La reforma laboral en Colombia ha sido un tema de debate recurrente. Nadie duda de su necesidad, pues el mundo del trabajo ha cambiado radicalmente en los últimos años. Sin embargo, ¿es este el cambio que realmente garantizará estabilidad para los trabajadores sin frenar la generación de empleo?
Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer el contrato a término indefinido como la regla general de contratación. Sobre el papel, parece un avance en materia de estabilidad, pero ¿qué impacto tendrá en la dinámica empresarial? La propuesta busca reducir el uso de contratos temporales, limitando la renovación indefinida de los contratos a término fijo y ajustando la duración de los contratos por obra o labor. Esto, sin duda, protege al trabajador.
Actualmente, muchas empresas recurren a contratos a término fijo como una estrategia para gestionar la incertidumbre económica y la variabilidad en la demanda de sus productos o servicios. Bajo la nueva propuesta, estos contratos no podrán superar los cuatro años y, si no cumplen ciertas condiciones, se convertirán automáticamente en contratos indefinidos. La intención es clara: evitar la precarización laboral. Sin embargo, la Corte Constitucional y la Corte Suprema han señalado que los contratos temporales no atentan contra la estabilidad laboral si se respetan los derechos fundamentales del trabajador. Entonces, ¿es necesario restringir su uso o más bien fortalecer mecanismos de supervisión para evitar abusos?
Asegurar condiciones dignas para los trabajadores es fundamental, pero si las reglas desincentivan la contratación formal, podríamos terminar con un efecto contrario al deseado.
En cuanto a los contratos por obra o labor, la reforma exige que se formalicen por escrito y se ajusten estrictamente a la duración del proyecto. Esto supone un avance en términos de claridad contractual, pero también podría representar mayores desafíos istrativos y costos adicionales para los empleadores. Además, si una empresa necesita mantener a un trabajador en distintos proyectos sucesivos.
Otro punto clave es la exigencia de un preaviso de 30 días cuando un trabajador decida renunciar. Aunque no habrá sanciones por incumplirlo, esto podría generar incertidumbre en las empresas y dificultar la planeación de recursos humanos.
Entonces, ¿esta reforma realmente logrará un equilibrio entre la estabilidad laboral y la flexibilidad empresarial? Asegurar condiciones dignas para los trabajadores es fundamental, pero si las reglas desincentivan la contratación formal, podríamos terminar con un efecto contrario al deseado: menos empleo y más informalidad.
El debate está abierto. ¿Estamos ante una reforma que fortalecerá el mercado laboral o ante una propuesta que, en su intento por proteger, terminará generando nuevas barreras para la empleabilidad? ¿Está el país preparado para esta reforma laboral?
* Docente de Derecho del Politécnico Grancolombiano