se ve en ningún otro tipo de acuerdos, como el de París, por ejemplo: tener voz en el pleno de los encuentros.

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De hecho, la propuesta fue cuestionada por 32 organizaciones de la sociedad civil boliviana que alertaron que en su país se viene dando un proceso interno de crecientes recortes al espacio de acción de la sociedad civil. “De manera absoluta, no nos sentimos representados por esa posición de la representación del Estado boliviano ante la COP 1 de Escazú, que implicaría un lamentable retroceso y una distorsión del espíritu del acuerdo, en cuyo proceso de construcción se logró la participación activa y se incorporaron las propuestas de la sociedad civil”, señalaron en un comunicado conjunto.

Además, un simbolismo que mostró la unión de la región en este tema marcó el encuentro. Tradicionalmente, cuando se realiza la aprobación de una normativa o disposición en estos espacios, el presidente o encargado de dirigir la cumbre sella cada decisión con un golpe de martillo, al estilo de un juez que señala que dicho tema es cosa juzgada. Sin embargo, en esta ocasión, fueron los mismos representantes y presentes en el espacio los que mediante aclamación (aplausos y ovaciones) decretaron el visto bueno a cada uno de los puntos claves del Acuerdo que se iban negociando.

No obstante, no todos fueron triunfos. A pesar de que Escazú como tratado ha sido promovido por organismos como la Cepal y la Ocde, que consideran su ratificación como necesaria para que exista un escenario estable de inversión en la región, de los 24 países que lo firmaron, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. Potencias en biodiversidad (y también en asesinatos de líderes ambientales) como Colombia y Brasil aún no han logrado agregar el Acuerdo a sus legislaciones nacionales. Aunque eso no fue obstáculo para que estuviesen presentes en la COP1.

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Debido al formato híbrido de realización de la primera Conferencia de las Partes de Escazú se pensó que Colombia no iba a participar. De hecho, los representantes del público colombianos presentes en el encuentro desconocían si el país estaría y si de estarlo lo haría de forma presencial o virtual. EL TIEMPO pudo conocer días antes de que empezara el encuentro que Colombia había sido invitado como observador por parte de la Cepal.

Y la delegación colombiana se hizo presente. Estuvo conformada por participantes en modalidad presencial y virtual, en cabeza del Embajador de Colombia en Chile, Guillermo Botero Nieto, y funcionarios de la Coordinación de Asuntos Ambientales de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería; y de la Subdirección de Participación y Educación y de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Botero quien solamente participó con un corto discurso en el primer día del encuentro recordó que Colombia firmó el Acuerdo en 2019 y que actualmente sigue en curso dentro del Congreso para su ratificación. Al respecto, y desde Colombia, el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, le aseguró a este diario ayer y tras el cierre de la COP1, que Colombia sigue trabajando en que Escazú sea ratificado.

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“En el año 2020 el presidente firmó el Acuerdo de Escazú, lo presentó al Congreso para su ratificación. Llegó a tercer debate, estuvimos en pandemia y el Congreso quedó en ese tercer debate. Así que tocó presentarlo nuevamente como fue el compromiso del presidente y mío propio. El pasado 27 de octubre de 2021 lo volvimos a presentar al Congreso y en este momento ya va a pasar a la Comisión Quinta para iniciar todo el proceso de debates. Estamos esperando la fecha y allí estaremos por supuesto defendiendo el Acuerdo como siempre se ha hecho desde el Gobierno Nacional”, enfatizó Correa.

Sin embargo esa posición se queda muy corta y muestra poco interés del Gobierno de ratificar el Acuerdo, según explican los representantes colombianos ante el público en la COP1. De acuerdo con Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, presente en el evento, lo que se ve es que el Gobierno colombiano al menos en esta legislatura no busca impulsar y acompañar la ratificación de Escazú y lo más probable es que a pesar de la promesa del presidente Iván Duque ante la ONU de incorporarlo a la legislación nacional, el Acuerdo quede pendiente para el próximo Gobierno.

“El gran ausente (de la COP1) fue el Ministerio de Ambiente. Nosotros hemos sido muy críticos con el Ministerio porque a nivel internacional dan una postura de que están impulsando la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú y nos damos cuenta de que todo se queda en palabras, porque estar en un escenario como estos es supremamente relevante. Ahora, podemos decir que estuvo presente alguna parte de la institucionalidad del país a través de la Embajada de Chile con el actual embajador y exministro Guillermo Botero. Para nosotros comos sociedad civil resulta contradictorio que una persona que en el ejercicio de sus funciones como ministro haya sido cuestionado por el bombardeo que se dio en el Caquetá en el año 2021 en el que murieron 8 menores, y se siente en un escenario donde estamos defendiendo la vida de quienes defienden el territorio”, enfatizó Torres.

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Una visión similar comparte Natalia Gómez, representante colombiana del público en el acuerdo de Escazú y asesora de política climática de EarthRights International, quien asegura que a pesar de ser Colombia el país más peligroso del mundo para ser líder ambiental y de reconocer el Gobierno la importancia de su ratificación, eso no se ha visto representado en hechos con la incorporación del tratado en la legislación nacional.

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“Es lamentable que la participación de Colombia haya sido así. El hecho de que Escazú no haya contado con el apoyo del presidente para su ratificación dice mucho de que su promesa de firma de 2019 fue completamente vacía. Así que yo resalto mucho lo que la sociedad civil ha hecho. Muchas organizaciones en Colombia están trabajando en la campaña de ‘Escazú Ahora’ y ha sido un proceso muy importante. Ahí lo que se ve es una falta de liderazgo del Gobierno y esperamos que para la próxima Conferencia de las Partes de Escazú que se va a realizar el próximo año en Argentina, Colombia esté ahí como Estado Parte y sigamos avanzando en la implementación del Acuerdo”, finalizó Gómez.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde 

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