¿Por qué son polémicas las marchas de este 27 de septiembre? | Análisis

Las marchas de este miércoles 27 de septiembre y las anunciadas 'tomas de Bogotá' por el Gobierno, con el presidente Petro a la cabeza, siguen generando controversia en el país.

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Aunque, como lo señala Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, salir a manifestarse a las calles es un derecho protegido constitucionalmente, existe preocupación por varias características de estos eventos políticos. Por eso, agrega, se debe evitar que ese derecho termine siendo utilizado con fines proselitistas. 

Además de la controversia por la utilización de millonarias partidas públicas para financiar los gastos de las marchas, estas se dan a un mes largo de las elecciones del 29 de octubre.

De allí que desde la oposición y desde otros sectores se esté denunciando la intención velada de favorecer candidatos del Pacto Histórico, más en un momento en el que el movimiento que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia no enfrenta, según las encuestas, un buen momento político y sería, por el contrario, duramente castigado en las urnas.

En la Casa de Nariño tienen una tesis distinta. Allá aseguran que las movilizaciones de este 27 de septiembre, en las principales ciudades, son una expresión de las comunidades para respaldar su gestión y las reformas que se están tramitando en el Congreso de la República.

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De hecho, el lema de las marchas, “Nos movemos por la vida”, va en línea con el discurso del presidente Petro, quien insiste en que sus polémicas reformas, que están atascadas en el Legislativo, son necesarias “por la paz, por la vida, por la justicia social”.

A Bogotá empezaron a llegar muchos de los 15 mil de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) que, además de participar en esta jornada, realizarán su Congreso Nacional este jueves y viernes. La Onic es una de las llamadas 'organizaciones sociales' que han recibido contratos millonarios del gobierno Petro.

En ambos días, se realizará, además, lo que los alfiles del Gobierno han llamado ‘la toma de Bogotá’, dos jornadas que formalmente fueron bautizadas como ‘Gobierno con el pueblo’ y que, según Palacio, buscan que “la gente le exprese en directo sus necesidades” al jefe del Estado.

El analista político Gabriel Cifuentes considera que si bien el llamado a las movilizaciones sociales ha sido una constante durante la istración Petro, las marchas convocadas en la capital esta semana y la idea de “tomarse” tres localidades tiene una connotación particular.

“Como antesala hay que señalar que, si bien en estricto sentido legal son legítimas, fácilmente pueden cambiar su naturaleza y materializar una actividad ilegal bajo el marco de la ley electoral. En otras palabras, dichas manifestaciones están en el límite entre lo legal y una participación en política sancionable legalmente”, dice este experto.

Para quien, además, las particularidades de las marchas convocadas tienen que ver, “con la proximidad de las elecciones”.

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En la Casa de Nariño niegan esta coyuntura y consideran que, por ejemplo, en la capital los ciudadanos necesitan información de primera mano del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del Gobierno para su cuatrienio.

“Este es un asunto que fue ampliamente abordado hace ya varios meses y sobre el cual no hay ninguna urgencia”, dice el analista Cifuentes.

Pedro Viveros, también analista político, dice que “toda democracia debe respetar la protesta” pero anota que “lo paradigmático de las convocatorias de este miércoles 27 de septiembre y los eventos en localidades de Bogotá del jueves 28 y viernes 29 para socializar el Plan Nacional de Desarrollo, es lo inoportuno de las fechas y de los convocados”.

Para Viveros, “un gobierno que llegó con la minga tomándose el país, ahora la misma minga llega para apoyar al gobierno o que eligió, entonces ese “cambio” de rol de un mismo actor social se vuelve, cuando menos, contradictorio”.

Y este experto también pone el énfasis en el hecho de que las elecciones están a la vuelta de la esquina. “A veces pareciera que el gobierno tiene únicamente como salvación electoral de las regionales, pelear la capital del país con el candidato autodefinido como oficialista”, dice.

Por su parte, Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado y analista político, dice que “las jornadas de protesta y los movimientos sociales son controversiales por naturaleza. La acción colectiva busca precisamente ser inoportuna. Polémica. Y siempre son legales y legítimas, sin excepciones”. Libreros no considera que necesariamente se afecte el equilibrio electoral pues, dice, las marchas sociales son una forma efectiva de llamar la atención de los ciudadanos y de las instituciones públicas para que las autoridades comprendan sus reclamos y respondan con soluciones de política pública.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con las reformas, Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, por su parte dice que estas movilizaciones no acelerarán el trámite. El docente señala que "A partir de este momento, es probable que se observe un ausentismo más pronunciado en el Congreso, ya que los líderes regionales y sus congresistas se movilizarán para prepararse para las elecciones regionales". 

Ahora bien, Velásquez también afirma que con estas marchas el jefe de Gobierno pretende "demostrar que su capacidad para convocar a las calles sigue siendo sólida, respaldando así la popularidad de su gobierno y manteniendo la presión sobre el Congreso para respaldar las reformas propuestas".

Pero también asegura que esto marca el inicio de la logística para las elecciones regionales. "Al convocar a la marcha, no solo se comunica el mensaje presidencial al pueblo, sino que también se insta a cada ministro, funcionario y sector afiliado al gobierno a movilizarse y aprovechar este impulso para fortalecer sus apuestas de cara a las elecciones regionales". 

Lo cierto es que sobre la mesa está también la financiación de estas jornadas. “Una cosa son las movilizaciones espontáneas, otra muy distinta son las que puedan ser patrocinadas por el gobierno nacional”, dice Cifuentes.

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No es un asunto marginal. De acuerdo con los contratos del SECOP, se dispuso de un monto de 263'109.000 de pesos para las movilizaciones. Este hace parte de un convenio más grande, el 230 de 2023 entre el Dapre y Plaza Mayor Medellín, que se ha encargado de la organización de la mayoría de eventos de la Presidencia.

Pero, ¿era necesario que el presidente Petro pusiera en su agenda estas movilizaciones?

El Pacto, es decir el movimiento político del presidente, no es un secreto, enfrenta un escenario político regional muy complicado. Una derrota casi que cantada en las principales ciudades y departamentos.

Esta situación podría poner en una fuerte crisis de gobernabilidad a Petro, revertir los apoyos que tiene en el congreso y enterrar cualquier posibilidad para las elecciones de 2026.

"Perder en Bogotá podría hacer aún más evidente esa derrota política. La ciudad donde fue alcalde, donde sacó la mayor votación en las presidenciales y donde se concentra la mayor parte del Progresismo. En ese sentido, así Bolívar no participe de las marchas, el acto de esta semana busca, tácitamente por lo menos, avivar las bases en la capital, evitar que Bolívar caiga antes de primera vuelta y mantener a Bogotá”, dice Cifuentes.

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Para los analistas el resultado de lo que se viva en estas horas en las calles solo podrá ser medido el 29 de octubre cuando se conozcan los resultados electorales. Y los organismos de control, como la Procuraduría, ya tienen el ojo puesto sobre los funcionarios que están participando en las convocatorias, para verificar que no terminen poniendo recursos del Estado al servicio de un candidato político. 

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