Con tutela buscan tumbar aumento salarial de congresistas

Hoy, casi un mes después de que el presidente Iván Duque firmó el aumento salarial para los congresistas, la polémica frente a la remuneración de los parlamentarios en Colombia no para.

En diciembre del año pasado se conoció que los congresistas recibieron un reajuste salarial del 5,2 por ciento. Este porcentaje es de 1’676.000 pesos y aumenta lo devengado por los legisladores y otros altos funcionarios de 32’741.000 a 34’417.000 pesos.

A pesar de que se ha aclarado que este aumento corresponde a 2020, el hecho no para de generar indignación e incluso algunos ciudadanos ya pasaron a la acción para frenar el aumento que recibieron los parlamentarios.

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Así lo demuestra una tutela que pretende suspender este incremento. La acción judicial fue interpuesta por el ciudadano Alberto Rodríguez Molina, quien considera que con este aumento “el señor Presidente y de los ministros menoscaban derechos fundamentales de equidad y de igualdad”.

“Ojalá el mismo congreso y el gobierno nacional presenten un proyecto de ley con llamado de urgencia corrigiendo esta inequidad y desigualdad con efectos fiscales a partir del 01-ene2021, debido a que ese ajuste del Senado, no es equitativo con el aumento de los pensionados y, del salario mínimo mensual legal vigente”, dice la tutela.

El documento agrega que “ahora, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla dice que el incremento a los congresistas es menor al incremento del salario mínimo del año 2020. Para el 2020 el mínimo aumentó en $49.687 y a los congresistas les aumentaron $1.676.000. Eso significa que no existe equidad, porque lo que se observa es un abismal y abrupto presunto abuso del poder”.

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En el documento, el accionante pide “una medida cautelar dirigida a que ordene al gobierno nacional presidente y ministros accionados, suspender el aumento del salario del 5.12% al congreso (para el año 2020), o en su defecto, que dicho porcentaje, sea el mismo al salario mínimo y a los señores pensionados de Colombia”.

En las últimas semanas, varias han sido las propuestas para congelar o disminuir la remuneración de los congresistas. Incluso, el exministro Juan Fernando Cristo le envió una carta al presidente Iván Duque en la cual le plantea que luego de un exhaustivo análisis de las normas, es evidente que sí hay cómo reducir el salario de los congresistas sin necesidad de una reforma constitucional.

De acuerdo con el exministro, las normas señalan que los gastos de representación, de localización, vivienda y transporte de los congresistas los fija el Gobierno Nacional, de conformidad con "circunstancias que los justifiquen", y no de modo automático.

No obstante, algunos parlamentarios ya tienen listo un documento que han elaborado durante los primeros días de este año con todo un arsenal no solo jurídico sino con antecedentes históricos y argumentos económicos sobre por qué el Presidente de la República no puede reducir o congelar la remuneración de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado, sino que se debe recurrir necesariamente a una reforma constitucional.

El compilado, conocido por EL TIEMPO, contiene más de diez sentencias de la Corte Constitucional en las que se asegura que, en el caso de los funcionarios públicos, "es deber del Estado conservar no solo el poder adquisitivo del salario, sino asegurar su incremento".

Una de las razones que han puesto sobre la mesa varios sectores para buscar bajar el salario de los altos funcionarios del Estado (congresistas, ministros, magistrados, entre otros) es la difícil situación económica en la que se encuentra el país. Sin embargo, el documento que es objeto de análisis en el parlamento indica que, a la luz de las sentencias de la Corte Constitucional, este argumento no es válido.

"No es argumento suficiente para desconocer el ajuste del salario a los servidores públicos la situación fiscal del país, pues esta requiere de un manejo ajustado a los ordenamientos constitucionales y de estos surge, con claridad meridiana, el deber constitucional para el Gobierno de conservar el valor real del salario, haciendo como lo determine la ley, los ajustes periódicos por inflación, así como los incrementos adicionales que se justifiquen, atendiendo los diferentes factores de orden político, social y económico", dice el documento .

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De hecho, el texto que alistan los parlamentarios recuerda que, como ya lo había dicho EL TIEMPO hace algunas semanas, en el año 2000 la Corte tumbó una parte de la ley que fijaba el presupuesto de la nación porque solo había permitido el aumento de sueldos para funcionarios que ganaran hasta dos salarios mínimos. Según la Corte, cada año se debe subir el salario de todos los funcionarios públicos, sin diferenciaciones discriminatorias.

"Si, como lo ha expresado la Corte, no es isible que se congelen los salarios dejando de hacerse incrementos periódicos que permitan asumir el deterioro de los ingresos, menos resulta aceptable que se niegue a un gran sector de trabajadores del Estado el ajuste de sus asignaciones para que al menos conserven su valor real", manifiesta el documento.

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