El horror de otra campaña política atravesada por la violencia

A estas horas hay una actividad febril en la Unidad Nacional de Protección (UNP). Contra el reloj deben responder a las 496 solicitudes de protección de candidatos a elecciones locales que exigió este lunes el presidente Iván Duque tras finalizar la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales. Es decir, la tarea debe estar hecha este miércoles.

Pablo Elías González, director de la UNP, estuvo este martes en el Congreso y precisó que hoy le brinda protección a 1.533 inscritos a los comicios de octubre y que, además, le han llegado a su despacho 599 peticiones de protección más. Eso sí, para desazón de muchos, adelantó: “No tengo más carros blindados”.

El lunes el jefe del Estado mostró su tristeza al narrar lo que está ocurriendo: “Hemos visto con dificultad, con dolor, el asesinato de siete candidatos”.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), por su parte, lleva las cuentas de 2 aspirantes secuestrados y 40 amenazados. Es el horror de volver a una campaña política atravesada por la violencia.

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Un hecho que va en contravía de las elecciones al congreso y a la presidencia del año anterior, que fueron las más tranquilas de nuestra reciente historia democrática. Esas primeras elecciones presidenciales se realizaron en un escenario de transición al posconflicto que mostraron la importancia del proceso de paz con las Farc para permitir el libre ejercicio del voto, a lo que se sumó, además, la tregua unilateral decretada por el Eln durante una semana.

“Estas elecciones contrastan con las del 2015 y el 2018, donde los actos de violencia se habían acercado prácticamente a cero. Esperamos que en esta recta final no sigan aumentando las cifras”, afirma León Valencia, director de la fundación Paz y Reconciliación.

Pero, ¿quién está apretando el gatillo? “En el 80 % de los casos, los autores son desconocidos, pero nosotros hemos concluido que los contendores políticos están pagando sicarios para eso. También hay una participación de grupos ilegales como las Águilas Negras y del Eln”, explica Valencia.

¿Qué pasó? ¿Fue un breve espejismo de haber podido ir a las urnas sin estruendo de los disparos? ¿Por qué volvimos a épocas tan oscuras? “Las elecciones en cualquier democracia son la renovación de la legitimidad de una sociedad”, dice el analista Pedro Viveros.

“Hay que conformar una especie de frente estatal para garantizar la vida y la democracia de los colombianos”, añade él.

Lo que está en juego, al fin y al cabo, no es solo la tragedia de los electores de, por ejemplo, Tibú, donde el domingo fue asesinado a balazos el candidato a la alcaldía de esta población de Norte de Santander, Bernardo Betancourt Orozco, sino el futuro de toda una sociedad acosada por unos bárbaros que insisten en que el poder de las balas pasa por encima del de los votos.

Pero, ¿en dónde está la falla? En febrero de este año, Duque fue hasta el emblemático fuerte militar de Tolemaida para anunciar su nueva estrategia para brindarles protección a los ciudadanos, la cual llamó Política de Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad.

El mandatario, se interpretó, propuso ir más allá de un tema que ya se creía chuleado: que aquí ya no matan a la gente por pensar diferente. ¿Cuál fue la falla tan grande que no se vio en aquel momento?

“Para mí, volver a tener una campaña violenta y de violencia en el país es la prueba de que el Gobierno (tanto el final del gobierno Santos como el gobierno Duque) no dimensionó la importancia trascendental de la implementación del acuerdo. La implementación es tan o más importante que el propio acuerdo. Y en especial, la implementación y materialización de la paz territorial”, argumenta Diana Rodríguez del respetado centro de pensamiento DeJusticia.

Es el eje del reclamo de los integrantes del partido Farc. Para ellos, un sector de la sociedad se equivocó al pensar que la paz era la entrega de ellos de los fusiles.

“Esa era una parte de la negociación –coinciden sus principales líderes en una conversación con EL TIEMPO–, pero en paralelo había que llevar carreteras, hospitales, escuelas, progreso a esa Colombia olvidada”.

De no hacerlo, dicen, otros grupos ilegales copan esos territorios para imponer la ley de los fusiles. Ellos, como pocos, saben como son las cosas en esa Colombia monte adentro.

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Fue, palabras más, palabras menos, lo que escribió el entonces alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, en una conferencia que dictó por allá en el año 2014, en la Universidad de Harvard, a la que tituló: 'La paz territorial'. “Que las guerrillas dejen las armas es por supuesto una condición ineludible de la transición. Pero no es lo principal. Lo principal es lo que pasa después. Lo principal es entender la paz como una oportunidad, como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en cincuenta años de guerra. Se requiere la energía de la paz para poner en marcha la transformación de las condiciones que han mantenido vivo el conflicto. Eso no es nada diferente a lo que debe hacer cualquier democracia sensata: aprovechar los desafíos para dar saltos en su desarrollo”, sentenció en esa oportunidad.

El tiempo pasó y, lamentablemente, hoy a lo largo y ancho del país, muchos lloran con tristeza a sus difuntos. Mientras que en la UNP reconocen que tienen limitaciones para darle seguridad a los cientos de amenazados.

La conclusión de María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz es categórica: “Es deplorable que siga habiendo violencia en las campañas políticas. Resulta fundamental hacer mayores esfuerzos para reducir los grupos armados que buscan ejercer control social y político para apropiarse de las rentas de economías ilegales”.

Y, advierte, que también hay que poner la lupa para sacar la luz a “los actores ‘legales’ que en río revuelto quieren tomar ventaja usando la fuerza contra sus adversarios”.

ARMANDO NEIRA

Editor de Política de EL TIEMPO