Atención: defensa de Álvaro Uribe recusa a fiscal de su caso por nexo con exfiscal Montealegre

EL TIEMPO estableció en primicia que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de radicar un oficio en el que recusa a Marlenne Orjuela Rodríguez, la fiscal que lleva su caso por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

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En el documento, el penalista Jaime Granados, punta de lanza de la defensa del expresidente, anexa una foto de la fiscal Orjuela con el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, quien hoy funge como una de las víctimas dentro del caso contra el exmandatario.

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"Mediante la presente recusación, se expondrá como usted, en su condición de Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debe separarse del conocimiento del presente caso, en tanto se encuentra impedida no sólo por estar incursa en la causal primera de impedimento de que trata el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sino también porque su imparcialidad se encuentra cuestionada desde una perspectiva objetiva. Lo anterior, por cuanto para el año 2012 usted fue nombrada en el cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal de Distrito, por el entonces Fiscal General de la Nación, doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett, quien actualmente funge como alegada víctima dentro del presente asunto, circunstancia que compromete su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones y advierte un interés en la causa, siendo necesaria su separación de conocimiento de la presente actuación, a fin de garantizar la imparcialidad que le es exigible", se lee en el documento que EL TIEMPO obtuvo en exclusiva.

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En el mismo documento Granados asegura que la recusación a la fiscal del caso no se debe considerar como una maniobra dilatoria dentro del proceso porque no lo frena.

"Desde este momento, se advierte que la presente recusación no puede considerarse como una maniobra dilatoria en tanto, por expreso mandato legal, la presentación de la misma no suspende la actuación", señala Granados. 

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La advertencia se debe a que, según el calendario judicial, el proceso contra el expresidente Uribe prescribe en octubre de 2025.

La defensa del expresidente, que alega su total inocencia, ya había interpuesto una acción de tutela recusando a la juez del caso porque -en su criterio-, había actuado de forma parcializada, descalificando constantemente a la defensa, priorizando la celeridad sobre las garantías del acusado y negando pruebas relevantes de descargo. No obstante, la tutela les fue negada.

Tras una amplia citación de jurisprudencia, incluida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de la que es fiscal delegada la funcionaria Orjuela, la defensa de Uribe asegura que es de público conocimiento que tan solo dos meses después de tomar posesión, el entonces fiscal Montealegre nombró a Orjuela fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito Judicial. 

Y asegura que en ese momento, ella era magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial.

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"Si bien esta situación, en principio, no supondría mayores inconvenientes, adquiere relevancia debido a que dentro del mismo radicado, el doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett ha sido reconocido como alegada víctima por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá y por la honorable Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La designación que, en el año 2012, la favoreció no fue producto de un concurso de méritos, sino que correspondió a un cargo de libre nombramiento y remoción, el cual, por su naturaleza, implica una relación de confianza directa con la autoridad nominadora. En este caso, dicha autoridad era el doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett, quien ostentaba la facultad discrecional de nombrarla y removerla de su cargo cuando así lo considerara", señala Granados en sus argumentos.

Bajo esos argumentos, solicita que la fiscal Orjuela se aparte de conocimiento del caso, con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, la observancia estricta de los derechos fundamentales del expresidente.

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