Los graves abusos en la industria webcam en Colombia: llamado de HRW al Gobierno y al Congreso

La industria de webcam para adultos en Colombia está marcada por graves abusos laborales y explotación sexual, según un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este domingo. El estudio, que se basa en entrevistas con 55 trabajadoras sexuales en Bogotá, Cali, Medellín y Palmira, revela condiciones antihigiénicas, turnos de 18 horas sin descansos y coacciones para realizar actos sexuales degradantes y traumatizantes.

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En el informe ‘Aprendí a decir no: Abusos laborales y explotación sexual en los estudios de webcam colombianos’, las trabajadoras denuncian que los estudios de webcam se quedan con hasta el 70 por ciento de lo que pagan los espectadores, lo que reduce significativamente sus salarios.

Pelos, comida y basura sobre las camas; infestaciones de chinches y cucarachas; sangre, semen, vómitos, heces, leche materna y otros fluidos corporales sobre la cama, son elementos de las escenas que tienen que soportar durante su jornada laboral, además de limpiar ellas mismas el estudio.

El texto también destaca la falta de protección para las trabajadoras sexuales, que son vulnerables a la explotación y el abuso. Muchas de las entrevistadas informaron que habían sido obligadas a realizar actos sexuales que no habían consentido, y que habían sido sometidas a abusos verbales y físicos por parte de los gerentes de los estudios.

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"La explotación sexual no es inherente al modelaje webcam, pero nuestra investigación indica que el riesgo de explotación en los estudios colombianos es extremadamente alto", dijo Erin Kilbride, investigadora de Human Rights Watch. "Las plataformas tienen el poder y la responsabilidad de hacer frente a los abusos cometidos por los estudios".

Además, las plataformas de webcam para adultos no proporcionan información clara sobre las condiciones de trabajo y los derechos de las trabajadoras. 49 de las 50 modelos entrevistadas dijeron que no habían visto ni firmado las condiciones de servicio de ninguna plataforma en la que transmitieron.

La investigación de Human Rights Watch también reveló que los estudios de webcam para adultos en Colombia utilizan una táctica llamada "cuentas recicladas" para contratar a nuevas modelos. Esto implica que los estudios se niegan a ceder el control de las cuentas de las modelos webcam adultas que han dado su consentimiento a dichas personas, y en su lugar asignan la cuenta a una nueva modelo. E incluso, se habla de entrega de drogas para que las personas logren sus largas jornadas.

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Esto, de acuerdo con HRW, facilita la posible creación de material de abuso sexual infantil, ya que algunas de las modelos entrevistadas informaron que habían empezado a trabajar en estudios cuando tenían entre 13 y 17 años. “Son una táctica clave que los estudios pueden utilizar para contratar a niñas, niños y adolescentes y contribuir a la producción de material de abuso sexual infantil”, dice el informe.

Ante el complejo panorama, HRW hace una serie de recomendaciones para las plataformas y los miles de estudios en el país, así como al Gobierno Nacional y al Congreso. Al Gobierno le pude poner fin al uso del término prostitución y lo sustituya "por un lenguaje que aclare si el texto se refiere a trabajo sexual consentido entre adultos, a la trata con fines de explotación sexual o a la trata con fines de explotación laboral".

Además, hace un llamado para que en el caso de esta población se alineen las políticas públicas con las personas que ejercen el trabajo sexual pues las webcam son también un grupo que merece "especial protección constitucional".

Por último, se recomienda al Ejecutivo "ratificar a la brevedad" el convenio sobre violencia y acoso de la Organización Internacional del Trabajo, el cual es el primer tratado internacional que reconoce a todo ciudadano un mundo laboral sin acoso, violencia, entre los cuales se cobijan temas de género.

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Y puntualmente, al Ministerio del Trabajo, hoy en cabeza de Gloria Inés Ramírez, adoptar "las medidas necesarias y pertinentes para salvaguardar los derechos de las mujeres que trabajan como modelos webcam en establecimientos", así como "desarrollar y elaborar directrices que diferencien el trabajo sexual legal de la inducción a la prostitución, la explotación sexual y la trata de personas.

Otro punto clave para la cartera es que se desarrollen directrices y procedimientos para que "los estudios que ofrezcan instalaciones para habitar".

Al Congreso, por su parte, le insiste en "aprobar legislación que refuerce el estatus laboral de las personas trabajadoras sexuales codificándolo en la ley". También, al se le pide legislar en beneficio de quienes ejerzan este oficio.

"Reforzar las normas de clasificación del empleo para proporcionar protecciones salariales y laborales en conformidad con la recomendación de la OIT contra las "relaciones de empleo encubiertas", en las que un empleador "trata a un individuo como si no fuera un empleado, de forma que oculta su verdadero estatus legal como empleado"", dice el informe.

Precisamente actualmente el Congreso tramita una reforma laboral, que la siguiente semana podría tener su tercero de cuatro debates, pero acá no se toca ningún tema relacionado con el modelaje webcam.

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La idea es regularlo en otro proyecto de ley, tal y como lo pidió la Corte Constitucional al exhortar al Congreso. Sin embargo, son varios proyectos los que se han tramitado en ese sentido en los últimos meses y se han archivado por falta de trámite. En junio se archivó uno radicado por Alejandro Ocampo y Gabriel Ernesto Parrado, del Pacto Histórico, pero ni se hizo el primer debate.

El Congreso sigue en deuda en esa materia no obstante al exhorto del alto tribunal.

JUAN PABLO PENAGOS - MATEO GARCÍA 

Redacción Política