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Atención: Canciller declaró desierta millonaria licitación de pasaportes

¿Renunciará su secretario José Antonio Salazar, quien insistía en adjudicar?

El canciller Álvaro Leyva. Foto: Unidad Investigativa y Cancillería

13.09.2023 16:22 Actualizado: 13.09.2023 16:22

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EL TIEMPO estableció en primicia que el canciller Álvaro Leyva acaba de sepultar, al menos, de manera istrativa la polémica licitación de pasaportes tasada en 599 mil millones de pesos.

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Después de tres aplazamientos y de que su secretario general, José Antonio Salazar, citara el lunes de la semana pasada (4 de septiembre) para la adjudicación, el proceso se hundió.

La audiencia para la adjudicación de pasaportes. Foto:Captura de pantalla

La audiencia pública, que inició hacia las 4:15 de la tarde de este 13 de septiembre, la presidió el canciller Álvaro Leyva, quien retomó el proceso desde hace una semana.

En efecto, a pesar de las advertencias de la Procuraduría de que ya se habían surtido todos los pasos legales; y de la Contraloría sobre un presunto detrimento patrimonial y riesgo de desabastecimiento de las libretas, Leyva declaró desierto el proceso.

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El tema cobra relevancia porque, además de señalamientos de supuesto favorecimiento al actual contratista y único oferente -el grupo de Thomas Greg- por cuenta de este caso el país puede entrar en una crisis en la expedición de pasaportes y visas.

El 2 de octubre se vence el otrosí (o extensión del contrato) que se hizo con Thomas Greg. Y para algunos es claro que al ser este grupo el único proponente y haber surtido todos los requisitos legales podría entrar a demandar o al menos negarse a buscar figuras jurídicas para alargar el contrato.

El secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar y el canciller Álvaro Leyva. Foto:Cancillería

El documento de la Oaci

La OACI solicitó no pedir ejemplares de pasaportes en la licitación. Foto:EL TIEMPO

Sobre la argumentación de Leyva para declarar desierto el proceso, EL TIEMPO estableció que se basa en el no acatamiento de las recomendaciones que hizo la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) a la Cancillería sobre la estructuración de los pliegos y los requisitos que se debían exigir.

Además, en las quejas de varios participantes hicieron sobre la efectación a la libre y plural participación, impactando la participación de otras empresas.

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Leyva leyó en la audiencia las cartas de multinacionales que se quejan de las condiciones del proceso y del cronograma, que calificaron de insuficientes. Además, de la insistencia del supuesto favorecimiento al actual contratista.

Vladimir Fernández, jurídico de Casa de Nariño, es un hombre de plena confianza del presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia

Una de las quejas que se leyó es la del llamado grupo Cadena que impulsó la declaratoria de proceso desierto.

Varios de esos puntos fueron recogidos y enviados por la secretaría Jurídica de Casa de Nariño, en cabeza de Vladimir Fernández, a la Cancillería que dijo haberlos incorporado al proceso.

Pero, en una denuncia que ya hace curso en la Fiscalía se asegura que Salazar pasó por alto puntos clave que luego que convirtieron en quejas de varios de los oferentes.

Sobre el documento de la Oaci, que fue filtrado a la prensa desde hace semanas y que EL TIEMPO publicó, se recomendó no solicitar muestras de los pasaportes a los interesados en el contrato, como terminó sucediendo. Además, sugirió concederle un mínimo de siete meses al ganador para implementar el contrato.

Pero este se redujo a tan solo dos.

Para Leyva es claro que el proceso está viciado porque, en la práctica, solo se presentó un oferente, a pesar de que el Grupo Cadena aparece registrando documentos. Por eso, declaró desierta la licitación, tal como se venía solicitando desde Casa de Nariño.

EL TIEMPO estableció que Salazar dice en privado (y ahora lo quiere hacer público) que la consultoría fue heredada del anterior Gobierno y que, aun así, se acogió el 90 por ciento de lo recomendado por el experto asignado: José Ángel Sancho.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Lo concreto es que hay una denuncia en su contra que evaluar desde un concierto para delinquir, por parte de empleados de la Cancillería, hasta cohecho, pasando por interés indebido en la celebración de contratos.

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