Abecé de la ley 'chao marcas', que mandatarios y gobernadores locales deberán aplicar

Los nuevos alcaldes y gobernadores no podrán invertir millones de pesos de recursos públicos para posicionar sus propias marcas de gobierno.

Desde ahora, gracias a la Ley 2343 del 2023, que el presidente Gustavo Petro sancionó en los últimos días, se implementará una sola imagen que deberá ser usada por todos los mandatarios locales que recién a sumieron y otras instituciones del Estado como la misma Presidencia de la República.

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“Se implementa el Manual de Identidad Visual de las entidades estatales, se prohíben las marcas de gobierno y se establecen medidas para la austeridad en la publicidad estatal”, señala la norma impulsada por la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien venía insistiendo durante los últimos días en la necesidad de sancionar esta ley a propósito de la llegada de los nuevos mandatarios locales, quienes iniciaron sus funciones el 1.º de enero.

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La Ley busca, además, que no se pierda la identidad institucional y promover la austeridad, ya que en cada gobierno se invierten millones en publicidad y cada istración tiene un color específico muchas veces según el partido político por el cual fue electo, por lo que también se gastan millones en elementos como chaquetas, gorras, avisos, entre otros.

Solo por poner dos ejemplos, en Bogotá cuando Gustavo Petro –hoy jefe del Estado– fue alcalde se promovió la ‘Bogotá humana’ mientras que su sucesor, Enrique Peñalosa, promovió la ‘Bogotá mejor para todos’. Ambas marcas tenían diferentes colores distintivos, así como logos.

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“No más despilfarro, no más inversión en cada municipio, departamento, Presidencia, que al comenzar el mandato se cambian todos los colores (...). Se deben utilizar los colores de la bandera del respectivo municipio y se acaban los apellidos. Ya no será ‘Valledupar alegre’ y a los cuatro años Valledupar soleada’. No, Valledupar”, explicó Lozano cuando se aprobó la Ley a finales del 2023 y dijo que según estudios académicos solo en Bogotá entre 2004 y 2019 se invirtieron 360 millones de dólares en cambios y posicionamiento de marca de cada gobierno.

No solo la norma está dirigida al Gobierno Nacional y a las alcaldías y gobernaciones. También aplica para todas las dependencias de estas istraciones, las superintendencias, las unidades istrativas especiales y los establecimientos públicos.

Asimismo, para las Fuerzas Militares y de Policía, concejos, asambleas y el Congreso de la República, así como la rama judicial, la Fiscalía y los órganos de control.

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En conclusión, la Ley deberán seguirla todas los organismos y dependencias del Estado a los que la Constitución o la ley les encomiende el ejercicio de funciones públicas.

Pero no aplica para “las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado societarias y no societarias, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades descentralizadas creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea la realización de actividades industriales o comerciales”, explica la senadora de la Alianza Verde en un documento sobre la norma.

Las entidades para las que está dirigida la norma tienen seis meses para ajustar la identidad visual y deben adoptar un Manual de Identidad Visual.

“Este es un documento que contiene los elementos esenciales de la identidad estatal. Dentro del mismo aparecen la marca, el color institucional, las aplicaciones visuales y recomendaciones para el uso de la identidad”, complementa el documento.

Sin embargo, Lozano lanzó ayer una advertencia y es que la Ley todavía no se puede aplicar porque no está publicada en el Diario Oficial.

“El viernes 5 de enero conocimos la sanción presidencial de ‘chao marcas’ del 30 de diciembre... pero aún no ha sido publicada en el diario oficial... la última edición del Diario Oficial fue el 24 de diciembre. Rige solo a partir de publicación”, dijo la congresista.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA