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El Ejército invirtió $ 34.812 millones en monumental obra, hoy abandonada

Hay fallas en muros y desplazamiento en estructuras. Contraloría advierte millonario detrimento.

El Ejército ha dicho que no se puede decir que la obra está abandonada, porque se designó personal militar para custodiarla. Foto: Google Maps

25.06.2022 21:38 Actualizado: 26.06.2022 00:00

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Según los planes del Ejército, en la localidad de Puente Aranda, centro occidente de Bogotá, debía estar en funcionamiento un sofisticado centro de sanidad, destinado a la rehabilitación física de de las Fuerzas Militares afectados en combate o en el desarrollo de sus funciones.

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La idea era inaugurarlo el 8 de diciembre de 2016, durante la istración de Juan Manuel Santos. Y, para adelantar las obras, se aprobó el desembolso gradual de 34.812 millones de pesos.

Las fallas en la obra van desde problemas en los diseños y en la construcción de paredes, hasta un alto riesgo de colapso en caso de sismo. Foto:Google Maps

El entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, puso la primera piedra de la obra. Foto:Ejército

Además, se hizo un contrato interistrativo con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM). Este buscaba que realizara gestiones jurídicas, istrativas y financieras para la construcción del ambicioso proyecto conocido como Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad Caldas.

En su momento, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, puso la primera piedra y se instaló una llamativa placa: ‘Aquí se recuperarán nuestros héroes de Colombia, los verdaderos arquitectos de la paz’.

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Pero, 8 años después de firmar el contrato inicial de obra, lo que va a recibir el nuevo Gobierno es una estructura inconclusa que correría el riesgo de caer en caso de un sismo.

Millonario detrimento

El acta de inicio de obra fue firmado en febrero de 2015, incluso el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, puso la primera piedra e instaló la placa. Foto:Archivo particular

En el documento fiscal reservado se asegura que, no obstante la millonaria inversión, ni siquiera se tiene certeza de las cantidades e ítems construidos.

En un oficio que llegó al Ejército, el pasado 6 mayo, y que EL TIEMPO conoció en primicia, la Contraloría General estima en 27.814 millones de pesos el detrimento patrimonial causado al Estado por esta obra.

Y EL TIEMPO estableció que personas mencionadas en otras indagaciones –como el escándalo del contrato de Centros Poblados y el de los Juegos Nacionales– aparecen vinculadas a un par de compañías que intervinieron en la ejecución de esta obra.

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En el documento fiscal reservado se asegura que, no obstante la millonaria inversión, ni siquiera se tiene certeza de las cantidades e ítems construidos. Tampoco, si cumplen condiciones técnicas mínimas requeridas, lo que pone en riesgo su estabilidad.

Además, el estado de la obra hace que sea imposible establecer a cuánto ascienden los recursos y el tiempo necesarios para culminarla.

Las 10 prórrogas

El proyecto debía ser entregado en diciembre de 2016, pero 8 años después del inicio de obras, la construcción sigue inconclusa. Foto:Archivo particular

Este es el contrato inicial, se suscribió con la Unión Temporal Basan 2014. Foto:EL TIEMPO

EL TIEMPO revisó el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y estableció que el contrato inicial se suscribió con la Unión Temporal Basan 2014 (conformada por Inversiones Kambiar S. A. S. y Compañía de Ingeniería, Negocios y Servicios S. A.), por 29.704 millones de pesos.

Y aunque se le realizaron 10 prórrogas, se terminó declarando su caducidad por incumplimiento, el 26 de diciembre de 2018. Además, cobró una multa por 2.255 millones de pesos.

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Según una interventoría de la época, se encontraron problemas estructurales en la obra, que ya llevaba un 60 por ciento de ejecución.

Uno de ellos es un desplazamiento de hasta 10 centímetros de los ejes estructurales, por lo que se recomendó hacer un peritaje. Pero todo indica que no se tuvo en cuenta la recomendación y así se suscribió un segundo contrato de obra, por 7.811 millones de pesos, en 2020.

En 2018, mediante esta resolución se declaró el incumplimiento del primer contrato de obra. Foto:EL TIEMPO

Obras, frenadas

Según los informes de interventoría, se calcula que para recomponer los muros no estructurales se requieren $ 1.315 millones adicionales. Foto:Archivo particular

Este es el nuevo contrato de obra, se suscribió con el consorcio ALFM-2020. Foto:EL TIEMPO

De hecho, el nuevo contratista –el consorcio ALFM-2020– evidenció fallas que generaron la suspensión de la obra, hasta que se haga “una patología de detalle a las obras ejecutadas en el contrato el inicial”.

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EL TIEMPO tuvo a una reciente consultoría, contratada en 2021, y aunque se enfocó en el análisis de muros no estructurales, dijo haber encontrado graves fallas en los diseños y en la construcción de paredes, presentando alto riesgo de colapso en caso de sismo. Allí se calcula que para recomponer esos muros no estructurales se requieren 1.315 millones de pesos.

La respuesta del Ejército

Esta placa fue puesta en el Cantón Caldas de Puente Aranda, en Bogotá, para el inicio de obras del Centro de Rehabilitación, al que se le invirtieron 34.812 millones de pesos. Foto:Archivo particular

El Ejército dice que no se puede hablar de detrimento patrimonial porque los diseños entregados tenían la información técnica necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

La primera semana de mayo, de 2022, el Ejército respondió las observaciones de la Contraloría. Empezó por advertir que no se puede hablar de detrimento patrimonial por los diseños, “porque los que se entregaron contaban con la información técnica necesaria para el correcto desarrollo de las obras”.

Y agrega que informes de consultoría detallan las fallas en el proceso de ejecución e indica que no se siguieron los planos de diseño en la construcción.

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Además, señala que espera que una consultoría contratada recientemente arroje la información del estado real de la obra y los recursos faltantes para que funcione. En ese momento se procederá con la consecución de recursos para reanudar el proyecto en la vigencia 2023.

El Ejército señala que espera que una consultoría contratada recientemente arroje la información del estado real de la obra y los recursos faltantes para que funcione. Foto:Archivo particular

Incluso, dicen que no se puede decir que la obra está abandonada, porque se designó personal militar para custodiarla.

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Sin embargo, el ente de control le respondió que el término ‘abandono’ se debe a que la obra está literalmente paralizada y no sin vigilancia. Además, advierte que en la respuesta que dio el Ejército no se desvirtuó ninguno de los hallazgos, por lo cual se mantienen los alcances fiscales y disciplinarios.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

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