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El ajustado plan de austeridad del gobierno Petro: ¿qué dice?

Viajes en clase económica y limitar contratación son algunas de las órdenes. 

El presidente Gustavo Petro en el acto de radicación de la reforma laboral.

El presidente Gustavo Petro en el acto de radicación de la reforma laboral. Foto: Presidencia

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La istración de Gustavo Petro dio nuevas directrices para reducir el gasto en el gobierno nacional. Con el decreto 444 de 2023, que cuenta con 8 páginas, se emitieron las directrices al aparato gubernamental para el ahorro de recursos en el 2023. Aún no se sabe cuántos recursos se ahorraría con esta directriz. 
Una de las primeras órdenes es el freno de la contratación en las entidades públicas. Solo se podrán modificar las plantas de personal si el costo de la modificación es cero o si se hace con la intención de ahorrar recursos.
El decreto establece que de forma excepcional se podrán realizar reformas a la planta de personal para aumentarla, pero esto debe estar justificado y contar con el visto bueno del Departamento istrativo de Presidencia (DAPRE).
También se pretende limitar al máximo los contratos por prestación de servicio: “Solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar el cumplimiento de las funciones y de los fines de cada entidad”.
La orden presidencial de ahorro también afecta tema como la forma de trabajo de las entidades. Con la intención de reducir los arrendamientos de instalaciones físicas, el Ejecutivo emitió la directriz de que se privilegie el teletrabajo y el trabajo remoto.
En este mismo sentido se limitarán las reuniones presenciales. La orden es que se deberá “promover y dar prelación a los encuentros virtuales y no presenciales” para que os desplazamientos físicos “sea mínimos y plenamente justificados”-
Bajo esa línea de desplazamientos, la determinación presidencial establece que los viajes tendrán que hacerse en clase económica “o en la tarifa que no supere los costos de esta”. Solo está contemplado un mayor gasto en pasajes cuando el viaje sea de más de ocho horas o haya garantía de que se conseguirán mayores recursos por dicho desplazamiento.
Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Foto:Ministerio de Hacienda

En cuanto a los viajes también se ordena que las delegaciones oficiales estén limitadas al máximo y que sean conformadas estrictamente por la cantidad de personas necesaria para cumplir la misión.
En cuanto a la organización de eventos por parte del Ejecutivo se estableció que se privilegie la virtualidad y, en caso de que obligatoriamente sea presencial, que se haga en “espacios institucionales”.
En este mismo rubro se pide que la organización la hagan entidades públicas, que se limite la entrega de alimentos a “los estrictamente necesarios” y se haga el menor gasto posible de papelería.
El decreto también se mete con los esquemas de seguridad. Se le pide a la UNP que revise aquellos que son de servidores públicos y busque “reducir su conformación”. También se solicita que se busque alternativas de vigilancia como alarmas y cámaras para reducir costos de escoltas.
En cuanto a vehículos oficiales se establece que solo se podrá renovar las flotas que tengan más de seis años de uso y solo podrán ser utilizadas de lunes a viernes. “Su uso en fines de semana y festivos deberá ser justificado en necesidades del servicio”.
Se hace una salvedad y es que la Fuerza Pública tiene potestad para comprar vehículos siempre y cuando sea para defensa, seguridad nacional y convivencia ciudadana. Se hace una excepción similar para la Fiscalía y Migración Colombia.
Augusto Rodríguez, director de la UNP.

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto:Twitter: @UNPColombia

Otro de los apartados a los que entra a tocar el decreto es el de la publicidad estatal. En este la orden es clara: “las entidades deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada que promocione la gestión (…) tales como agendas, almanaques, libretas, pocillos, esferos, vasos, o similares”.
“Todo gasto de publicidad estatal deberá enmarcarse en el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos destinados a la contratación, con el fin de evitar el uso excesivo, controlar el gasto público y garantizar la austeridad”, reza el decreto.
El decreto presidencial también contempla una reducción fuerte en cuanto al uso de papelería, por lo que se pide que se procure que todas las comunicaciones sean por medios digitales.
Por otro lado, se solicita que se reduzca al máximo el gasto en servicios de telefonía, por lo que se pide que se racionalice temas como las llamadas internacionales o que se hagan a través de servicios IP. En este mismo sentido se ordena parar la entrega de planes de celular a los funcionarios e ir desmontando los ya existentes.
“Se podrán adquirir y asignar teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos, de manera exclusiva, para el desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia”, añade la orden presidencial.
La búsqueda del ahorro también llega a las suscripciones publicaciones y de bases de datos. Se solicita que solo sean con la intención de cumplir con “el objeto misional de las entidades” y que se haga con “las cantidades suficientes para suplir las necesidades del servicio”-
En la línea de preservar los recursos del erario, se prohíbe la entrega de condecoraciones que causen “cualquier tipo de erogación”, solo se hace la salvedad en cuanto a las que entregue la Fuerza Pública y sea para “dar cumplimiento a los estatutos de la carrera”.
En otras medidas, se pide racionalización de los estudios de contratación y tener un enfoque de sostenibilidad ambiental que permita el ahorro de recursos en cada una de las sedes de entidades del Ejecutivo.
Juan Sebastián Lombo Delgado 
REDACCIÓN POLÍTICA 

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