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Rastrean quién borró en la Supervigilancia datos de 18 firmas a las que les otorgaron licencias de funcionamiento exprés
Operan en 9 ciudades y no cumplirían con los requisitos. La contadora de 8 de ellas es, además, contratista de la entidad. Las aprobaciones se realizaron cuando Alfonso Manzur era superintendente.
El exsuperintendente de vigilancia Alfonso Manzur. Arriba a la derecha: El ministro de Defensa Iván Velásquez y Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, secretario general (e.) de la cartera de Defensa y exsuperintendente (e). Foto: Archivo particular
Actualizado:
Durante cerca de 24 horas, una ingeniera de sistemas al servicio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se dedicó a recuperar una serie de archivos que habían desaparecido del sistema de gestión documental de la entidad conocido como ‘Esigna’.
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La instrucción de hacer el backup (la copia de seguridad) la dio Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, secretario general (e.) de la cartera de Defensa –de absoluta confianza del ministro Iván Velásquez–, quien fue encargado de la Súper tras la salida, en marzo pasado, de Alfonso Manzur, un militar (r.) de la Armada quien duró un año y 6 meses en ese despacho.
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La denuncia penal
Iván Velásquez, ministro de Defensa, y Raúl Alfonso Gutiérrez, exsuperintendente (e.) y secretario de la cartera de Defensa. Foto:Supervigilancia
Y si bien el Gobierno Petro acaba de nombrar en la entidad a Yenniffer Parra –cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo– antes de entregar el cargo Gutiérrez le reportó a la Fiscalía lo que encontró durante su paso por la Supervigilancia.
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Ante Iván Velásquez, ministro de Defensa, y Raúl Alfonso Gutiérrez, se posesionó Yenniffer Parra, la nueva superservicios cercana a Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Ministerio de Defensa
Aunque el caso se maneja bajo reserva, por la sensibilidad de los temas a cargo de esa entidad (permisos para blindadoras, licencias para empresas de seguridad privada y aprobación de esquemas de seguridad), EL TIEMPO estableció que los hallazgos ya están en manos de la Fiscalía General.
Incluso se pidió indagar la conducta del exsuperintendente Manzur –quien apoyó como oficial de la reserva la campaña Petro– y de 10 de funcionarios más.
La denuncia fue presentada el 9 de septiembre con más de 400 anexos. Foto:EL TIEMPO
En efecto, en un oficio del 9 de septiembre se revela que se detectaron 18 licencias de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Zipaquirá, Yopal y en Bello, de las cuales no existe ningún registro en el sistema documental de la entidad.
“Mientras avanzaba la indagación, Gutiérrez, el propio ministro Velásquez y otros funcionarios de la cartera de Defensa empezaron a ser blanco de ataques desde cuentas en redes sociales que hoy también se indagan”, dijo una fuente del gobierno Petro.
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Lo concreto, hasta ahora, es que la ingeniera recuperó los 18 archivos, tras la orden dada por Gutiérrez el 13 de junio pasado, y se abrió una especie de caja de Pandora.
Se descubrió que las 18 empresas no cumplen requisitos legales para acceder a las licencias que les expidieron. Incluso, se habla de información falsa y de un particular denominador común.
Contadora y contratista
Ocho empresas tienen la misma contadora. Foto:Archivo El Tiempo
La contadora que certifica los estados financieros y contables de 8 de las empresas –uno de los requisitos que se evalúan para autorizar la licencia– es la misma persona. Y si bien se puede tratar de una coincidencia, hay otros dos datos que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.
El primero es que en todos los documentos, la tarjeta profesional de contadora que se consignó aparece errada en un dígito.
Además, la contadora es a la vez contratista de la Superintendencia de Vigilancia, situación que en criterio de Gutiérrez debió manifestarse por tratarse de un conflicto de intereses. La profesional de la que hablan en la denuncia es Olga Lucía Acosta Cifuentes.
En el oficio a la Fiscalía, en manos de EL TIEMPO, también se advierte que el trámite de aprobación de las licencias, que puede durar más de un mes, se les realizó a tres de esas firmas en 24 horas.
Las beneficiadas con ese trámite, según la denuncia, fueron Ironguard Ltda., Globaltech Security Ltda. y Vigil Security Ltda.
Este es uno de los documentos en los que Olga Acosta aparece como contadora. Foto:EL TIEMPO
“Lo anterior indica que, conforme al procedimiento previsto, no es racionalmente posible expedir licencia de funcionamiento en tan solo un día de transcurrida la radicación de los documentos”, se lee en la denuncia que trae más se 400 anexos y evidencia.
