Colombia, primer lugar en el mundo por líderes ambientales asesinados

Desde el 2012, cuando la ONG británica Global Witness presentó el primer informe de líderes ambientales asesinados en el mundo, Filipinas, Brasil e India han encabezado la lista de los lugares más peligrosos para los defensores del medioambiente.

En el nuevo informe 'Defendiendo el mañana', que presentará mañana la ONG, por primera vez Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar con 64 muertes en el 2019, la cifra más alta registrada por la ONG en todos estos años.

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De acuerdo con la organización, en el 2019 documentaron 212 homicidios en todo el mundo. La mitad se concentró en Colombia y Filipinas. Las principales actividades por las que hombres y mujeres defensores del planeta les arrebataron su vida fue la minería (50 defensores asesinados en 2019). Pese a que Colombia no es ajena a esa presión, este año, como se ha venido reportando en los últimos informes, los móviles de los asesinatos en nuestro país, son otros.

De esas 64 muertes, 45 ocurrieron porque se opusieron al uso de sus tierras o control del territorio para actividades que van en contra del medioambiente, y que en su mayoría, según la ONG, fue responsabilidad de grupos armados. 14 fueron líderes que apoyaban y promovían la sustitución de cultivos ilícitos.

Entre los programas que tienen esa misión está el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) del Gobierno Nacional, y que actualmente es muy criticado, ya que la mayoría de familias inscritas siguen a la espera de los proyectos productivos con los que reemplazarían la coca. Además, muchas de estas familias están en zonas en donde ahora se está adelantando la erradicación forzada.

En esa vergonzosa lista aparece el caso de la líder indígena Cristina Bautista, asesinada en la masacre perpetrada en el resguardo de Tacueyó, en Toribío, región del norte del Cauca. La ONG la atribuye a guerrilla armada, porque impulsaba el proceso de paz entre el Gobierno y las extintas Farc en su territorio.

También están los dos jóvenes ambientalistas, Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, asesinados en Buritaca, Santa Marta a finales de año, y que según los datos de Global Witness, fue responsabilidad de paramilitares.

Aunque muchos de los casos que se nombran en el informe no han sido esclarecidos por la justicia colombiana, la ONG los clasifica por posibles responsables de acuerdo con la información que organizaciones de derechos humanos les suministran.

De acuerdo con Ben Leather, investigador principal de Global Witness, para la gran mayoría de casos no existe una sentencia y sus datos están basados en fuentes fiables que reportan quién fue el posible responsable. “Hasta que no hayan investigaciones y sentencias por parte de los gobiernos, no sabremos en definitiva quién fue el perpetrador de los ataques. Sin embargo, es muy útil reportarlo, porque esto nos da una idea lo que ocurre en estas zonas. Además, sabemos el alto porcentaje de impunidad en estos casos”, le explicó a EL TIEMPO.

En general, el informe hace un especial énfasis a la lenta aplicación de los acuerdos de paz, razón por la que muchos líderes han sido amenazados, desplazados y asesinados.

Además, expresan que en las zonas de donde salieron las Farc y en las que se suponía el Estado tomaría el control, ahora están ocupadas por grupos armados. “Grupos del crimen organizado y paramilitares -muchos de los cuales se han apoderado de áreas anteriormente controladas por las Farc-, son responsables de un alto porcentaje de los asesinatos que documentamos. Datos de Global Witness atribuyen poco menos de un tercio de las muertes de personas defensoras en 2019 a estos grupos”, dice el informe.

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