Armando Benedetti defiende anuncio de convocar por decreto la consulta: 'Todo es parte integral de un proceso'

Tras el anuncio realizado durante el consejo de ministros por el presidente Gustavo Petro sobre convocar por decreto una consulta popular, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la decisión del mandatario.

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“Si bien el decreto de la convocatoria es un acto istrativo, es parte integral del concepto de la consulta, como lo son la solicitud del presidente y sus ministros, las doce preguntas, la votación del Senado, el decreto convocando a la consulta popular, la convocatoria a elecciones, el reconocimiento de los comités del Sí y del No, la logística de la Registraduría y las mismas elecciones”, expresó el jefe de la cartera política en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que el control debe estar en manos de la Corte Constitucional. “Todo es parte integral de un proceso. Por lo tanto, el control debe estar en la Corte Constitucional, como lo establece el artículo 241.3 de la Constitución”, señaló.

El ministro del Interior ya había anunciado desde el día anterior que estaba listo el borrador del decreto y las 12 preguntas de la consulta, revisado por constitucionalistas, aunque sin precisar quiénes.

En medio del debate y de la posible aprobación de la resucitada reforma laboral, el jefe de Estado anunció que convocará por decreto la consulta popular que el Congreso archivó el pasado 14 de mayo.

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“Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, afirmó el mandatario.

Luego confirmó que la Corte Constitucional “tendrá en sus manos” el decreto de convocatoria de la consulta popular, que será elaborado esta semana. “Sé que me va a caer todo el peso y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, manifestó Petro.

Finalmente, envió un mensaje a la Corte: “No tengo ningún dominio sobre la Corte, pero les solicito que nos acompañen en esta hermosa tarea de reconstruir el Estado Social de Derecho y la igualdad social, alejados de la cultura traqueta y codiciosa, y que nos acompañen en la tesis de ser iguales ante la ley”, dijo el jefe de Gobierno.

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El anuncio del presidente encendió las alarmas en ocho partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI, que calificaron la intención como un “golpe de Estado”.

Las colectividades instaron a la Corte Constitucional y a la Procuraduría a actuar con independencia, conforme a lo establecido por la Constitución. “En caso de que se expida un decreto convocando una consulta popular, confiamos en que el señor Registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral”, señalaron.

También afirmaron que el registrador Hernán Penagos debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión respecto a la consulta popular. Esto contrasta con lo expresado por el presidente, quien asegura que la Corte Constitucional será la que decida.

“Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada”, se lee en el comunicado.

Finalmente, concluyen: “Adicionalmente, la decisión del Gobierno constituye una violación a lo ya dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó una demanda contra el archivo de la consulta en el Senado, al considerar que dicha determinación se configuró como un ‘acto definitivo’ del Congreso. Con ello, la Rama Judicial demuestra que, en efecto, el Senado decidió de manera legítima y en el marco de su autonomía”.

Redacción Política