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Coca: Fiscalía y Procuraduría se oponen a freno de erradicación en minicultivos

Minjusticia tiene lista resolución borrador que protege a Unidades de Cultivo Familiar de coca.

Por ello, Tumaco se convirtió en el municipio más afectado con cultivos ilícitos. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

15.02.2023 22:30 Actualizado: 16.02.2023 00:00

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A finales de enero, EL TIEMPO reveló en exclusiva la existencia de un borrador de resolución en que el Ministerio de Justicia establece las condiciones y lineamientos para casos en los que procede la suspensión de la erradicación manual forzosa de cultivos de uso ilícito.

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Aunque el caso se maneja bajo absoluta reserva, los del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) se preparan a debatir el tema, que propuso el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y que ordena la suspensión de la erradicación manual forzosa de los cultivos de uso ilícito familiar.

Esas unidades de cultivo familiares son definidas en la resolución como un área de siembra de la cual depende la subsistencia de una familia y que le permite obtener unos ingresos mensuales de cerca de tres millones y medio de pesos.

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Los integrantes del CNE tenían hasta el pasado viernes, 10 de febrero, para presentar sus comentarios y observaciones. Y si bien se esperaba que este jueves se discutiera el tema, quedó aplazado por agenda.

Narcotráfico, sin control

‘No todo lo que es inmoral es delictivo’: ministro de Justicia, Néstor Osuna. Foto:Ministerio de Justicia

Pero fuentes del Gobierno confirmaron que ya fueron radicadas las observaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría; y ambas se le atraviesan a la propuesta estatal.

Este diario conoció apartes de los documentos y, de entrada, la Fiscalía advierte que la propuesta “constituye una desatención flagrante a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano de adoptar medidas para afrontar con mayor eficacia el tráfico ilícito de estupefacientes”.

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En criterio del ente acusador, el concepto de unidades de cultivo familiar constituirá una herramienta para que organizaciones criminales den apariencia de legalidad a cultivos ilícitos.

"Esto ocasionará que las organizaciones criminales sigan sembrando grandes cantidades de hoja de coca sin ningún tipo de control, incrementará la producción de pasta de coca y fortalecerá las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al negocio del narcotráfico”, señala la Fiscalía.

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Y advierte que la resolución no establece un tamaño del área de cultivo familiar, “lo cual debe ser determinado en documento técnico posterior, con base en características de la región en la que está el cultivo”.

¿Acoso al campesino?

Búnker de la Fiscalía Foto:Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Por eso, para la Fiscalía, la norma agudizará las disputas territoriales por el control sobre los cultivos de hoja de coca, someterá a las familias campesinas a mayores presiones de las organizaciones criminales y aumentará la victimización de esta población.

Así mismo, para la Fiscalía, la medida limitará la acción penal del Estado en contra del narcotráfico y profundizará la vulneración de los derechos de campesinos, “quienes se verán compelidos por las organizaciones criminales a continuar sembrando cultivos ilícitos”.

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Para la Fiscalía es claro que la resolución tampoco se armoniza con el acuerdo de paz, ya que reducirá los incentivos para que las familias campesinas implementen programas de sustitución de cultivos.

‘Sin soporte legal’

La comisión de la Procuraduría, la conforman delegados para la Contratación istrativa, la Salud, la Protección y el Trabajo Decente y la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad. Foto:Hernando Herrera

La Procuraduría coincide en el posible incumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y va aún más allá.

“El proyecto de resolución no cuenta con el adecuado soporte legal que permita modificar lo que dispone el Estatuto Nacional de Estupefacientes (...). Así, la medida que se propone permitiría la comercialización de la hoja de coca para fines que no son ni médicos ni científicos, lo que podría controvertir lo dispuesto en la Ley 30 de 1986”.

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Y alerta de que al CNE no le corresponde decidir sobre la suspensión de erradicación y que la resolución podría dar lugar a la renuncia o suspensión del ejercicio de la acción penal, entre otras figuras, “tarea que solo le corresponde al legislador”.

De paso, recuerda que el Acuerdo Final para la Paz previó, en lo que respecta a los pequeños cultivadores, un tratamiento penal diferenciado, transitorio y condicionado.

Importación de cemento

En cuanto a la eliminación del tope mínimo sobre el control de registro del cemento –que también contempla la resolución–, la Fiscalía anota que ocasiona efectos perversos para una efectiva lucha contra las drogas. Tras recordar que se usa para la producción de pasta base de coca, señala que su uso masivo permite ampliar la oferta.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Y la Procuraduría sugiere armonizar el proyecto de resolución con lo dicho en la sesión del CNE donde se indicó que la eliminación del cemento de las sustancias y productos químicos controlados atendía a una medida coyuntural (no permanente), por las afectaciones de la emergencia en Cauca.

Se espera que el CNE sea citado en los próximos días.

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