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Estos son los lujosos bienes y carros de alta gama incautados en caso que vincula a exfuncionarios de Daniel Quintero

Se indaga si habrían usado recursos públicos para adquirir apartamentos, motos de lujo y otras propiedades.

Algunos de los bienes a los que se les aplicó extinción de dominio en Medellín. Foto: Archivo particular.

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Unidad Investigativa

14.06.2024 17:54 Actualizado: 15.06.2024 00:00

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En horas de la tarde de este viernes, 14 de junio, la Fiscalía realizó un mega operativo de extinción de dominio a 25 bienes relacionados con exfuncionarios de la istración de Daniel Quintero cuando se desempeñó como alcalde de Medellín.

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Según el ente acusador, las propiedades, cuyo valor asciende a más de 3.000 millones de pesos, habrían sido adquiridas con dinero producto de irregularidades y delitos relacionados con la istración pública.

El supuesto mecanismo

Jorge Enrique Liévano Ospina. Foto:Archivo particular.

El operativo se desplegó en cinco municipios de Antioquia: Medellín, Marinilla, Urrao, Girardota y Copacabana. Y en la lista de bienes que incautaron se encuentran cuatro apartamentos, cuatro casas, cuatro parqueaderos, ocho vehículos y establecimientos comerciales.

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Según las investigaciones los bienes habrían sido adquiridos a través de terceros que actuaron como fachada para camuflar dineros que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

Los implicados habrían realizado invitaciones a empresas para que participaran de licitaciones para el mantenimiento del Parque de las Aguas. Todo a través del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por medio de estas propuestas, esta entidad entregaría recursos públicos cuyo presunto objeto era mantener en funcionamiento este reconocido centro recreativo de la capital de Antioquia.

Dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto:Archivo particular.

¿Quiénes son los vinculados?

María Eugenia Domínguez Castañeda. Foto:Archivo particular.

Según información de la Fiscalía -que adelantó la investigación con la Dijín- los implicados en la adquisición de los bienes serían Álvaro Alonso Villada García (exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá) María Eugenia Domínguez Castañeda (exgerente y jefa de la unidad de compras de Metroparques) y Jorge Enrique Liévano Ospina, (también exgerente de Metroparques).

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EL TIEMPO investigó y estableció que a Villada García le aparecen registradas a su nombre 5 propiedades en el municipio de Girardota, entre ellas, 4 propiedades pertenecientes a la misma Urbanización.

Las propiedades serían 4 penthouses en diferentes torres de esa unidad residencial. La última propiedad que aparece a nombre de Villada en este municipio es un lote.

Por otro lado, en Medellín, tiene una casa particular ubicada en el Barrio Belén Rosales.

Por su parte, a nombre de Liévano Ospina aparece registrado un apartamento de una urbanización ubicada en el sector de Tricentenario, al norte de Medellín.

Uno de los carros de alta gama, un Jeep 2022, aparece a nombre de una empresa del sector textil, constituida en 2019 por un contratista de Metroparques. Aparece celebrando alrededor de 35 contratos por cerca de 3.500 millones de pesos. Algunos de esos contratos estuvieron vinculados con el Parque de las Aguas.

Las imputaciones

Álvaro Alonso Villada García. Foto:Archivo particular.

En enero de este año, la Fiscalía General imputó a estos tres funcionarios el delito de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, precisamente relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas.

En ese proceso se determinó que el peculado ascendía a los 2.800 millones de pesos en al menos 3 contratos celebrados sin el cumplimiento de los requisitos legales.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Además, de este proceso, particularmente Jorge Liévano también está implicado en presuntas irregularidades contractuales para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

EL TIEMPO estableció que habría más exfuncionarios de la istración Quintero involucrados en la adquisición ilegal de bienes a través de recursos públicos y las autoridades siguen indagando para determinar sus identidades.

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