¿Por qué Colombia debe ratificar el Acuerdo de Escazú?

Este año, Colombia fue considerado el país más peligroso del mundo para las y los defensores ambientales: 69 personas fueron asesinadas en el 2019 por proteger sus territorios y, en general, el medioambiente.

Para detener esta barbarie que viene desde hace años atrás y que se repite en la región, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron un convenio para proteger y darle garantías jurídicas a estas personas.

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Sin embargo, para que entre en vigencia 11 países lo deben firmar y ratificar. A la fecha van 10 países que ya hicieron sus trámites para ratificarlo. Colombia está en proceso de convertirlo en ley en el Congreso de la República. Sin embargo, hay temor entre ambientalistas y ONG, pues pese a que fue radicado el pasado 20 de julio, aún no se discute y, por el contrario, su ponencia se ha aplazado en cuatro ocasiones. Hoy, se espera que pase por la Comisión Segunda del Senado.

El pasado viernes, 16 expresidentes de diferentes países y reconocidos líderes internacionales enviaron un comunicado al presidente Iván Duque y al Congreso de la República para que hicieran todo lo posible por aprobar este convenio.

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“Los instamos ahora a redoblar los esfuerzos y a que el Gobierno tome las medidas necesarias para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor con la ratificación de Colombia”, señalaron.

Pero pese a que el Gobierno pedirá al Congreso que lo apruebe, hay quienes están exigiendo lo contrario, pues ven este acuerdo como una piedra en el zapato. Por ejemplo, la Federación Nacional de Avicultores y la Federación Colombiana de Ganaderos, argumentan que se estaría afectando el desarrollo económico y no establece claridad sobre las consultas previas y los procesos que necesitarán de una licencia ambiental. Igualmente, congresistas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal afirman que se “pone en riesgo la soberanía”.

“El tratado, ante cualquier acción que se considere que puede dañar el medioambiente, activa toda la jurisdicción internacional, esto significa que tienen competencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, la misma que nos quitó área marítima alrededor de San Andrés”, dice Cabal.

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En esa misma línea, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia mencionó que les preocupa su ratificación porque “generaría incertidumbre e inestabilidad jurídica en el país, afectando las inversiones y el desarrollo económico y social”, señalaron.

Sin embargo, el Acuerdo de Escazú no contiene disposiciones que afecten la soberanía sobre los espacios terrestres, marítimos o aéreos del país ni sobre la capacidad de decidir sobre ellos.

De acuerdo con Lina Muñoz Ávila, directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, los argumentos en contra son producto de una interpretación errónea del contenido del Acuerdo de Escazú.

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“Por ejemplo, la inseguridad jurídica en materia ambiental es una realidad en Colombia y no gracias al Acuerdo de Escazú. Prueba de ello son casos como ‘Colombia tendrá que devolver 19,1 millones de dólares a Glencore’, ‘Demanda de Eco Oro contra Colombia por delimitación del páramo de Santurbán’, a los que se enfrenta el país a causa de la falta de articulación institucional y la dispersión normativa”, señala la abogada.

Esto se podría evitar –agrega Muñoz– “si existiera un a la información adecuado, si a los ejecutores de proyectos se les informara las facultades que tienen las personas (naturales o jurídicas) de participar en los procedimientos ambientales y cómo se hace esa participación”.

Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, explica que este acuerdo otorga una seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo de proyectos en Colombia. “Tenemos una oportunidad de mejorar nuestra democracia ambiental, las instituciones se verán fortalecidas y, por lo tanto, ayudaría a reducir los conflictos ambientales”, dice.

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Además, agrega que el contenido del acuerdo es promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y ha sido respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo como un criterio para otorgar financiación.

Por ahora, solo dos países le han dicho no al convenio: la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Perú rechazó y mandó al archivo la propuesta, por las mismas razones que exponen los que están en contra en Colombia: “El tratado podría generar inestabilidad jurídica, lo cual afectaría indudablemente a las inversiones”.

Mientras que en Chile fue negado por “ambigüedades en algunas normas que prevalecerían sobre la legislación interna, causando confusiones jurídicas, exponiéndose a posibles demandas internacionales”, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

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