De Saludcoop a Medimás, una historia espinosa

Esta es la historia de la caída de la que alguna vez fue la EPS más poderosa del país. Y de cómo ocho años después aún tiene en jaque al sector de la salud y a millones de personas que, indefensas, han sufrido en carne propia fallas en el servicio.

Hoy, ad portas de que el Consejo de Estado establezca si se deben trasladar, otra vez, a millones de s de s de Medimás a otras EPS, presentamos un recuento necesario para entender lo que fue y lo que será.

En el 2011, antes de ser intervenida, Saludcoop era la EPS con el mayor número de afiliados en el país y tenía presencia en los 32 departamentos. Una gigante del aseguramiento. Para entonces, cuando la población nacional bordeaba los 46 millones, más del 10 por ciento (cinco millones) de los colombianos estaban afiliados a ella.

En algunas regiones, como Meta y Casanare, afiliaba incluso a uno de cada tres habitantes, y en Boyacá a uno de cada cuatro. Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, llegaba, además, a casi 550 municipios y en 240 de ellos tenía el 66 por ciento de los afiliados.

En palabras de Hernando Nieto, ex presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Saludcoop era una especie de monstruo que mandaba a sus anchas en el sistema y, por tanto, mostraba un riesgo inminente.

Y como algunas voces lo venían advirtiendo, todo se vendría abajo.

Saludcoop era un organismo cooperativo que al tiempo que EPS era la matriz de un grupo económico, conformado a lo largo de 17 años después de expedida la ley 100 de 1993. Al momento de ser intervenida Saludcoop EPS estaba integrada por 43 empresas.

De ellas, 12 eran prestadoras de servicios, 16 de apoyo de gestión, tres dedicadas a las inversiones en el exterior, cuatro correspondientes a empresas constituidas con aportes de cooperativas y tres dedicadas al aseguramiento: Saludcoop, Cruz Blanca y Cafesalud.

En ese contexto, no todas eran propiedad de Saludcoop EPS. “Había inversionistas distintos en algunas empresas que comenzaban a presentarse dentro del mismo grupo con ánimo de lucro bajo el marco de sociedades limitadas que se sumaban a Cafesalud y Cruz Blanca que sí tenían ánimo de lucro, es decir era sociedades anónimas”, decía un documento de entonces de la Superintendencia de Salud.

El grupo económico tenía cerca de 28.000 empleados, de los cuales 12.956 estaban vinculados a los hospitales (Corporación IPS) propiedad de Saludcoop en diferentes áreas, tanto asistenciales como istrativas.

La cuarta parte de los afiliados (5’135.363 personas) del régimen contributivo estaban afiliados al Grupo Saludcoop, en sus tres EPS (Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca), según recuerda la Superintendencia de Salud. Para atender a dicha población contaba con una red de servicios calificada por los entes de control como de enorme importancia para la atención de los colombianos, pues sin contar sus clínicas asociadas, que alcanzaban el 70 por ciento de su propiedad, tenía 517 camas solo en cuidados intensivos, de las cuales 427 eran pediátricas y neonatales. El conjunto más grande de todo el sistema.

Su dimensión y su rápido crecimiento llamaron la atención de los entes de control, que confirmaron que Saludcoop estaba usando los recursos parafiscales y de los afiliados en inversiones de todo tipo, como equipos biomédicos y la formación de empresas, algunas de ellas en el exterior, que incluso produjeron pérdidas importantes, como Saludcoop México.

Usar la plata de la UPC (unidad de pago por capitación, que es el dinero que el sistema de salud reconoce por cada afiliado anualmente) en inversiones distintas a la atención de la gente fue considerado varias veces por la Superintendencia de Salud como una “práctica ilegal y no autorizada”, si bien solo estuvo expresamente prohibida hasta la expedición de la ley 1438 de 2011.

