Las movidas para radicar la nueva reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿será ordinaria o estatutaria?

Esta misma semana podría llegar al Congreso la nueva reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero más allá de la discusión alrededor del articulado que ha venido concertando el Ejecutivo con las bancadas y con el sector salud, hay un punto en el cual no hay consenso.

Todavía el Gobierno no define si se le dará un trámite ordinario o estatutario al proyecto, que fue la primera polémica del texto radicado en febrero del 2023, que finalmente hundió la Comisión VII del Senado en abril del presente año.

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Precisamente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, conformó ayer, tras una reunión con la bancada de Cambio Radical, que también presentó una reforma de la salud, que se sigue evaluando la posibilidad. “Estamos haciendo evaluación en el Gobierno si finalmente sí se radica como ley estatutaria o como ley ordinaria. En cualquiera de los dos casos, hay elementos que nos acerca, el giro directo, la territorialización del servicio, el fortalecimiento de las prevención en salud. Esperamos tomar esa decisión en los próximos días y seguir buscando consensos”, dijo el jefe de la cartera política.

Fuentes bien enteradas le confirmaron a EL TIEMPO que cada vez toma más fuerza el trámite ordinario. Si bien hace unas semanas la balanza se inclinaba por el estatutario, varias voces del sector salud le habrían pedido a la Casa de Nariño que reconsiderara esa decisión. ¿La razón? Una vez el Congreso aprueba una ley estatutaria, esta no va al despacho del Presidente para su sanción, sino que deben pasar por previa revisión de la Corte Constitucional. Esto podría significar que aunque la reforma se apruebe en diciembre de este año, por poner un ejemplo, solo hasta comienzos del 2026, aproximadamente, el jefe de Estado podría sancionarla. Si es que se le da el visto bueno.

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El cálculo anterior se hizo teniendo en cuenta la decisión que tomó el alto tribunal con el Código Electoral la semana anterior. El Congreso lo aprobó en junio del 2023 y la Corte lo tumbó la semana anterior.

Por tal motivo, el mensaje que le habrían dado al Gobierno algunos representantes del sector es que el sistema no da espera hasta finales del 2025 o comienzos del 2026. Y el llamado habría tenido eco en el Ejecutivo.

Además, en cuanto a los cálculos políticos, el trámite estatutario es más complicado, ya que se necesita mayoría absoluta y el primer y tercer debate se da en comisiones primeras, donde el Gobierno no tiene unas mayorías claras. De hecho, es en esa célula legislativa de Senado ha sufrido varias derrotas, como cuando perdió la presidencia para la segunda legislatura. Mientras que la ley ordinaria se tramita por las séptimas y si bien la de Senado ya hundió la ley una vez, es más factible llegar a un consenso con esa célula legislativa.

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Y los defensores de la reforma insisten en que debe ser una ley ordinaria. “Debe tramitarse por séptimas porque lo que está en crisis en el sistema no es la concepción y el núcleo fundamental que da origen a la ley estatutaria de salud que define el derecho a la salud como un derecho fundamental. El problema del asunto es la manera en que se están manejando los recursos, la istración de los servicios de salud. Es un enorme error que el Gobierno esté pensando en radicarla por comisiones primeras porque sería abrir un boquete, una oportunidad de asociar el derecho a la salud a la prestación de servicios, que es lo que históricamente han buscado las EPS”, opinó la representante Martha Alfonso, ponente de la iniciativa que se hundió.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política