Rechazo de la Policía a la reforma que tramita el Congreso

Cada vez que se conocen casos de abuso de la fuerza de de la Policía, como los que se han visto en las manifestaciones por el paro, vuelve la discusión sobre la necesidad de impulsar reformas a la institución.

En el Congreso ya hace trámite una iniciativa que modifica algunos de los protocolos de la Policía y prohíbe el uso de maniobras como estrangulamiento y la utilización de escopeta calibre 12 –la que usó un agente del Esmad en la muerte del joven Dilan Cruz– por parte de los uniformados.

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Para este debate, el Legislativo pidió un concepto de la Policía, documento que al fin llegó. El texto, firmado por el director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas, y conocido en exclusiva por EL TIEMPO, rechaza la mayoría de los artículos del proyecto e indica que “se usan expresiones contrarias a la misión constitucional de la Policía”.

Por ejemplo, frente a los artículos que buscan prohibir que los uniformados acudan a la “maniobra de estrangulamiento” en su actividad, así como los que hacen referencia al “abuso en la actividad de policía”, la Policía indica que estos conceptos “poseen un carácter subjetivo, que pueden derivar en la discrecionalidad”.

Uno de los puntos más polémicos del documento es el que se refiere al uso de las armas cinéticas, entre las que está la escopeta calibre 12. Mientras el proyecto propone prohibir el uso de estas armas en las protestas, la Policía indica que estas se deben usar “cuando las situaciones sean violentas y atenten contra la seguridad”, y agrega que “la violencia y el vandalismo no son parte de la protesta”.

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La Policía también hace reparos al artículo que restringe el uso de “dispositivos de control eléctrico” (como las pistolas taser) en sus procedimientos. “En el marco de los derechos humanos, el uso de dispositivos eléctricos constituye un medio cuando se vean involucradas la vida e integridad del personal uniformado y de las personas”, dice el documento.

Sobre la disposición que busca que, con el fin de prevenir el abuso sexual, siempre que se detenga a una mujer y se traslade a dependencias oficiales “debe haber acompañamiento de personal femenino de la Policía”, el documento señala que “la capacitación del personal uniformado se encuentra enmarcada en el respeto de los derechos humanos (…). En caso de que el servidor público incurra en delitos, le serán aplicadas las normas disciplinarias y penales”.

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El proyecto también busca establecer una cátedra obligatoria “del uso de la fuerza y sus implicaciones”, a lo que la Policía respondió que “la doctrina y protocolos empleados en el proceso de formación cumplen con el marco normativo que regula el uso de la fuerza”.

Sobre estos reparos, el congresista Inti Asprilla, autor del proyecto, señaló que lo que se busca es sancionar algunas conductas en el régimen disciplinario de la Policía, pues “el uso de elementos de dotación con que cuenta la Fuerza Pública no puede servir para infligir tratos crueles, inhumanos y degradantes a la población”.

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