Las lecturas políticas que deja el paro camionero: ¿cómo queda el gobierno del presidente Gustavo Petro?

El gobierno del presidente Gustavo Petro se enfrentó esta semana al primer gran paro desde que se inició la istración, en agosto del 2022. Fueron cinco días de crisis en la movilidad y de intensas negociaciones y de bloqueos en las principales vías nacionales tras el alza de 1.904 pesos del AM ordenada por la Casa de Nariño en la noche del pasado viernes.

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El cuadro de grandes capitales como Bogotá y Bucaramanga aisladas del resto del país, las miles de personas que tuvieron que caminar hacia sus trabajos y hacia sus casas por el colapso de los sistemas de transporte masivo --que también fueron bloqueados-- y el fantasma del desabastecimiento que rondó por algunas regiones puso en una disyuntiva a una un desafío para una istración que, precisamente llegó al poder impulsada por el estallido social de 2021. Protestas que en su momento tuvieron como florero de Llorente la polémica reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, que finalmente nunca fue presentada.

Esta vez, fue la decisión de otro ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la que encendió la mecha. Y Bonilla, que formó parte de la representación del Gobierno que negoció con los camioneros el fin de las protestas, termina siendo la cara visible de lo que puede ser considerado como una derrota parcial para la istración Petro: el aumento que se decretó para el diésel de 1.904 pesos se cayó por el paro. 

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El aumento, de acá a fin de año, será de 800 pesos: 400 pesos en los próximos días y otros 400 a partir del 1.° de diciembre. Cómo hará el Gobierno para tapar el billonario hueco fiscal del 'subsidio' al AM, precisamente en momentos en los que pretende sacar adelante un proyecto de presupuesto desfinanciado y amarrarle una polémica propuesta de reformar tributaria, es uno de los grandes interrogantes que quedan después de cuatro días largos de bloqueos. 

Los que ven el vaso mediolleno señalan, en todo caso, que se logró mover a los transportadores -cuya protesta afectó el derecho de los demás a la libre movilidad, pero estuvo alejada de la violencia, salvo casos aislados- de la cerrada oposición a cualquier aumento a aceptar los 800 pesos de más en el galón del combustible.

¿Cómo manejó el Gobierno el paro? Si bien desde un principio algunas voces de la oposición cuestionaron el aumento en el precio del AM, que estaba congelado desde 2020, hubo consenso en la mayoría de los sectores en que la medida era necesaria pero impopular.

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“Los transportadores querían derogar la resolución de alza del diésel, pero les dijimos que eso no era negociación sino imposición. Por el otro lado, el alza hecha por el Gobierno era otra imposición. Entonces lo que dijimos fue: sentémonos a concertar”, reconoció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en diálogo con este diario.

Al final, la protesta logró algo con pocos antecedentes en la historia del país: echar para atrás una decisión económica del Gobierno materializada en un decreto. Qué tanto alentará ese precedente a otros sectores con capacidad suficiente para presionar al Gobierno es uno de los interrogantes que quedan tras este episodio. Mucho más en un país en el que, sobre todo en el último lustro, las vías de hecho y la afectación del derecho a la movilidad -por el bloqueo de los sistemas tipo TransMilenio o de vías claves como la Panemerica-- se han convertido casi en paisaje.

La negociación tuvo dos caras. Mientras los ministros de Transporte, Trabajo, Minas e Interior, principalmente, buscaban soluciones y salidas concertadas, el presidente Gustavo Petro arreció contra las grandes empresas del sector, a las que incluso señaló de participar en una intentona similar a la que enfrentó en 1973 el presidente chileno Salvador Allende, quien finalmente fue derrocado por Augusto Pinochet. La dictadura se mantuvo hasta finales de los 80.

Desde el mismo domingo, cuando aún no había bloqueos, afirmó que este gremio está vinculado con el uribismo y lo relacionó con el presunto 'golpe blando' que según él se está gestando en su contra. “Sé de la enorme influencia uribista de las directivas de las grandes empresas camioneras y de su deseo desde el primer día de mi gobierno de parar las carreteras y buscar lo que hicieron con Allende, pero los pobres no pueden ser sacrificados como hizo Duque con la gasolina”, aseveró el jefe de Estado. El mismo discurso fue replicado por los aliados del Gobierno.

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El miércoles insistió en sus ataques a los empresarios del sector: “Sabemos distinguir perfectamente que es un paro empresarial -siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos- de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en gobierno pasado”. Y vía X fustigó duramente a las empresas, a las que acusó de explotar a los pequeños transportadores.

“Los camioneros está imponiendo la fuerza para obtener un beneficio”, aseveró el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien tres años después de ser uno de los primeros defensores de la llamada 'primera línea' recibió críticas cuando aseguró: “Nunca hemos estado de acuerdo con los bloqueos. Ese fue un relato que sembraron”.

La descalificación del uso de una herramienta -la protesta en las calles- que ha sido fundamental en repertorio político es una de las contradicciones que quedaron en evidencia para el presidente Petro y su círculo más duro, señalan los analistas. 

"Hay manifestaciones sociales verdaderas, buenas; otras malas y que no se justifican? Una teoría que relativiza el ejercicio de los derechos y los califica según matiz ideológico e interés político. Difícil sostener el argumento", opinó el analista político Gabriel Cifuentes, columnista de este diario.

El discurso duro del Presidente y sus alfiles generó ruidos en la mesa, pero finalmente no terminó impidiendo la concertación.

El último gran paro camionero fue en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y duró 46 días. Las pérdidas económicas superaron los dos billones de pesos.

Tras cuatro días largos de bloqueos, y sin mayor intervención de la Fuerza Pública -otro frente en el que el Ejecutivo tenía un reto, dado su discurso de no uso de la fuerza frente a la protesta social- al final se logró un arreglo que fue saludado desde diversos sectores.

“Eso sí pa’ que. Hay que reconocer que el gobierno de Gustavo Petro manejó bien el paro de transporte. Y que, al comenzar a desmontar el subsidio, actuó con seriedad y valentía”, opinó desde la independencia el senador Humberto de la Calle.

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“Reconozco que el presidente y su gobierno han tomado la difícil, impopular y necesaria decisión de ajustar a la realidad los costos del combustible, desmontando subsidios. Queda clara la disminución de $ 1,900 a $ 800 del primer desmonte del subsidio. ¿Habrá otros desmontes sujetos a avances en cuáles temas estructurales? Clave el seguimiento al acuerdo alcanzado para levantar el paro”, opinó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde.

Mientras que Nadia Blel, jefa del conservatismo, resaltó “la importancia del diálogo y la concertación para afrontar los diferentes problemas que hoy aquejan a nuestro país”, pero hizo un llamado a que haya un verdadero acompañamiento y garantías alrededor del acuerdo.

Por eso, para Clara Inés Pardo Martínez, profesora titular escuela de istración Universidad del Rosario, estamos frente a un gana-gana de ambas partes.

“Después de llegar a un acuerdo se puede observar varias lecciones, como lo importante de la escucha entre las partes, comprender que existen falencias, ponerse en el zapato de los otros, poder establecer diferentes fallas de mercado y poder buscar soluciones conjuntas lo cual permite negociar y poder generar resultados gana-gana", aseveró la experta.

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“Con diálogo y concertación se encontró una solución sin recurrir a la violencia, respetando los derechos de todos los involucrados. Tanto los grandes transportadores como los pequeños obtuvieron una solución posible”, señaló el representante a la Cámara Alirio Uribe.

Por su lado, Laura Wills, vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. dice que una vez más ha quedado en evidencia el "gremio tan poderoso" que representan los camioneros en el país.

"Ambas partes declararán victoria. Se le midió aceite al Gobierno para negociar. ¿Vendrán más? Posiblemente", comentó Cifuentes. 

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política