Salud: ¿en qué coinciden y en qué se apartan reformas de Gobierno y oposición?

La reforma de la salud radicada por el gobierno del presidente Gustavo Petro el 13 de febrero tiene competencia. Paralelo a la iniciativa presidencial, los partidos Centro Democrático (oposición) y Cambio Radical (Independiente) también llevaron al Legislativo sus propias iniciativas debido a su inconformismo con el articulado presentado por el Ejecutivo.

Pero a estas reformas podría sumarse otra presentada por los partidos Liberal, Conservador y 'la U', que este lunes le llevarían al Gobierno una serie de artículos que esperan sean acogidos porque, de no hacerlo, presentarán su propia reforma. 

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Los articulados coinciden en algunos aspectos, como el fortalecimiento de la atención primaria, pero se apartan en el futuro de las EPS, que es uno de los temas más sensibles en la iniciativa que lidera la ministra de Salud, Carolina Corcho. 

El texto del Gobierno tiene 152 artículos, mientras que los de Cambio Radical y los uribistas están compuestos por 42 y 70, respectivamente. Y la propuesta que conservadores, 'la U' y liberales está conformada por más de 40 puntos.

El futuro de las EPS se ha convertido en una de las principales manzanas de la discordia. Mientras el Gobierno transforma su funcionamiento actual, tanto la reforma del Centro Democrático, Cambio Radical y lo que ha expresado ‘la U’, los liberales y los conservadores es que se deben mejorar, acabar con su posición dominante, pero no marchitarlas ni acabarlas. 

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Por ejemplo, el Gobierno pretende quitarles sus afiliados y todas las personas a los llamados Centros de Atención Primaria (CAPS). De hecho, el proyecto plantea que durante la transición podrán hacer presencia regional y luego podrán transformarse en prestadores con la creación de CAPS. Básicamente, el Gobierno las elimina

La reforma de los uribistas habla que “todas las personas estarán afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se inscribirán en la Entidad Promotora de Salud de su elección”. Esto se traduce en que estas seguirán ejerciendo sus funciones.

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Y por los lados de Cambio Radical se habla que la coordinación de la atención individual primaria y complementaria estará a cargo de las EPS y deberá ser ejecutada por diferentes de su red. Eso sí, aclara que se deben mantener solo las EPS que cumplan con los indicadores financieros. Además, debe de haber libre elección de las entidades, contrario a lo planteado por el Ejecutivo.

En el caso de la propuesta de los tres partidos, las EPS se llamarán ‘Gestoras de Salud y Vida’ y seguirían conservando afiliados, eso sí priorizando, como lo propone el Gobierno para todo el Sistema, una atención “altamente resolutiva en el nivel primario o básico, cercana, centrada en el y el lugar donde reside y trabaja, por encima de las consideraciones del mercado”. En esa atención primera entrarían a jugar un papel básico los CAP (Centros de Atención Primaria) que propone el Gobierno.

No coinciden con el Ejecutivo en que las personas no tendrían que empadronarse y aceptar ser atendidos en el lugar que disponga el Gobierno, sino que los s “tendrán derecho a elegir libremente la Entidad Gestora de Salud y Vida de su preferencia, dentro de la oferta disponible en la respectiva región”.

La eliminación de la integración vertical es uno de los puntos en los que coincide el gobierno con varios sectores, lo cual se haría con mayores controles.

Los proyectos de Centro Democrático y Cambio Radical establecen una supervisión de conglomerados empresariales del sector dando dientes a la Superintendencia Nacional de Salud.

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Asimismo, la colectividad que lidera Germán Vargas Lleras, quien esta semana radicó la iniciativa en la Cámara de Representantes, busca articulación con la Dian para que haya mejores medidas persuasivas y sancionatorias.

De otro lado, el expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo, habla de “exigir por medio de una reforma legal que la integración vertical se reduzca gradualmente en un porcentaje de 10 por ciento cada año según el plan que presente cada EPS con el correspondiente control y vigilancia de la superintendencia de salud fortalecida”. En sus propuestas, también eliminan la posibilidad de la integración vertical. 

A través de los CAPS el Gobierno busca mejorar la atención primaria en espacios de atención distribuidos por cada 25.000 habitantes. Se busca que un ciudadano se acerque al CAP más cercano a su hogar para ser atendido y, si es necesario, serán remitidos a centros hospitalarios de alta o mediana complejidad, bien sean públicos, privados o mixtos que hagan parte de su red. 

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Con este modelo coincide un poco Cambio Radical, que plantea la Atención Integral Primaria en Salud (APS) con enfoque familiar y comunitario. El partido señala que toda persona estará adscrita a un prestador primario y a un médico con enfoque de familia de su libre elección y ubicada cerca de su trabajo o residencia.

Y el Centro Democrático también habla de fortalecer ese primer encuentro entre el paciente y el sistema, pues plantea centros con equipos básicos para resolver la mayoría de las necesidades de la población: medicina y odontología general, especialidades básicas como medicina familiar, medicina interna, pediatría, ginecología. Y estos realizarán remisiones cuando se trate de casos complejos y desde ellos se realizarán las remisiones para la atención.

El fortalecimiento de la atención primaria también es bien vista por los demás partidos. De hecho, en una reciente columna de opinión, Dilian Francisca Toro afirmó que este punto es uno de los “importantes avances” el proyecto.

"La gestión e intervención positiva sobre los determinantes sociales de la salud, se realizarán a partir de las acciones sectoriales, articuladas, coordinadas y efectivas de conformidad con el artículo 9 de la ley 1751 de 2015", se lee en el articulado que llevarán al Gobierno los tres partidos. 

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El Gobierno plantea que no haya intermediarios en la istración de recursos, sino que serán manejados por la a de Recursos de Salud (Adres). Allí llegarán todos los dineros de la salud y girará directamente los dineros a los hospitales, clínicas y consultorios. Esto ha sido calificado por algunos sectores como una estatización del sistema.

Cambio Radical, por su parte, propone crear el Fondo de Garantías del Sector Salud, el cual será una entidad desentralizada adscrita al Ministerio de Salud, con personería jurídica, autonomía istrativa, presupuestal y patrimonio independiente. Esta, además, será vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud.

De otro lado, el uribismo plantea que la Adres, en nombre de las EPS y demás entidades, haga el giro directo de los recursos a los regímenes contributivo y subsidiado destinadas a la prestación de servicios de salud, así como a las instituciones y entidades que presten los servicios.

Liberales, conservadores y 'la U' plantean que la Adres consigna directo a IPS y farmacéuticas y las Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGVIS) se encargan de auditar. 

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Los proyectos ya radicados, así como la propuesta de los liberales, conservadores y 'la U', coinciden en que es necesario mejorar las condiciones laborales del personal de la salud.

Por ejemplo, la iniciativa del Gobierno plantea la formalización de los trabajadores de la salud, así como la creación de un régimen laboral especial para quienes no hagan parte del sector público. Este régimen se crearía a través de unas facultades especiales que se le otorgarían al jefe de Estado.

Centro Democrático, por su parte, prohíbe “cualquier forma de vinculación del talento humano del área de la salud que permita, contenga o encubra prácticas o facilite figuras de intermediación o tercerización laboral”. Cambio Radical también prohíbe en su articulado la tercerización en su articulado.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA