El estallido social, un hito con lecciones y pendientes

El tiempo parece haberse detenido. En el calendario está lejano aquel miércoles 28 de abril cuando el Comité Nacional de Paro (CNP), un movimiento que aglutinaba sindicatos, centrales obreras, organizaciones indígenas y estudiantiles, se echó a la calle en protesta por el proyecto de reforma tributaria del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

En su impulso al texto, el Gobierno Nacional argumentó un propósito: recaudar 23 billones de pesos para garantizar los programas sociales que mitigan las angustias de los más vulnerables. La crisis económica desatada por la pandemia de covid-19 había vuelto a los pobres más pobres y, según el presidente Iván Duque, no podían dejarse a la deriva.

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“Lo hago por responsabilidad”, decía el jefe de Estado, quien argumentaba que lo más fácil para él era pasar de agache y dejarle el problema a su sucesor. “Solamente los demagogos y los politiqueros son los que dejan incubar bombas de tiempo para que les estallen a otros gobiernos”, decía.

Los opositores, por su parte, enumeraron una larga lista de peros. Impuestos a la clase media, el aumento de la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta, IVA para la canasta familiar, al agua y la energía y hasta los servicios funerarios. “Hasta morirse saldrá caro”, se decía en las redes.

Los expertos advertían las fallas en la comunicación para socializar la propuesta. Para Alejandro Useche, profesor de la Escuela de istración de la Universidad del Rosario, la reforma pudo ser necesaria para sostener el gasto en un país endeudado, pero fue mal formulada.

El Gobierno siguió adelante. Una apuesta difícil en una nación a la que le cuesta cerrar completamente sus heridas, mientras que no pocos analistas recordaban que las protestas de 2018 fueron interrumpidas por las cuarentenas y que el germen de rebeldía había entrado en pausa mientras el Presidente se centraba en explicar, día tras día, su estrategia para frenar el avance del virus.

Así que inconformes y Gobierno aumentaron el pulso para medir sus fuerzas. Aquel día, la gente salió en al menos 500 municipios, según reportes del CNP.

En la mañana, las marchas se hicieron notar en las ciudades, en donde especialmente se vio a jóvenes cantando, con las banderas de Colombia, al ritmo de pitos y tambores, mientras que eran aplaudidos por ciudadanos desde las ventanas y azoteas. Según una encuesta de Datexco, el 75 por ciento de los colombianos apoyaban en ese momento el paro. Al caer la tarde explotó la violencia.

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Durante un par de semanas hubo una serie de preocupantes hechos que se repetían sin fin, como las cuentas de un rosario. Bloqueos, disparos con arma de fuego, personas asesinadas y heridas, buses incinerados, inmuebles destruidos.

El Estado colombiano reportó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita de trabajo al país, que entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas.

Colombia fue noticia de primera plana en los principales medios de comunicación del mundo. Durante dos días continuos, por ejemplo, fue el hecho más destacado en la edición de The New York Times, con dramáticas imágenes de la confrontación.

“Después de que Duque retiró la reforma, las protestas se volvieron mucho más violentas. El Gobierno ha sido reprendido por su uso excesivo de la fuerza”, dijo, por su parte, The Economist.

La verdad es que hubo exceso de ambos lados, y mientras que las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaban excesos de fuerza por parte de las autoridades, el Gobierno subrayaba que estos eran casos puntuales que serían investigados y castigados, y que el Estado de ninguna manera podía permitir que los vándalos impusieran su ley.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa alzó su voz para reportar que los vándalos habían arrasado como si hubiera sido un huracán: 1.136 buses y 206 estaciones de transporte público del TransMilenio, en Bogotá; el MIO, en Cali, y el Metroplús, en Medellín, destruidos; 14.479 señales de tránsito acabadas; 96 CAI, 3 distritos y 10 estaciones de policía atacadas.

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Pero, sin duda, lo más grave que dejaron estas semanas fue una estremecedora lista de pérdida de vidas humanas y lesionados. Según la información suministrada por la Fiscalía General, entre el 28 de abril y el 5 de junio hubo 51 personas fallecidas. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales informó que, entre el 28 de abril y el 13 de junio, hubo, además, 1.113 civiles lesionados.

Asimismo, el Estado dio cuenta de 1.253 policías heridos. Y, la Defensoría, por su parte, contabilizó 18 casos de lesiones oculares; cifra que se contrastó en noviembre con el informe ‘Tiros a la vista’, realizado entre el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, la ONG Temblores y Amnistía Internacional, que señala que desde el 28 de abril hasta el 20 de julio de 2021 hubo al menos 103 casos de lesiones oculares.

Durante las noches se levantaban columnas de fuego en Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto, Popayán, Pereira, entre otros lugares. Fueron momentos muy tensos.

Los reportes de violencia eran el pan de cada día. Los videos de violencia inundaban las redes sociales, mientras que aumentaban las tomas de espacios urbanos como Puerto Rellena (que pasó a ser llamado por los jóvenes como Puerto Resistencia), en Cali.

En medio de esto surgieron nuevos protagonistas que dieron cuenta del nivel de polarización social en algunos sectores de nuestro país: de un lado, los de la primera línea que llegaron al extremo de poner cuerdas de alambre de púas para impedir la movilidad, ocasionando la muerte de un joven profesional, y, del otro, aparecieron personas como Andrés Escobar, quien empuñó un arma junto a uniformados de la Policía, como un paramilitar, contra civiles que protestaban.

Hoy, de hecho, hay jóvenes de la primera línea y como el mismo Escobar que esperan resolver su situación jurídica ante la Fiscalía General.

La fractura y la desconfianza crecieron entre comunidades enteras. Los indígenas, de un lado, y buena parte de los habitantes de Cali, del otro, por ejemplo. Precisamente, por esos días la minga y residentes de esa ciudad protagonizaron una violenta confrontación.

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En la tempestad de este deterioro social se escucharon los truenos que impactaron la macroeconomía. Por ejemplo, S&P le quitó el grado de inversión a Colombia.

Han pasado los meses y podría argumentarse que el estallido social hizo que se escuchara la voz de los jóvenes, despertó a la sociedad colombiana y puso sobre la mesa la discusión de problemas estructurales que quedaron en el olvido por la pandemia. Al tiempo que abrió espacios de discusión y participación.

Algunos ejemplos: se logró aprobar una nueva reforma tributaria, más consensuada y asumida en su mayor parte por los empresarios; en el Valle surgió una iniciativa que reúne a los sectores productivos con los jóvenes para impulsar proyectos enfocados en ofrecer empleo y en el país se concretó un espacio de participación juvenil esperado durante años con la primera elección de consejos locales y municipales de juventud.

Además, esta semana la minga volvió a Cali y realizó una protesta pacífica, en la que hubo diálogo con residentes de la zona donde hubo los choques de mayo pasado.

No obstante, algunos analistas, como el historiador Fabio Zambrano, profesor de la Universidad Nacional, sostienen que esta fue una batalla en la que todos perdimos: “Perdieron las instituciones, pues la desconfianza en ellas se incrementó. Perdieron los partidos políticos, pues no agenciaron los contenidos de las protestas. Y perdieron los actores de las protestas, que no lograron consolidar ninguna petición”.

El balance final está por verse, así como sus efectos en las presidenciales del próximo año.

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ARMANDO NEIRA GOYENECHE*

Editor de Política

EL TIEMPO