La reacción de los partidos políticos a las críticas que ha recibido el modelo de participación pactado con el Eln dentro del proceso de paz

A través de una carta dirigida Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno, y a Luciano Sanín, secretario del Comité Nacional de Participación representantes de estos gremios dijeron que se estaría aprobando “algo que sobrepasa sus funciones y que tiene un sesgo”, pues, agregan, su “voz no ha sido escuchada ni tenida en cuenta”.

En la carta, los voceros de los gremios manifiestan que es con la aprobación del Congreso que se pueden “tomar decisiones en temas como el modelo democrático; propiedad, uso y tenencia de la tierra; o el sistema electoral”, y no a partir de procesos impulsados desde el Poder Ejecutivo, por lo que le piden a la delegación de paz del Gobierno dar claridad sobre el alcance de ese punto.

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Sobre esto, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expuso que "el Gobierno Nacional no está en posición de negociar modelo político y económico, eso le corresponde a reformas constitucional legales y es el Congreso el competente, tal como sucedió con las Farc".

Y agregó: "Las gabelas que dio el gobierno de Gustavo Petro, hoy los negociadores del Eln buscan una mejor concesión poniendo en riesgo la estabilidad del país y la vida de los colombianos".

En esa misma línea crítica se manifestó la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda: “Preocupa que las recomendaciones de los gremios no se estén teniendo en cuenta y que, por el contrario, los mecanismos que se incluyen puedan terminar siendo contrarios a las instituciones y la Ley. El proceso de paz es, sin duda, una necesidad para Colombia, pero este debe hacerse bajo los lineamientos constitucionales”, comentó.

En cuanto al representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, este fue más severo y aseguró que el modelo de participación corre el riesgo de convertirse en una especie de “constituyente”.

“Es una instancia por la que nadie votó, que difícilmente pueden ser conocidos sus detalles en los que se está tratando o buscando modificar el orden político y el régimen económico de Colombia. Es la sustitución de la Constitución disfrazada de acuerdos de paz”.

El documento al que hacen mención los gremios es el borrador del modelo de participación, en el cual se define la hoja de ruta para la participación, aspecto que ha sido llamado por los negociadores de paz como “el corazón del proceso”.

El documento fue firmado por Bruce Mac Master (Andi), Natalia Gutiérrez (Acolgen), Juan Camilo Mariño (ACM), Frank Pearl (A), Germán Arce (Asofiduciarias), Jorge Bedoya (SAC) y Julián Domínguez (Confecámaras).

Estos expresaron la preocupación por los denominados “ejes de las transformaciones”, punto que incluye discusiones en torno al régimen político, al modelo económico y a la situación ambiental. Propone, por ejemplo, crear una “democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano”, reformar la actuación de la Fuerza Pública, un rediseño institucional, implementar el Acuerdo de Escazú, un debate en torno a la propiedad, uso y tenencia de la tierra y la eliminación y transformación de economías ilegalizadas y del narcotráfico, entre otros temas.

Para los gremios, el que se hayan trazado líneas tan específicas en esta fase del proceso excede el alcance que se planteó inicialmente.

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“(...) su propósito nunca fue determinar una agenda. Esto excede sus competencias, y genera un serio manto de duda sobre la legitimidad de una participación (...) pues un organismo que no tiene competencias constitucionales está generando una agenda de reformas estructurales”, sostienen.

El senador y negociador de paz Iván Cepeda afirmó en diálogo con este diario que no piensan vulnerar principios constitucionales. "La delegación de Gobierno se apega a la Constitución, y esto lo ha dicho de múltiples formas, incluso en una carta que le dirigimos al Consejo Gremial. Lo hemos dicho públicamente, tenemos como principio que no se vulneren los principios constitucionales, del Estado de derecho y por supuesto de la división de poderes públicos".

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ - REDACCIÓN POLÍTICA