O en otras palabras, aprovechando los vacíos jurídicos de la época Saludcoop consolidó una red de servicios con infraestructura pagada con recursos públicos, a juicio de la Contraloría General de la Nación, con el agravante de que todo quedó en manos de la EPS y sus asociados, y no de los afiliados.

Estas inversiones irregulares generaron una desviación de recursos peligrosa para ese entonces, cuando el sistema de salud no se había definido como una concesión y tampoco se había especificado que la UPC se utilizara en activos fijos, como tampoco la reversión de bienes que se hubieran pagado de dicha manera.

A la cabeza de este grupo se encontraba Carlos Gustavo Palacino Antía, considerado por muchos como el zar de la salud en el país y con el proyecto que montó alrededor de Saludcoop como el máximo representante del cooperativismo en América Latina.

No era para menos. El holding que logró era su mayor obra y alcanzó a operar cerca de 3 billones de pesos cada año. Era uno de los magos del aseguramiento en el país y llegó a conocer tanto el sector que muchas de sus prácticas fueron replicadas.

Pero los hallazgos de cheques no pagados, las inconsistencias, giros no legalizados y las inversiones millonarias en activos diferentes al objeto social marcaron su caída. Hoy se encuentra procesado ante la justicia después de varios años.

Gracias a esas prácticas Saludcoop había logrado consolidar un emporio con recursos públicos, algo que generó un gran conflicto y un debate mayor: ¿Quiénes eran los propietarios de los bienes? ¿El Estado, los afiliados, la empresa, sus socios o el sistema de salud?

Saludcoop sostenía que la red era de su propiedad, algo que rechazaba el Gobierno. La respuesta llegó desde el Consejo de Estado: los dineros públicos (UPC) no se pueden usar fuera de su propósito misional, que es la atención en salud de la gente.

Consecuentemente, la Contraloría General de la República condenó a Saludcoop y a sus es por 1,6 billones de pesos e hizo efectiva la condena. Pero y entonces, ¿se podía liquidar una aseguradora tan grande y con ella su red de servicios? ¿Qué pasaría con los afiliados? Tales preguntas surgieron teniendo en cuenta que dada la magnitud de la empresa era impensable debilitar su operación sin afectar la vida y el bienestar de millones de personas.

A pesar de que muchas voces gritaban por la liquidación de Saludcoop, la Superintendencia de Salud optó por una intervención en mayo del 2011 (resolución 801) que permitiera velar por el servicio a los s. De hecho, según el ente de control, esa medida buscaba “sanear la empresa y ver su verdadera condición”.

Luego vinieron varias noticias que agravaron el panorama. La sanción de la Contraloría quedó en firme y los 1,6 billones de multa se sumaron a sus pasivos en los estados financieros. Y el superintendente de Salud de entonces, Conrado Gómez, ordenó visitas al organismo cooperativo Saludcoop y se encontró, entre otras cosas, que para el 2010 había sobregiros contables por más de 271.000 millones de pesos, 8013 cheques pendientes de cobro sin entregar a diferentes proveedores por más de 266.000 millones de pesos.

Y, por otra parte, se hallaron inversiones en encargos fiduciarios y en la Dian, sin incluir los objetos de las mismas, con grandes inconsistencias, así como cientos de cuentas por pagar e integración vertical patrimonial.

Mientras tanto se fueron sucediendo, una tras otra, prórrogas de la intervención forzosa, sin que se mostraran mayores avances en los estados financieros y acrecentando los déficits de servicios a sus s, los cuales fue perdiendo por miles.

El futuro de la que fue la EPS más importante del país estaba escrito. La información que inducía a error sobre sus márgenes de solvencia y las reservas técnicas que se mostraban por debajo de lo establecido fueron los argumentos finales de la Superintendencia para decidir la liquidación.

El 24 de noviembre del 2015, el superintendente de Salud de entonces, Norman Julio Muñoz, firmó la resolución 2414, mediante la cual se ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa para liquidar Saludcoop EPS.

