El próximo 21 de abril conoceremos, a las cuatro de la mañana hora de Colombia, la sentencia de la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto con Nicaragua. Aclaremos que es la primera de dos demandas pendientes. Entiendo sus limitaciones para referirse al caso, pero ¿está optimista o pesimista?
Esta sentencia no versa sobre delimitación marítima ni sobre soberanía, sino sobre las libertades, los derechos y los deberes de cada país en el Caribe. El antecedente inmediato fue el fallo de 2012, en el cual la Corte le atribuyó soberanía a Colombia sobre todas las islas y cayos del archipiélago…
Pero nos enclavaron dos islas…
Sí. Nicaragua hizo una delimitación marítima, y al hacerla, enclavó las islas de Quitasueño y de Serrana.
La reacción le tocó tomarla al gobierno Santos…
En ese contexto, Colombia consideró que, como lo dice la Constitución, se requiere un tratado para modificar los límites del país, y eso a su turno generó unas reacciones que llevaron a esta demanda, que va a ser resuelta el 21 de abril por la Corte Internacional de Justicia.
Una demanda por supuesto incumplimiento de Colombia al fallo de La Haya. Nuestro alegato consiste en que si ese fallo implicaba cambio de límites del país, nos corresponde llevar su aprobación al Congreso…
En efecto, el artículo 101 de la Constitución dice que los límites de Colombia solo pueden ser modificados por medio de un tratado. En diciembre de 2012, en cumplimiento de ello, y luego ratificado por un fallo de la Corte Constitucional, el presidente Santos y el presidente Ortega se reunieron en México con motivo de la posesión de Enrique Peña Nieto, y allí públicamente anunciaron que se iniciaban unas vías diplomáticas para tratar de encontrar una solución.
Sin embargo, Nicaragua cerró la puerta de tal forma a esa vía, que no puede alegar que Colombia está invocando la necesidad de un tratado como pretexto. Claramente Colombia abrió la puerta y fue Nicaragua la que la cerró.
¿Bajo qué pretexto cerró Nicaragua ese dialogo?
Nunca hizo explícita la razón, pero hubo una coincidencia fáctica, que fue la votación de Colombia contra Venezuela en la OEA, cuando, después del Acuerdo de Paz, hubo un distanciamiento entre el Gobierno de Colombia con Venezuela.
La Corte de La Haya está enterada de que nosotros sí buscamos la vía diplomática y de que Nicaragua fue el que la cerró?
Eso se le ha explicado a la Corte Internacional de Justicia. Pero, también se ha planteado algo adicional, que es muy importante: Colombia ha sostenido que al margen de lo que pueda ser el tema de delimitaciones, es fundamental definir, en el derecho internacional, cuáles son las libertades, los derechos y deberes de cada Estado.
Se necesita que Colombia, unida, fije una posición que la fortalezca frente a Nicaragua
Por ejemplo: ¿puede Colombia seguir haciendo presencia en todo el mar Caribe? ¿Pueden los raizales continuar pescando en sus bancos tradicionales de pesca? ¿Puede Colombia seguir ejerciendo actividades de interdicción en materia de lucha contra el narcotráfico? ¿Y realizar actividades para proteger el medioambiente marino, en especial la reserva Seaflower? De otro lado: ¿está obligada Nicaragua a respetar los derechos de Colombia en las zonas contiguas a las islas? Por eso esta sentencia versa sobre las libertades, los derechos y los deberes de cada país.
Pero está en curso una tercera demanda, sobre plataforma continental extendida: Nicaragua pide mucho más...
Sí. El primer fallo fue el de 2012, sobre delimitación y soberanía. Este nuevo fallo es sobre las supuestas violaciones de Colombia a los derechos de Nicaragua. Por su parte, Colombia contrademandó a Nicaragua diciéndole, es usted la que está desconociendo libertades y derechos de Colombia. Y en la tercera demanda, pendiente todavía, Nicaragua pide que la Corte delimite la plataforma continental, sobre la que supuestamente Nicaragua tiene más allá de las 200 millas náuticas. Es sobre el suelo y el subsuelo marino que Nicaragua alega tener en el mar Caribe, pero que Colombia ha demostrado que en realidad no tiene. Pero eso no es lo que se va a definir ahorita.
