Las cifras de la salud

Hace una semana la Contraloría General de la República dio a conocer un informe sobre el estado financiero del sector de la salud en Colombia, que entrega un parte a todas luces alarmante. Según el reporte, un conjunto de 26 EPS adeuda 25 billones de pesos a los demás eslabones de la cadena y la gran mayoría no cumple con los requisitos de solvencia necesarios para operar.

De inmediato, los promotores de acabar con el esquema vigente utilizaron la información para decir que esto confirma la necesidad de hacer un cambio sustancial. En particular, se multiplicaron los llamados para que el Senado le dé luz verde al proyecto de reforma de la salud presentado por el Gobierno, que ya fue votado a favor en la Cámara durante la legislatura pasada.

Sin embargo, más allá de la algarabía, vale la pena hacer un examen juicioso de lo dicho por el ente de control. Salta a la vista que existe una enorme discrepancia en las cifras, sobre todo con las presentadas hace unos meses por la Superintendencia de Salud. Al punto de que el expresidente César Gaviria llegó a describir el informe de la Contraloría como “superficial y ligero”.

Debido a ello, lo que procede es que, independientemente de las posturas de unos y otros, haya una labor técnica que sirva para aclarar y no para confundir. Así como un médico no se atrevería a recomendar un tratamiento a partir de diagnósticos contradictorios, aquí lo que procede es una labor profesional que consiste en mirar contabilidades y llegar a números certeros.

En buena hora Acemi, el gremio que reúne a las once EPS más importantes del país, propuso una mesa de trabajo cuya finalidad es unificar los datos que utilizan las entidades gubernamentales, la academia y el sector privado. Guarismos fiables son la base fundamental de cualquier política y más en un área que involucra el bienestar de la población. Mientras ello ocurre, sería ideal que los encargados de tomar decisiones entiendan la necesidad de preservar un esquema que atiende a cientos de miles de personas cada día y que cualquier transición a un nuevo modelo, en caso de que así lo decida el Congreso, debe ser lo más ordenada posible.

Por eso, tiene sentido reflexionar sobre la intervención del presidente Gustavo Petro el viernes, durante el acto de posesión de varios funcionarios, cuando dio la instrucción de poner en marcha el modelo preventivo de salud que propone el Gobierno “en las EPS que ya controlamos”. Aunque es necesario tener un adecuado sistema preventivo, algo que genera consenso, en este caso actuar con precipitud añade complejidades imprevistas a entidades que en conjunto cuentan con más de 18 millones de s. Además, desconoce que estas no son apéndices de la política oficial y –como sucede con la Nueva EPS– el Estado tampoco es el dueño mayoritario.

A eso se añade la declaración del mandatario sobre una supuesta desviación de las dosis de insulina hacia tratamientos para reducir peso, todo en medio de la escasez del producto para los pacientes con diabetes. Una afirmación que ha sido controvertida por expertos que no le ven asidero fáctico y científico. Así se pone otra vez de presente la urgencia de que todas las discusiones sobre la salud tengan precisión y rigor técnico. Algo que para el caso de las cifras financieras del actual sistema bien puede ser un primer paso que fortalezca el debate.

EDITORIAL