Alias Jesús Santrich, uno de los antiguos jefes de las Farc que traicionaron la firma de la paz y volvieron a la guerra y al narcotráfico, terminó su carrera criminal en mayo de 2021, cuando un comando aún no identificado lo asesinó en su refugio en territorio venezolano. Casi dos años después, el país se ve sorprendido por una indagación que, según varias fuentes, no desmentidas hasta ahora, fue ordenada por el propio Gobierno y pretende, supuestamente, establecer si las Fuerzas Militares colombianas tuvieron que ver con el violento final de ‘Santrich’ y otros de los capos de la disidencia conocida como ‘Nueva Marquetalia’.
Los generales (r) Eduardo Zapateiro y Luis Fernando Navarro recibieron un cuestionario del Comando General de las Fuerzas Militares con preguntas dirigidas a establecer si ellos y el expresidente Iván Duque ordenaron o tuvieron conocimiento de la planeación del ataque contra ‘Santrich’, criminal buscado por las justicias de EE. UU. y Colombia y sobre cuya cabeza pesaba una millonaria recompensa.
El Ministerio de Defensa ha confirmado que la indagación sí existe, pero afirma que no está dirigida contra nadie en particular. Y ni el ministro Iván Velásquez ni los comandantes de FF. MM. y Ejército han atendido las solicitudes para hablar formalmente del caso.
La transparencia es el camino ante un caso que toca a la inteligencia y la seguridad nacional, de lo contrario se enviaría un mal mensaje.
Es un asunto delicado. Sorprende que el Gobierno, que debe defender los intereses del Estado, esté promoviendo un proceso de esa índole, sobre el cual son necesarias las precisiones públicas respecto de quién lo habría ordenado y con qué objetivo específico.
Otro elemento para anotar es que la revelación coincide con las preocupaciones expresadas desde Estados Unidos sobre la posibilidad de que se esté compartiendo información sensible y de inteligencia con el régimen de Nicolás Maduro.
‘Jesús Santrich’, como ocurrió en su momento con ‘Raúl Reyes’, utilizó la táctica del refugio al otro lado de las fronteras para desde allí seguir atacando a los colombianos. Y lo que conocen las autoridades en nuestro país, gracias a información de inteligencia –porque las venezolanas siempre negaron que estuviera escondido en su territorio–, es que cayó en medio de las disputas entre los muchos grupos ilegales colombianos, todos ellos completamente metidos en el narcotráfico, que campean en la nación vecina con la anuencia del régimen.
Extraña, además, la falta de interés del Gobierno y de su ministro de Defensa por requerir a sus pares venezolanos para que ese territorio deje de ser plataforma de los violentos y del narcotráfico, en desmedro de la seguridad colombiana y de toda la región.
El Gobierno Nacional debe dar total claridad sobre esa indagación. La transparencia es el mejor camino ante las serias inquietudes que están sobre la mesa. De lo contrario, muy mal mensaje se envía a la nación y a los de la Fuerza Pública –miles de los cuales han dado sus vidas para proteger a todos los colombianos– con opacas iniciativas, que parecen encaminadas a reforzar la narrativa de que los criminales que tantas vidas y tanta destrucción le han costado a Colombia son las víctimas.
EDITORIAL