Este es el primer remate de un pleito que lleva varios gobiernos, y que ha tenido encima a varios presidentes colombianos, ¿no?
Sí, exacto.
Al que le explotó el fallo anterior fue al gobierno Santos, que lo heredó de atrás. Fue el que alegó que Colombia no lo podía cumplir hasta que no fijara legalmente el Congreso los nuevos límites. A este le tocó la etapa de responderle a La Haya por incumplimiento del fallo anterior…
Exactamente. Al gobierno del presidente Duque le correspondió radicar la dúplica, es decir, el último documento escrito en la segunda ronda de alegatos, y las audiencias sobre supuestas violaciones de los derechos de Nicaragua. Al gobierno Santos le correspondió una parte de la etapa escrita y el fallo. Al del presidente Uribe, una parte de la etapa escrita y el fallo de excepciones preliminares. Al gobierno de Andrés Pastrana, preparar el equipo para responderle la demanda a Nicaragua. Y así podemos seguir echando hacia atrás…
Usted y el doctor Carlos Gustavo Arrieta remplazaron al equipo del excanciller Julio Londoño y al actual embajador en la ONU, Guillermo Fernández…
Ellos hicieron un excelente trabajo. Nosotros entramos en el 2014, cuando Nicaragua presentó las dos nuevas demandas contra Colombia: la de incumplimiento y la de plataforma continental extendida. Se organizaron trabajos con abogados internacionales de la más alta reputación y seriedad; también hay un equipo interno que trabaja muy rigurosamente.
Debe prevalecer, por encima de cualquier cosa, la defensa de los más altos intereses del país
Se viene trabajado de manera muy coordinada con la Armada Nacional, y se conformó un equipo raizal, dada la importancia que tiene para esta comunidad el archipiélago. Por primera vez uno de sus representantes pudo tener voz directa para explicarle a la Corte el significado que tienen para ellos sus tradiciones, vinculadas con todo el archipiélago.
¿En un pleito como este, no pesa que en el régimen de Nicaragua no haya derechos ni libertades políticas? ¿No pesa su gobierno tiránico?
Esos factores políticos, por lo menos para nosotros, son importantes. ¿Qué sucede? La Corte tiene que justificar su fallo en derecho.
Pero en ese aspecto hubo un hecho diciente. Uno de los abogados de Nicaragua por más de 40 años, Paul Reichler, sí renunció, porque considera que bajo el régimen actual de Ortega, en Nicaragua no hay libertades, y que él no puede estar al servicio de un gobierno así…
Efectivamente, Reichler renunció, con una carta durísima. Su renuncia les quita credibilidad a las tesis que ha venido sosteniendo Nicaragua.
Y con respecto a la siguiente demanda, que es bastante delicada, ¿es exagerado decir que sus pretensiones llegan hasta las narices de Cartagena?
Sí es exagerado. En realidad, el proceso pendiente versa no sobre aguas, sino sobre el lecho y el subsuelo marino, sobre el piso del mar. Y el punto, digamos, más expansionista de Nicaragua, llega a 350 kilómetros de la costa colombiana. O sea, no llega tan cerca de Cartagena.
¿Pero, cuánto más de lo que tiene hoy Nicaragua?
Hoy tiene hasta sus 200 millas náuticas, según el fallo del 2012, y quiere, en algunos puntos, hasta 250 millas de suelo o subsuelo marino más.
En este fallo no están en juego territorio ni aguas marítimas. No está en juego mar territorial. No está en juego soberanía.
Todos esperamos que el fallo de la Corte sea en derecho, y como tal, seguramente va a reconocer unos temas importantes que a la luz del derecho internacional merecen un pronunciamiento. Por eso no debe verse este caso como exclusivamente vinculado al tema de si Colombia aprobó un tratado o no.
Porque dentro de una política de Estado, hemos adoptado unas decisiones que son respetuosas del derecho internacional, y así lo hizo saber en sus documentos escritos y en las audiencias.