EL TIEMPO indagó y estableció que hay otro patrón entre las tres empresas a las que se les aprobaron las licencias de funcionamiento en menos de 24 horas.
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Todas se constituyeron el 20 de diciembre de 2023, con 696 millones de pesos. Además, dos comparten a una misma accionista.
Según la denuncia en manos de la Fiscalía, se hallaron tres actas que son calificadas como material probatorio de lo ocurrido. En estas aparecen los estados financieros y económicos de algunas de las empresas con la firma de la contadora y contratista, la tarjeta profesional errada y el visto bueno de un comité cuyos también piden que se investiguen.
Falsedad y convenio
Alfonso Manzur, exsuperintendente de vigilancia. Foto:Supervigilancia
“Se evidenciaron actos istrativos expedidos por la Supervigilancia y autorizados por su entonces cabeza, Alfonso Manzur, y varios de sus subalternos (10 en total) sin registro o respaldo alguno”, se le advirtió a la Fiscalía.
Por esos hechos, Gutiérrez solicitó que se investigaran conductas como falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Además, antes de irse, se iniciaron procesos istrativos para evaluar si se cancelan las licencias de funcionamiento de las empresas bajo la lupa o si se trata de terceros de buena fe.
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Y Gutiérrez dejó otros casos caminando, como la terminación bilateral de un contrato para la implementación y puesta en marcha de una solución tecnológica software y/ o plataforma de gestión de documentos y archivos, por 1.072 millones de pesos.
Según control interno de la Súper, hubo un desconocimiento en la elaboración de los estudios previos, de donde se desprenden la falta de idoneidad, experticia técnica y el quebrantamiento de las normas objetivas de contratación. Por eso se le pidió al contratista –Aldesarrollo– devolver el dinero.
Alfonso Manzur en evento de campaña Petro Presidente. Foto:Campaña Petro
Habla la contadora
EL TIEMPO se comunicó con la contadora mencionada en la denuncia –Olga Lucía Acosta–, quien aseguró que no le han notificado la denuncia.
“Yo no soy contadora de ninguna empresa de vigilancia. Pero sí soy contratista de la Superindencia. No recuerdo bien esas empresas que me menciona, pero tal vez fueron unas firmas que me aron para asesorar y elaborar unos estados financieros y unos balances iniciales. Pero no soy su contadora”, explicó.
Y agregó: “Tal vez en algunas me ó el representante legal, pero no recuerdo bien porque fue en 2023, cuando yo no estaba en el Grupo de Inspección de la Superintendencia. Lo que yo hacía era asesorarlas para crearlas, pero en ese momento no eran empresas de vigilancia constituidas”.
En la denuncia se asegura que varias empresas obtuvieron licencia en 24 horas. Foto:EL TIEMPO
Finalmente, dijo que no hay conflicto de intereses porque en ese momento estaba en un área que no tenía relación con el trámite: “Yo no hice nada de licencias ni nada de eso. No sé cuál es la denuncia. No veo ninguna”.
Y sobre el error en el dígito de su tarjeta, dijo: “No sé. Entonces falsificaron mi nombre y todo”.
EL TIEMPO buscó a Manzur para conocer su versión. Pero al cierre de esta edición no había respondido los mensajes. En todo caso, allegados al oficial (r) manifestaron que es un hombre pulcro y transparente que podrá explicar lo sucedido cuando lo citen.
¿Qué responden las firmas mencionadas?
Los representantes legales de Globaltech Security Ltda., Vigil Security Ltda. e Ironguard Ltda., le dijeron a EL TIEMPO que no tenían conocimiento de que la Fiscalía estuviera adelantando una investigación.
Incluso, al preguntar si era cierto que les habían expedido la licencia en menos de 24 horas indicaron que “todo se hizo apegados a la ley y a las normas”.
EL TIEMPO también les consultó a cinco firmas más que aparecían dentro del listado de la denuncia, pero afirmaron que no tenían relación con Olga Lucía Acosta, quien aparece como contadora, y que siempre habían actuado “de buena fe”.
La Fiscalía alista decisiones.
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DETRÁS DE LA NOTICIA
EL TIEMPO tuvo exclusivo a una denuncia que presentó la Supervigilancia, en la que se pidió indagar la expedición de licencias a 18 firmas de seguridad. La investigación se desarrolló en Bogotá.
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