Para ese momento, la otrora poderosa empresa tenía cuentas por pagar de 1,12 billones de pesos que habían crecido 16,8 por ciento en un solo año con afectaciones directas sobre más de 1.350 prestadores privados y 799 públicos que formaban parte de su red, sin contar que tenía deudas con 4.196 acreedores de los cuales no se tenía clara su naturaleza.

El 87,5 por ciento de esas deudas eran servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud de entonces que ya habían sido prestados, y la mayoría se concentraba a más de seis meses. Eso sin contar que en esa época una de cada tres quejas que se presentaban ante la Superintendencia de Salud era por fallas en la atención de Saludcoop y que aumentaron 70 por ciento las tutelas de los ciudadanos para acceder a servicios de esta EPS.

En la resolución, la Superintendencia designó a Luis Martín Leguizamón como agente especial liquidador, quien luego presentó el plan especial de asignación de los 4,6 millones de afiliados Saludcoop a Cafesalud EPS. Y aquí comienza el segundo capítulo de esta historia.

Años atrás, Saludcoop le había comprado Cafesalud a la Federación Colombiana de Cafeteros por cerca de 25 millones de dólares. Se trataba de una EPS en principio regional, que afiliaba a casi dos millones de personas de los dos regímenes para el 2015.

El plan del Gobierno al proponerla como receptora de los afiliados de Saludcoop era, en pocas palabras, hacerla fuerte para venderla más adelante y recuperar el dinero para pagar las acreencias de Saludcoop.

A través del decreto 681 del 2015, el Ministerio de Salud adquirió bonos obligatoriamente convertibles en acciones de Cafesalud por 200.000 millones de pesos y además se pagaron parte de los pasivos que traía esa empresa. Así, el 1 de diciembre 4,6 millones de afiliados que traía Saludcoop fueron traslados a Cafesalud bajo la premisa que podían hacer uso del derecho de elección tres meses después.

De esa manera, Cafesalud pasó a ser la EPS con mayor población del país (6,5 millones de s) y aunque perteneciente al bloque de liquidación de Saludcoop era una empresa aparentemente saneada con una proyección de mayor eficiencia y que quedaba lista para venderse. Pero tal como se demostró con el tiempo, las cosas no salieron bien.

En pocos meses, organismos como la Defensoría del Pueblo alertaron de problemas de oportunidad en la prestación de servicios de salud y falta de red prestadora para sus s, al tiempo que los pacientes de alto costo se quejaban por las demoras en la entrega de medicamentos y aseguraban que clínicas y hospitales (IPS) adscritos a Cafesalud negaban o demoraban intencionalmente tratamientos debido a las deudas que dejó Saludcoop.

Registros de la Superintendencia de Salud indicaban que en el año 2016 Cafesalud, bajo la istración de Guillermo Grosso, quien había sido interventor de Saludcoop entre 2013 y 2015, cerró con una tasa de quejas de 23,8 por cada mil afiliados del contributivo y de 8,3 para el subsidiado, resultado de más 115.000 reclamaciones por fallas en el servicio.

Mientras todo eso ocurría, la nueva agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverri, avanzaba con el proceso de venta de los activos, que incluían los casi cinco millones de afiliados a Cafesalud y las clínicas y hospitales de Esimed, así como otras propiedades. El 30 de diciembre del 2016 se publicaron los pliegos y seis meses más tarde se daría la venta por un valor millonario a un consorcio llamado Prestasalud, que más tarde se conocería como Medimás.

El 23 de febrero del 2017 se creó el consorcio Prestasalud, conformado por ocho grupos de empresas que representaban a 192 hospitales y centros de atención (IPS) del país. Dicho grupo presentó en mayo de ese año una oferta que al final resultó siendo el doble del precio base establecido por una firma evaluadora para hacerse con los activos de Saludcoop.