Es decir, ¿nosotros no vamos a tener un fallo que dice, escuetamente, que Colombia está incumpliendo?
No, este va a ser un fallo donde se van a tocar muchos temas. Por ejemplo, si Colombia puede estar presente en el área con su Armada. Nicaragua intentó fabricar incidentes, y no logró nunca pedir medidas cautelares después de diez años.
¿Medidas cautelares para impedirnos navegar por nuestras aguas?
Para impedirnos hacer presencia allá, y eso es gracias a una actitud muy profesional de la Armada Nacional. Nicaragua también pretendió sacar a Colombia del área, alegando que estaba amenazando con el uso de la fuerza, por la presencia de embarcaciones de la Armada. La Corte excluyó esa pretensión de Nicaragua de este proceso. Entonces, llegamos a este fallo habiendo ya sacado de la controversia esas pretensiones de Nicaragua, que eran muy graves.
Por fortuna, la Corte dijo que no somos un país belicista, sino más bien pacífico, que no amenaza con el uso de la fuerza. Nicaragua pretendía crear un régimen transitorio, mientras se definía el pleito. O sea, quería congelar prácticamente cualquier actividad de Colombia en el Caribe. Eso se ganó.
¿Pero esa pretensión tiene que ver con la primera demanda o con la segunda?
Con la segunda demanda. Nicaragua quería un régimen provisional mientras la Corte decidía sobre el proceso de plataforma extendida. Eso lo excluimos del proceso en excepciones preliminares. Son temas muy técnicos, pero ahí, gradualmente, poco a poco, se ha ido avanzando en medio de una controversia muy compleja, que se deriva del fallo de 2012.
Ya que usted menciona la complejidad de este tejemaneje jurídico, a la gente lo que le queda, finalmente, es la pregunta de si Colombia mantiene su territorio, su plataforma continental, o si va a perder una parte…
Esa es la pregunta. Muy importante enfatizar que en este fallo, que se leerá el 21 de abril, no están en juego territorio ni aguas marítimas. No está en juego mar territorial. No está en juego soberanía. Están en juego los derechos, libertades y deberes de cada país.
¿Entonces, por qué la defensa del anterior gobierno fue que no cumplíamos el fallo de la Corte hasta que no delimitáramos nuevamente los límites, si no estábamos perdiendo nada?
Es que en el fallo de 2012 la Corte sí hizo una delimitación, que modificó un límite marítimo, y por eso la política de Estado ha sido la de aplicar la Constitución, en el sentido de que se requiere un tratado para modificar los límites. Y por eso, como lo mencioné, hubo una apertura diplomática en ese sentido, en diciembre de 2012, que luego Nicaragua cerró.
¿El día del fallo nos va a poder decir, con toda sinceridad, si nos fue bien o nos fue mal?
Con toda sinceridad, se necesita que Colombia, unida, fije una posición que la fortalezca frente a Nicaragua. Debe prevalecer, por encima de cualquier cosa, la defensa de los más altos intereses del país.
Y ahí viene mi última pregunta, a propósito de Colombia unida. ¿Cómo estamos en materia de expresidentes? ¿Están enterados de todo? ¿Han apoyado nuestra línea de defensa? ¿O han preferido no participar? En casi todos los demás países, cuando se trata de la situación internacional, y más si está amenazada, hay un frente político unido…
Hemos recibido de los expresidentes información muy valiosa. Les hemos informado cuidadosamente cuando se nos ha solicitado y han querido profundizar en la información. Se ha trabajado con plena transparencia, hasta donde cada expresidente ha querido, y hemos respetado eso.
Es decir, ¿el día del fallo no tendremos a un expresidente, o a dos, o a no sé cuántos –pues no tenemos muchos– diciendo que no, que esto se manejó muy mal?
No sé qué vayan a decir los expresidentes, imposible predecirlo. Lo que hemos hecho, el agente Carlos Gustavo Arrieta y yo, es estar siempre a disposición, explicar en qué ha consistido la defensa, escuchar las posiciones, atender cualquier inquietud, hasta lo que cada expresidente ha considerado pertinente. Hemos actuado con total transparencia, informando todo lo que se nos ha pedido.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO