Elecciones en Colombia: ¿cuáles son los riesgos de seguridad que encienden las alertas?

La situación de seguridad en Colombia de cara a las elecciones regionales de octubre podría convertirse en la más crítica de los últimos años. Las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), en las que se evidencia un aumento en el número de hechos violentos en contra de candidatos y de la población civil con respecto a los comicios de hace cuatro años por parte de grupos armados ilegales y las amenazas a través de un comunicado del autodenominado 'Estado Mayor Central' de las Farc en los departamentos del Meta, Putumayo, Guaviare y Caquetá, tienen en alerta a las autoridades. Se evidencia un fenómeno que, según la MOE, ha venido en aumento desde las elecciones del año pasado.

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La mayor cantidad de hechos entre acciones armadas y amedrentamientos se concentran en Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cauca. En estos cuatro departamentos, según datos de la Misión con corte al 29 de abril, se han reportado 323 denuncias (el 51 por ciento) de las 634 reportadas a nivel nacional, lo que equivale a un incremento del 141 por ciento en comparación con el total de hechos para el mismo periodo de las elecciones locales de 2019.

En cuanto a las acciones violentas en contra de los liderazgos sociales, políticos (los más afectados con 153) y comunales, se han registrado 282 agresiones en su contra, es decir, el número más elevado desde el 2006, momento en el que se fundó la Misión.

“Se ha recibido información sobre amenazas y acciones para cooptar a liderazgos sociales y comunales por parte de grupos armados ilegales, así como prácticas asociadas al control y restricciones a la movilidad de pobladores en áreas rurales, cobros y extorsiones a actividades de comercio y acciones de empadronamiento”, señaló la MOE luego de que se conociera el comunicado de las disidencias.

En el texto publicado por el grupo subversivo, en el que cuestionan la decisión del presidente Petro de poner fin al cese del fuego con esa disidencia —que el mandatario ordenó tras la masacre de tres menores que habían sido reclutados en Putumayo—, afirman que hay sectores políticos —a los que denominan “guerreristas"— que no son bienvenidos en las regionales donde la organización guerrillera hace presencia.

“Entendiendo que en Colombia hay partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político-militar, se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos”, dicen.

Las denuncias sobre estos episodios no son nuevas. De hecho, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, durante la cumbre de gobernadores de marzo, afirmó que las disidencias estaban citando a los candidatos y carnetizando a la gente. Una denuncia similar realizó ayer Edilberto Molina Hernández, alcalde de Cartagena del Chairá, en Caquetá, quien denunció que las disidencias cobran multas de un millón de pesos a aquellas personas que no llevan carné.

“Esta es una situación que se viene presentando desde hace varios meses. Los obligan a que tienen que sacar un carné para moverse en el territorio y esto ha generado nerviosismo de cara a las elecciones. (...) Estos grupos están suplantando a las entidades que deben velar por las elecciones y eso viola la Constitución y significa que habrá un favorecimiento a ciertos partidos afines a ellos”, dijo Molina, quien es uno de los cuatro alcaldes del país —junto con los de Tibú (Norte de Santander), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Guzmán (Putumayo)— que tuvieron que abandonar su municipio ante las amenazas de los grupos armados.

Una visión similar tiene Arnulfo Gasca, gobernador del Caquetá, quien considera que el país ha retrocedido treinta años en materia de seguridad. “Este tipo de comunicados nos causan dolor y tristeza, porque significa un retroceso en el camino hacia la 'paz total' y porque indudablemente se genera zozobra en la población civil, que sigue quedando en medio del conflicto”, dijo.

En este apartado de violencia política, Putumayo es el más afectado de cara a estas elecciones, con seis casos. Le siguen Caquetá, con cuatro; Meta, con dos, y Guaviare, con una denuncia. Por tal motivo, y bajo la preocupación que han generado las amenazas del Emc, la MOE recomendó la realización, con carácter de urgencia, de Comisiones de Seguimiento Electoral en cada uno de estos departamentos.

Si bien a los partidos políticos les inquieta la situación, por ahora, mantienen silencio porque legalmente la campaña no ha empezado.

Pese a estas denuncias, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo que es importante recordar que estos hechos contra líderes políticos y contra la población vienen en aumento desde las pasadas elecciones presidenciales. “En enero del año pasado se empezó a hablar de cómo había sido la escalada de violencia, lamentablemente lo que ha venido pasando es que esa escalada de violencia ha sido sostenida”, afirmó.

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Sobre estos episodios, los analistas sostienen que la respuesta del Gobierno debe ser contundente debido a que estas amenazas son un riesgo para la confianza de la sociedad en los procesos democráticos, sobre todo en las regiones más apartadas.

“Me parece que es un mensaje muy preocupante. Debe haber una respuesta muy firme por parte del Gobierno, porque aquí se estarían revirtiendo unos éxitos del acuerdo de paz con las Farc en las zonas surorientales del país. Hemos constatado en las pasadas elecciones locales y en las elecciones nacionales un aumento de la participación electoral, lo que muestra que ahí había un terreno ganado para la democracia y si esto está bajo amenaza, debería preocuparnos”, dice Yann Basset, experto en ciencias políticas de la Universidad del Rosario.