Según se conoció, el consorcio ofreció un billón de pesos por las acciones del régimen contributivo, 200.000 millones por las del subsidiado y 250.000 millones por las de la IPS Esimed. En total, 1,45 billones de pesos, en tanto que los valores estimados y mantenidos en secreto durante el proceso eran 430.000 mil millones por el contributivo, 120 mil millones por el subsidiado y 200 mil millones por Esimed.

Echeverri lo calificó como un negocio favorable. Pero solo una semana después, el senador Jorge Robledo interpuso una acción popular contra la venta, con el argumento de que la misma no había contado con múltiples oferentes y como consecuencia se impuso una medida cautelar que detuvo el empalme entre compradores y vendedores por más de un mes.

Mientras se firmaba la compraventa, se conformaba la nueva EPS de nombre Medimás y se conseguían las habilitaciones técnicas y financieras, más de 700.000 afiliados se pasaron a otras aseguradoras antes de que la nueva entrara en operación el 1 de agosto de 2017.

No eran pocas las voces que señalaban como endebles sus cimientos y su capacidad operativa, y exigían acciones urgentes. Tan solo un mes después, en septiembre, el procurador Fernando Carrillo ya comenzaba a solicitar una intervención por fallas en la atención de los afiliados. Y para rematar, José Luis Mayorca, quien fuera su vocero y representante legal, dejó ver en una carta pública una disputa de poder entre los socios fundadores.

El superintendente de Salud de la época, Luis Fernando Cruz, anunciaba que la EPS no sería intervenida, pero sí la sometió a una vigilancia especial que aun hoy permanece.

Medimás se defendía, por supuesto. Decía que los traumatismos en la atención al comenzar las operaciones se debían a los más de 5 millones de servicios y 160 mil trámites legales hechos, como quejas y tutelas represados y que eran responsabilidad de Cafesalud. Y aseguraba que el prometido modelo de aseguramiento que cambiaría la relación con los s y que dijo traer al país al momento de la compra no tardaría en verse.

Nunca llegó. El 2018 Medimás lo cerró con una tasa anual de quejas de 24,2 por cada 1.000 afiliados del régimen contributivo y de 14,2 en el subsidiado, indicadores peores que los de Cafesalud en el 2016.

Producto de las fallas en el servicio, Medimás fue multada por casi 2.000 millones de pesos e incluso el superintendente Muñoz renunció tras ser suspendido por la Procuraduría por presuntas fallas en la autorización en el inicio de la EPS.

En poco más de un año de operaciones, el remedio llamado Medimás parecía peor que la enfermedad Saludcoop, afirma Edith Fernández, paciente oncológica que ha transitado a través de todas las EPS de este grupo.

Comenzaron a conocerse, adicionalmente, decisiones profundas que harían dudar sobre el futuro de la recién creada empresa. La Procuraduría y la agente liquidadora anunciaron que revocaban el proceso inicial de venta alegando que el grupo de empresarios incumplió sistemática y progresivamente las obligaciones “que en calidad de compradores adquirieron, no solo dinerarias sino en la aplicación efectiva de un modelo de atención integral en salud”. Este litigio está por definirse en tribunales.

Al tiempo se conocieron intentos por los dueños de las empresas que istran Medimás (Prestnewco y Prestmed) para vender sus acciones, a lo que las autoridades judiciales respondieron con una medida cautelar que impedía cualquier movimiento accionario. Y en enero pasado la Superintendencia comenzó la revocatoria de operación de esta EPS en Chocó, Sucre y Cesar.

Pero el puntillazo final llegó el pasado 30 de abril, cuando dos decisiones del Tribunal istrativo de Cundinamarca revocaron la licencia de funcionamiento de Medimás en todo el país y, por otra parte, ordenó revertir el negocio de mayo del 2017. Dichos fallos están a punto de resolverse de fondo en el Consejo de Estado y podrían marcar el colofón de una larga historia.

REDACCIÓN SALUD