Cerca de un millón de víctimas del conflicto ya fueron indemnizadas

A pesar de los 11,3 billones de pesos que en los últimos ocho años se han invertido para reparar a las personas que resultaron afectadas por el conflicto, por parte de la Unidad de Víctimas, aún son varios los pendientes que tiene el Estado con quienes sufrieron el flagelo de la guerra.

Esta es una normativa enmarcada en los principios de la justicia transicional, con la cual se busca resarcir a quienes sufrieron el conflicto, además de llevar desarrollo a las comunidades golpeadas por la guerra.

Durante la vigencia de la Ley se ha consolidado el Registro Único de Víctimas (RUV) en el que, entre 2012 y el 1 de mayo de 2019, se han incluido 8.816.304 personas, la mayoría de las cuales sufrieron desplazamiento.

Durante los ocho años que lleva de vigencia la norma, la Unidad de Víctimas ha entregado 986.961 indemnizaciones a víctimas en Colombia, por 6,1 billones de pesos. Esta cifra corresponde a la llamada reparación individual.

"La Ley se hizo a 10 años, pero ha sido imposible reparar a más de ocho millones de personas por temas fiscales y por eso se necesita una ampliación ya que le restan dos años. También hemos propuesto que tenga la misma vigencia de implementación del Acuerdo de Paz a través del acto legislativo 01 de 2017”, señaló Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Participación de Víctimas en Antioquia.

De todos modos, en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno se subió la meta en cuanto a indemnización. Se espera que se llegue a un millón de víctimas indemnizadas durante el cuatrienio de este Gobierno.

Además de la reparación individual, también se ha avanzado en la llamada reparación colectiva, que consiste en “la reconstrucción de infraestructura y tejido social”. Hasta el momento se han llevado a cabo 600 procesos de resarcimiento colectivo a comunidades.

Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado el país en tiempos de posconflicto es devolverles la tierra a quienes fueron despojados de ella. Esto debido a que, en últimas, el conflicto por la tierra ha sido, por años, uno de los orígenes de la violencia en Colombia.

Uno de los puntos en los que más hace énfasis la ley de víctimas es devolverle la tierra a sus verdaderos dueños.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, le dijo a EL TIEMPO que cerca de un millón de hectáreas fueron objeto de despojo desde 1990, de las cuales 342.128 ya fueron devueltas a cerca de 45.764 familias que habían sido desplazadas de estos predios.

“No es solo el retorno material al predio, sino que hay otra serie de medidas en las que el Estado hace una reparación integral. Hemos invertido más de 100.000 millones para el desarrollo de proyectos productivos”, expresó Castro.

De acuerdo con estudios de la Unidad de Restitución de Tierras, las Farc y el Eln fueron históricamente los mayores despojadores de tierra con un 40 por ciento de los casos, otro 35 por ciento de los despojos corresponde a grupos de autodefensas, 2 por ciento a las Bacrim y un 23 por ciento a otros grupos no identificados.

Castro explicó que una de las mayores dificultades a las que se enfrenta el Estado a la hora de cumplir con la restitución son las difíciles condiciones de orden público que hay en algunas zonas del país.

“Hoy en día los problemas están concentrados en el Catatumbo, en el Urabá, en Tumaco y en el sur del país, todo lo que es Putumayo, Caquetá y algunas zonas del Meta”, expresó el alto funcionario.

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