En ese sentido, Angelika Rettberg, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, asegura que hay una clara intención de los grupos armados detrás de estos hechos.

“No creo que sea igual que hace 30 años. Por ejemplo, a ‘Iván Mordisco’ no le interesa llevar a cabo la amenaza, es demasiado costoso y a él le interesa negociar. Atacar candidatos le cierra las puertas con el Gobierno y le resta legitimidad ante la sociedad, por lo que le interesa ser fuerte en la mesa, por eso amenaza”, indicó.

Fuentes militares le confirmaron a EL TIEMPO que el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo, pidió un refuerzo de inteligencia para analizar eventuales acciones terroristas en los departamentos en mención, no solo contra la Fuerza Pública, sino contra candidatos, cuyos nombres en muchos puntos hasta ahora empiezan a perfilarse.

“La idea es tener una estrategia preventiva con la cual se logre salvaguardar la vida e integridad de cada aspirante a las corporaciones”, dijo la fuente, que añadió que a la vez “se van a revaluar las denuncias sobre riesgos que se hayan presentado este año.

Paralelo a ello, cada comandante de unidad, brigada y división deberá presentar en el transcurso de la semana un informe al comando de las FF. MM. sobre eventuales alertas y, en ese orden de ideas, adelantar la puesta en marcha el denominado Plan Democracia.

Con este se reforzará la presencia de los uniformados en los puntos críticos que se detecten. Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, general Tito Yesid Castellanos, señaló que se están verificando los esquemas de seguridad.

“Desde el Presidente de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se han dado instrucciones precisas, en estos momentos, para los 12.929 puestos de votación en el país. Hay una planeación y logística preparada”, señaló.

En ese sentido, el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega Rocha, rechazó las amenazas, pero reafirmó que por ahora no se plantean mover ninguno de estos puestos. “Hasta el momento, la Registraduría no contempla trasladar ninguna mesa, confiamos plenamente en el Gobierno, en las Fuerzas Militares y de Policía, en que no tendremos que correr ni puestos ni mesas de votación, sería un retroceso al año 2002”, enfatizó.

Con el Plan Democracia, la Fuerza Pública busca blindar la jornada electoral de octubre y, en ese sentido, las reuniones se empezaran a desarrollar de forma prioritaria con los gobernadores de los cuatro departamentos bajo amenaza.

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Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, anunció ayer que el Gobierno Nacional está preparando “una estrategia especial” para darles tranquilidad a los ciudadanos que habitan en las zonas acosadas por grupos violentos que amenazan con interferir en el proceso electoral.

Su declaración fue hecha en el marco de la Comisión de Garantías Electorales que se reunió en la mañana de este lunes. Cuando faltan cinco meses para el certamen electoral regional, se habló de los retos que se tienen ante el complejo panorama de orden público en varias zonas del país.

El deterioro incluso llevó a cuatro alcaldes a abandonar los municipios que gobiernan.

Velasco explicó que el Gobierno ha tomado nota directamente a las amenazas proferidas por las disidencias en contra de la realización de las elecciones y señaló que habrá una respuesta de la mano del Ejército, Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Una de las primeras acciones “es reforzar la seguridad de aquellos alcaldes que han tenido que abandonar las zonas para que puedan volver a despachar y liderar el proceso electoral desde sus territorios”, dijo el ministro.

Para “trazar un plan” se buscará garantizar la seguridad tanto de los candidatos como de la ciudadanía que está siendo afectada por los distintos actores armados.

El ministro dijo que la actual situación es distinta a las enfrentadas por los gobiernos de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI: “Hay unas amenazas de unas disidencias que no podemos esconder. Pero, si se hace una comparación estadística, no estamos volviendo a esos tiempos. No obstante, hay alertas y estamos actuando”.

En cuanto a la duda sobre si habrá unos comicios seguros en octubre, Velasco manifestó: “Garantizarlos es la obligación del Gobierno y estamos en esa tarea”.

En este punto hizo un llamado a los distintos actores armados para que haya “respeto a la democracia”, pero al mismo tiempo señaló que las amenazas proferidas por las disidencias no pueden ser respondidas con “cartas o mensajitos”, sino con “actuaciones que está preparando la Fuerza Pública”.

El registrador Alexánder Vega también se manifestó a la salida de la Comisión de Garantías: “Rechazamos de manera categórica el comunicado de la semana pasada del grupo que delinque en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, y que atenta contra las garantías de los comicios en curso, ponen en riesgo las condiciones de equidad del certamen electoral y amenazan el debido cumplimiento de la función de los registradores municipales y demás trabajadores de la entidad”.

La cabeza de la Registraduría comentó que ya presentaron el mapa de riesgo electoral y encontraron que hay cerca de 74 municipios en riesgo. Por eso, pidió que el Ejecutivo se una para responder a los retos que se avecinan. 

REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA